A casi dos décadas de la sanción de la Ley 26.160, que suspendía los desalojos de comunidades indígenas mientras se realizaba el relevamiento territorial, la situación de las comunidades mbya guaraníes en Misiones continúa sin resolverse.
Tras la derogación de la última prórroga de esa norma en 2024, el reciente desalojo de familias de la comunidad Puente Quemado II volvió a poner el tema en el centro del debate.
El relevamiento territorial comenzó en Misiones en 2008 y, de las 127 comunidades previstas inicialmente, se relevaron unas 110, aunque actualmente existen más de 138 comunidades registradas. Sin embargo, el proceso quedó inconcluso: solo 50 comunidades cuentan con carpeta técnica aprobada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y, de ellas, apenas 15 obtuvieron el título de propiedad de las tierras que ocupan.
El director provincial de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez, explicó que la Provincia trabaja junto al Gobierno nacional para avanzar en la regularización de las 35 comunidades que ya poseen carpeta técnica, mediante un convenio que permitiría financiar los trabajos de mensura necesarios para la titularización.
Actualmente, la situación de las comunidades se divide en tres grupos: 50 tienen carpeta técnica aprobada, otras 60 fueron relevadas pero sus carpetas nunca fueron avaladas por el INAI y 17 ni siquiera llegaron a ser relevadas.
Rodríguez señaló que existe una confusión respecto al alcance de la Ley 26.160, ya que el relevamiento territorial no otorga automáticamente el título de propiedad, sino que constituye un paso previo para avanzar en ese proceso.
El caso Puente Quemado II
La comunidad Puente Quemado II, ubicada en jurisdicción de Garuhapé, fue escenario del primer desalojo ordenado tras la caída de la vigencia de la Ley 26.160. La medida fue dispuesta por el juez de Instrucción de Jardín América, Ricardo Sena, pese a que el Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes habían impulsado una instancia de mediación entre las partes.
Según el director de Asuntos Guaraníes, el organismo tomó conocimiento del procedimiento a través del cacique de la comunidad y aseguró que no fue notificado previamente por la Justicia.
También indicó que habían solicitado acceso al expediente sin obtener respuesta.El funcionario consideró que son bajas las posibilidades de que otros jueces adopten medidas similares, ya que habitualmente estos conflictos se abordan mediante mesas de diálogo y consenso entre las partes.
Nueva mesa de diálogo
En el marco del proceso de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), el Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes realizaron una nueva mesa de trabajo con integrantes de la comunidad Puente Quemado II, representantes del Consejo de Caciques, el INAI, el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA), la empresa Arauco Argentina SA, la Municipalidad de Garuhapé y el Centro Judicial de Mediación (CeJuMe).
Como resultado del encuentro, se acordó ejecutar obras para garantizar el acceso al agua potable mediante la perforación de un pozo y la instalación de paneles solares que permitirán alimentar las bombas de extracción y brindar energía eléctrica a las 14 familias de la comunidad.
Además, se fijó una nueva reunión para el 7 de agosto, en la que participarán representantes del Poder Judicial, la Policía de Misiones, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Gobierno, la Municipalidad de Garuhapé, la parte propietaria del inmueble, el Consejo de Caciques y un intérprete, con el objetivo de continuar el proceso de mediación tras el desalojo.
Fuente: Primera Edición.
