La protesta de los prácticos, pilotos y baqueanos que afecta fuertemente la operatoria portuaria y llevó este lunes a que entre 140 y 150 buques permanecieran a la espera de recibir servicios de practicaje afectó notablemente los puertos en zonas de alto tránsito sobre el río Paraná, el Río de la Plata, los canales marítimos.
Pero también tuvo implicancias en el sur de Brasil, y en mayor medida a los puertos uruguayos desde donde se vienen escuchando reclamos contra el formato que tomó el decreto 690/26 impulsado por el ministro desregulador Federico Sturzenegger.
El decreto 690 -ahora suspendido- reformó el régimen de practicaje y pilotaje en ríos, puertos, canales y pasos de país. Pero desde este sábado los operadores y armadores pueden contratar directamente a los profesionales habilitados, y pueden entrar extranjeros al negocio, lo que generó una protesta colectiva de los profesionales argentinos, unos 536, que este martes fueron intimados a que retomen la prestación del servicio por la Prefectura.
Desde Uruguay los prácticos argentinos recibieron doble apoyo, a fines de abril cuando estaba en marcha la confección del decreto mileista y pocos días antes de que se oficializara.
La cancelación de las operaciones de los buques que ya estaban oficialmente pautados para entrar en Argentina generó re direccionamientos hacia el Puerto de Montevideo (Uruguay) y hacia otras zonas portuarias del sur de Brasil, se informó. Estaban afectados los puertos de La Plata, Dock Sud y Buenos Aires, de Zárate-Campana, de Nodos del Up River (Gran Rosario) y de Quequén y Bahía Blanca
La Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay, Río de la Plata y Litoral Marítimo Oceánico ya había presentado una nota formal ante la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) para advertir sobre los efectos de la reforma de la administración Milei y solicitar que el asunto sea tratado en la comisión.
El documento que llegó inicialmente a las redacciones tenía fecha el 24 de abril y se quejaba de que el proyecto argentino introduce modificaciones sustanciales en el régimen de practicaje y pilotaje de los canales del Río de la Plata “sin haber realizado consultas previas a Uruguay”. Para la corporación, se trata de una medida «inconsulta y arbitraria» que altera las reglas de navegación en una vía fluvial administrada por ambos países. En estos últimos días la Corporación uruguaya habría enviado el mismo mensaje a la CARP.
El principal argumento de los prácticos uruguayos se apoya en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo de 1973. Concretamente en el artículo 14, que establece que un cambio que sea permanente en la reglamentación de los canales ubicados en aguas de uso común debe ser previamente consultado con la otra parte, en este caso los orientales. Y el artículo 26 dispone que Argentina y Uruguay coincidir materia de practicaje y en el régimen de exenciones. Aseguran que la reforma argentina contradice esos compromisos bilaterales.
Los prácticos advierten a su vez que la flexibilización de las exenciones al practicaje podría incrementar los riesgos operativos en un sistema de navegación particularmente complejo. Recuerdan que los canales de acceso a los puertos argentinos son también las rutas naturales para llegar a terminales uruguayas de Fray Bentos y Nueva Palmira por ejemplo. Apuntan a que el nuevo decreto puede afectar la seguridad de la navegación y el comercio exterior de ambos países.
La presentación ante la CARP constituye el primer reclamo institucional de carácter internacional contra la reforma promovida por el Gobierno argentino. El conflicto deja de ser exclusivamente una disputa entre el Ejecutivo y los gremios marítimos argentinos para incorporar un componente diplomático, ya que Uruguay sostiene que cualquier cambio en un sistema de navegación compartido debe discutirse dentro de los mecanismos previstos por el tratado bilateral.
Mientras el Gobierno de Javier Milei defiende la desregulación como una herramienta para reducir costos logísticos y aumentar la competitividad de los puertos argentinos, las autoridades y organizaciones marítimas uruguayas consideran que la iniciativa puede generar asimetrías regulatorias, afectar la seguridad de la navegación y alterar el funcionamiento de una de las principales vías fluviales compartidas del Mercosur
