A contrarreloj, el Gobierno nacional aceptó ayer ofrecer a los aliados nuevos retoques al proyecto que modifica la Ley de Tierras a cambio de votos para obtener la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el jueves próximo en el Senado. La principal concesión se encuentra en los límites a la adquisición de terrenos por parte de extranjeros, que el Gobierno de Javier Milei pretendía liberar sin ningún tipo de restricciones, pero ahora establecería un límite del 25% a nivel provincial. Los especialistas alertan por la letra chica.
Quince versiones distintas
La letra del proyecto ya había sido retocada unas 15 veces, pero hasta este lunes el texto mantenía el principio de liberalización absoluta para la venta de tierras rurales a manos extranjeras, eliminando el tope del 15% del territorio nacional que impone la normativa vigente, la actual Ley 26.737. Ahora, la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, recibió la autorización oficial para ofrecer a los gobernadores y legisladores aliados una propuesta más laxa que la actual, con un techo de extranjerización del 25%, que sólo alcanzaría a nivel provincial.
Según los trascendidos, también acordó un sistema de doble conformidad para la autorización de ventas de tierras a extranjeros, requiriéndose la habilitación tanto de la provincia donde se encuentra el inmueble como del Estado nacional. De esta manera, según reflejan los últimos borradores que empezaron a circular por los despachos de los senadores, el Gobierno dejaría atrás la idea de eliminar todo límite a la extranjerización de tierras.
Los especialistas alertan, sin embargo, que la propuesta establece un tope solo a nivel nacional y provincial, sin decir nada de los departamentos, donde se juega la verdadera batalla contra la extranjerización de la tierra.
Críticas de las organizaciones
El borrador que comenzó a circular por Whatsapp establece la “prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia”. La propuesta no dice nada de los límites a nivel departamental o local, como sí lo hace la actual Ley 26.737, sancionada en 2011, que establece el límite del 15% a nivel nacional, provincial y departamental, ya que su objetivo fue frenar la extranjerización en zonas estratégicas específicas. Es decir, aquellas que cuentan con recursos hídricos o minerales estratégicos, están en zona de frontera o a la vera de una vía navegable fluvial o marítima.
“La nueva redacción es engañosa y no cambia nada”, advirtió Pablo Volkind, coordinador del Observatorio de Tierras, espacio que fue creado con la ley de 2011 con el objetivo de hacer un seguimiento de la extranjerización de las tierras a nivel nacional. “Hoy en día no hay ninguna provincia que supere el 15% que fija la ley. Las que tienen mayor porcentaje de extranjerización son Salta y Misiones, que no superan el 11,3%. Pero eso no quiere decir que, en cada provincia, haya departamentos que superan el 40% y hasta el 50% de tierra extranjerizada”, explicó Volkind en un portal porteño.
Un reciente informe del Observatorio de Tierras reveló incluso que hay 36 localidades en todo el país donde se supera el límite del 15% de tierras en manos de extranjeros, porque se compraron antes de la sanción de la ley de 2011. De prosperar la nueva versión del proyecto, todas esas localidades podrían avanzar con la venta de todo el territorio porque, en el cálculo final, no llegarían a sobrepasar el límite del 25% provincial. “Hoy la ley sirve como dique de contención para la extranjerización de esos territorios”, enfatizó Julieta Caggiano.
Volkind agregó que la nueva versión de la norma tiene otros problemas porque elimina el tope de cantidad de hectáreas por persona humana o jurídica y el tope por nacionalidad. “Hasta ahora, el capital extranjero de una misma nacionalidad podía comprar hasta el 30% de las tierras extranjerizadas. Con el nuevo proyecto el capital norteamericano podría comprar todo Salta o Neuquén como ya pasa con Chile en Misiones, y no pasa nada”, explica Volkind.
Según los trascendidos, la versión de Bullrich también habilita la venta de tierras en zonas de fronteras y los ojos de agua dulce, a la vez que elimina el Observatorio de Tierras y deja en manos de las provincias el registro de la propiedad de los terrenos. De esta manera, el Estado nacional ya no tendría control sobre la extranjerización de su propio territorio.
Rechazo del peronismo
Por su parte, desde el peronismo también salieron a cuestionar la iniciativa y remarcaron la gravedad de elevar del 15% al 25% el límite permitido para la propiedad de tierras en manos extranjeras.
Tras un cónclave en la sede del PJ nacional, el partido explicó que la actual normativa ya contempla una superficie comparable a la provincia de Santa Fe para que quede en manos de extranjeros, mientras que la ampliación propuesta por el Ejecutivo Nacional equivaldría a ceder una extensión equivalente a toda la provincia de Buenos Aires.
En esa línea, advirtieron que la reforma favorece directamente a corporaciones internacionales, al Fondo Monetario Internacional y a magnates del sector tecnológico como Peter Thiel.
Al salir del encuentro, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, desacreditó las promesas del oficialismo respecto de una supuesta lluvia de inversiones y llamó a mantener la presión social.
“Debemos sostener la movilización, hablar con cada argentino haciéndole ver la importancia de ir en contra de esta ley y es muy importante que los distintos sectores del PJ podamos confluir a la movilización”, instó Martínez.
Por su parte, el jefe del interbloque justicialista en el Senado, José Mayans, denunció irregularidades en la tramitación del proyecto de Ley de Tierras y advirtió que la iniciativa presenta “vicio de nulidad” desde el inicio de su debate en la Cámara Alta.
“No recibimos oficialmente los cambios porque siguen con los arreglos”, señaló el senador por Formosa, quien criticó la constante presentación de dictámenes modificados a último momento antes de llegar al recinto, modificando sustancialmente el texto aprobado originalmente en comisión.
Por último, el secretario de asuntos agrarios del PJ, Julián Domínguez, consideró que la reforma responde a los intereses de “los magnates de la tecnología que han decidido hacer un enclave en la Patagonia en medio del modelo anarcocapitalista de entrega y renuncia a nuestra soberanía de Javier Milei”.
El conteo del oficialismo
El martes por la tarde, Bullrich encabezará una conferencia de prensa para informar los detalles del nuevo texto del proyecto que llevará el jueves al recinto, con las modificaciones habilitadas. Ocurre que el jueves se retomará el cuarto intermedio en el que se había estancado la sesión del 16 de julio, cuando LLA tuvo que interrumpir el tratamiento del orden del día por no contar con los votos para aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que contiene las modificaciones a la Ley de Tierras, entre otras medidas.
Aquel había sido el cuarto intento del Gobierno para aprobar las iniciativas, que incluyen también la Ley de Expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego. Para este quinto intento, el panorama sigue siendo incierto, pero al menos Bullrich tiene una variable bajo su control: en caso de empate en votos, la definición no estará en manos de Victoria Villarruel, quien ya anticipó su rechazo a los cambios en la Ley de Tierras con argumentos nacionalistas. El mayor terror del Gobierno de Milei es repetir el furcio de Cristina Fernández de Kirchner con la ley de retenciones móviles y el célebre “voto no positivo” del entonces viceprsidente Julio Cobos.
Como el presidente Javier Milei estará de gira en Ecuador y Colombia, Villarruel quedará a cargo del Poder Ejecutivo y el presidente provisional del Senado pasará a ser Bartolomé Abdala, quien presidirá la sesión del jueves y votaría junto con el Gobierno en caso de un empate.
El problema de Bullrich, de todos modos, sigue siendo llegar a los 37 votos para aprobar la iniciativa, partiendo de una base de 21 libertarios propios. A ellos podrá añadir sin problemas a los tres del PRO, pero después deberá rellenar con otras fuerzas aliadas que suelen mostrar un comportamiento fluctuante: el voto de la cordobesa Alejandra Vigo, que había adelantado su rechazo a la iniciativa, cobra cada vez más importancia en este contexto ajustado. El aparato libertario prendió por ello el rosqueo legislativo a toda máquina, por lo que nadie puede descartar que haya novedades y sorpresas en las próximas horas.
