Las imágenes recorrieron el mundo con la velocidad contemporánea. Migrantes marroquíes -unos 60 mil, según estimaciones oficiales- intentando alcanzar Ceuta -ciudad que con sus 18.5 kilómetros cuadrados tiene escala de municipio pequeño-, por tierra y por mar; agentes de la Guardia Civil desplegados sobre espigones y playas; personas deambulando en búsqueda de satisfacer necesidades básicas; decenas de muertos y desaparecidos. El presidente del gobierno Pedro Sánchez calificó la situación como “ataque a la integridad territorial” española. Se anunció la vuelta a la normalidad, con la cooperación de Marruecos y el retorno de gran parte de quienes cruzaron. Pero¿qué reveló realmente la crisis de Ceuta sobre la Europa de hoy?
En este enclave español, conviven la historia y el derecho. Es una frontera exterior de la Unión Europea metida en África, una posesión reclamada por Marruecos y un punto de presión migratoria del Mediterráneo occidental.
La crisis es el síntoma visible de tensiones hemisféricas, comunitarias, intergubernamentales y nacionales.
Sánchez denunció la falta de solidaridad de varios gobiernos europeos y reclamó una respuesta común. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, respaldó a España recordando que Ceuta constituye una frontera exterior de la Unión y como tal debe protegerse conjuntamente. Pero Italia cerró sus fronteras y, acompañada por Dinamarca (nucleando a 22 estados de la UE), impulsó una reunión extraordinaria de ministros del Interior, retomando su postura de endurecimiento de la política migratoria.
Cuando Francia, Alemania Occidental, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo firmaron el Acuerdo de Schengen en junio de 1985, no estaban aboliendo fronteras, sino generando mecanismos de cooperación que trasuntaran confianza recíproca. Se suponía que todos protegerían con igual eficacia la frontera exterior común, compartirían información policial, armonizarían los controles migratorios y actuarían con lealtad institucional frente a desafíos comunes.
Durante décadas ese modelo pareció consolidarse, ampliándose a otros estados y permitiendo que millones de personas cruzaran de país a país prácticamente sin advertirlo. Decir“Schengen” era decir integración europea.
Pero en el siglo XXI, con el aumento de movimientos radicales (como los “antiglobalización”) y los atentados del 11-S en las Torres Gemelas (Nueva York) y del 11-M en Atocha (Madrid), se aplicaron suspensiones específicas en eventos como cumbres presidenciales o competencias internacionales. En la segunda década del siglo, se agregan cierres largos por buena parte de los países más importantes del espacio, ante las crisis migratorias de 2015 y 2016 (solicitantes de asilo provenientes de Oriente Medio y África) y las amenazas terroristas (atentados en Francia durante 2015, también Bélgica y Alemania en 2016).
En 2020-2021, la pandemia determinó el cierre masivo de las fronteras y el bloqueo del libre tránsito. Entre 2022 y 2024, muchos países restringieron unilateralmente el paso fronterizo y reintrodujeron aduanas por la persistencia de la migración ilegal, una guerra a la vuelta de la esquina (entre Rusia y Ucrania) y las amenazas por atentados. Bruselas respondió estableciendo plazos máximos para controles internos, instrumentando la digitalización de la entrada y salida de fronteras y la Comisión (el organismo comunitario que “piensa como Europa”) exigió este año menos controles a países como Alemania, Italia, Suecia o Francia.
Las sucesivas crisis determinaron que la excepción se convirtiera en lo habitual.
Ceuta reintroduce esa discusión. Si una frontera pertenece a toda la Unión Europea, pero la primera respuesta es nacional ¿Hasta dónde llega realmente (en lo jurídico e institucional) la solidaridad comunitaria?
La frontera sur de la Unión Europea no puede administrarse sin Marruecos. Se firmaron tratados en 1991y 2000, a los que se suman los acuerdos de devolución expresa o “en caliente”. Está vigente un presupuesto de 1.150 millones de euros (hasta 2027), más la aplicación de fondos específicos para el control migratorio yequipamiento. Marruecos se compromete al despliegue de fuerzas militares, cooperación policial e inteligencia y colaboración con la guardia europea de fronteras y costas (Frontex).
Pero amén de estos instrumentos, Ceuta es un flanco. Su estabilidad depende, en una medida decisiva, de la voluntad real de cooperación de Rabat con Madrid y Bruselas.
Marruecos ya no ocupa el lugar internacional que tenía veinte años atrás. El reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental, la consolidación de sus relaciones con Israel, la creciente cooperación militar con ambos estados, el acercamiento de varios socios europeos (entre ellos su antigua protectora, Francia) y su condición de actor indispensable para la estabilidad del Mediterráneo occidental fortalecieron su capacidad de negociación. Y en ese contexto, hasta el quietismo marroquí en las horas más complejas de este episodio adquiere significado. No hace falta imaginar conspiraciones.La geopolítica rara vez funciona así.
España, cuyo gobierno acumula dificultades en lo interno (con varios frentes abiertos) y externo (particularmente por la distancia que Sánchez tomó en relación al rearme europeo impulsado por la OTAN), necesita estabilidad con Marruecos para garantizar la seguridad de Ceuta y Melilla (no sólo por la relación económica sino también por tráfico de personas y narcotráfico). También para convencer a sus socios de que Ceuta es una frontera europea.
Sánchez denunció una actitud «egoísta» de pares europeos, no recíproca con el compromiso español en casos similares. La discusión reaviva una tensión que el Brexit (2016) anticipó en otro plano: la integración europea no sólo no es irreversible, sino que dejó de progresar.
En las playas africanas de Ceuta se pone a prueba la confianza entre los Estados europeos; se mide la eficacia de Schengen; se verifica hasta dónde llega la solidaridad y se advierte la gravitaciónde actores externos. El episodio no decide la suerte de Europa. Pero concentra preguntas incómodas para el proyecto comunitario.
Cuarenta años después de Schengen, Europa sigue confirmando que las fronteras nunca desaparecen. La integración, no descansa sólo en el derecho y los discursos.
