Diario HOY | Estrategia reptiliana: droga de Miami en paquetes de comida para animales

Con ayuda del can antidrogas llamado Moisés, la Senad detectó 5,2 kilogramos de marihuana premium ocultos en dos tipos de productos procedentes de Miami.

El primer caso, a través de paquetes coloridos de alimentos para reptiles. Adentro encontraron la droga oculta de manera muy cuidadosa e ingeniosa. En total fueron dos empaques del mismo artículo.

En el segundo caso era un supuesto cargador de batería. La caja tenía un armazón acondicionado para el transporte de la droga.

La caja fue detectada en una supuesta caja de batería.

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Al tratarse de una encomienda, nadie tiene la potestad de abrirla sin autorización judicial, por lo que el procedimiento se realizó ante el juez Osmar Legal y el fiscal José Morínigo.

La revisión de envíos realizados desde Miami forma parte de una campaña que busca combatir la gran cantidad de marihuana de alta pureza que últimamente viene de Estados Unidos, variando el método de ocultamiento.

El ministro Rachid dijo la semana pasada que todo lo que venga de Miami automáticamente enciende las alarmas y motiva verificaciones especiales.

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De acuerdo con la acusación, la docente, en su carácter de profesora guía de un alumno de 12 años, habría omitido cumplir las obligaciones que le imponían la Ley n.° 4633/12 y, especialmente, el Protocolo de Atención en Instituciones Educativas para Casos de Violencia entre Pares y/o Acoso Escolar, aprobado por Resolución n.° 8353/12 del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Pese a tener conocimiento de reiteradas situaciones de acoso escolar que afectaban al estudiante, no habría activado el protocolo correspondiente.

En ese sentido, la acusada no habría comunicado los hechos a la Dirección de la institución ni a las autoridades competentes del MEC; tampoco habría elaborado el informe técnico correspondiente ni aplicado los indicadores previstos en el protocolo. Además, presuntamente no habría adoptado medidas urgentes de protección, implementado acciones de intervención ni realizado el seguimiento formal del caso. Estas omisiones, presuntamente, impidieron la activación del sistema institucional de protección previsto para situaciones de violencia entre pares.

Como parte de las diligencias, la fiscal Vivian Coronel dispuso la realización de una autopsia psicológica, herramienta técnico-científica que permitió reconstruir el estado emocional, conductual y psicosocial de la víctima durante el período previo a su fallecimiento. Mediante esta técnica especializada fue posible identificar indicadores sobre la evolución del deterioro psíquico del niño, establecer cronológicamente los hechos y verificar la existencia de señales de alerta relacionadas con el acoso escolar.

La investigación sostiene que las omisiones permitieron que el estudiante continuara expuesto a situaciones de hostigamiento escolar sin que se activaran oportunamente los mecanismos de protección establecidos por la normativa vigente. Como consecuencia, se produjo un progresivo deterioro de su salud psíquica, caracterizado por aislamiento, tristeza persistente, frustración, sintomatología depresiva, disminución del rendimiento académico, insuficiencia de la red de apoyo y aumento del riesgo suicida.

Asimismo, los antecedentes señalan que no se realizaron oportunamente entrevistas para determinar las causas del cambio conductual del alumno, ni se investigaron sus ausencias reiteradas o su solicitud de cambio de sección. Además, no se encontraron registros de la activación integral del protocolo ni de las comunicaciones obligatorias previstas en la Resolución n.° 8353/12, verificándose que dicho procedimiento habría sido activado recién con posterioridad al fallecimiento del niño. Tras reunir los elementos de convicción durante la investigación, el Ministerio Público sostiene que existen fundamentos suficientes para afirmar, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, que la conducta atribuida a la acusada reúne los presupuestos de tipicidad, antijuridicidad, reprochabilidad y punibilidad, motivo por el cual la fiscal Vivian Coronel solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público.

En ese sentido, la acusada no habría comunicado los hechos a la Dirección de la institución ni a las autoridades competentes del MEC; tampoco habría elaborado el informe técnico correspondiente ni aplicado los indicadores previstos en el protocolo.

Además, presuntamente no habría adoptado medidas urgentes de protección, implementado acciones de intervención ni realizado el seguimiento formal del caso. Estas omisiones, presuntamente impidieron la activación del sistema institucional de protección previsto para situaciones de violencia entre pares.

Como parte de las diligencias, la fiscal Vivian Coronel dispuso la realización de una autopsia psicológica, herramienta técnico-científica que permitió reconstruir el estado emocional, conductual y psicosocial de la víctima durante el período previo a su fallecimiento.

Mediante esta técnica especializada fue posible identificar indicadores sobre la evolución del deterioro psíquico del niño, establecer cronológicamente los hechos y verificar la existencia de señales de alerta relacionadas con el acoso escolar.

La investigación sostiene que las omisiones permitieron que el estudiante continuara expuesto a situaciones de hostigamiento escolar sin que se activaran oportunamente los mecanismos de protección establecidos por la normativa vigente.

Como consecuencia, se produjo un progresivo deterioro de su salud psíquica, caracterizado por aislamiento, tristeza persistente, frustración, sintomatología depresiva, disminución del rendimiento académico, insuficiencia de la red de apoyo y aumento del riesgo suicida.

Asimismo, los antecedentes señalan que no se realizaron oportunamente entrevistas para determinar las causas del cambio conductual del alumno, ni se investigaron sus ausencias reiteradas o su solicitud de cambio de sección. Además, no se encontraron registros de la activación integral del protocolo ni de las comunicaciones obligatorias previstas en la Resolución n.° 8353/12, verificándose que dicho procedimiento habría sido activado recién con posterioridad al fallecimiento del niño.

Tras reunir los elementos de convicción durante la investigación, el Ministerio Público sostiene que existen fundamentos suficientes para afirmar, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, que la conducta atribuida a la acusada reúne los presupuestos de tipicidad, antijuridicidad, reprochabilidad y punibilidad, motivo por el cual la fiscal Vivian Coronel solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público.

Jorge Molina, ministro de la Autoridad Reguladora Nuclear (ARRN), explicó que el acuerdo es el primer paso para el apoyo en materia de reactores nucleares, específicamente, para la producción de energía eléctrica.

A partir de ahora, el siguiente paso es firmar el acuerdo denominado “123 agreement”, un requisito para que Estados Unidos transfiera tecnología nuclear. Este paso le llevó dos o tres años a El Salvador.

El Acuerdo 123 es un mecanismo jurídico basado en la Sección 123 de la Ley de Energía Atómica de los Estados Unidos de 1954. Se trata de una exigencia legal indispensable para que el gobierno estadounidense pueda autorizar la transferencia y exportación comercial de tecnología, materiales fisionables, equipos y componentes nucleares civiles a otros países.

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En una entrevista con Abc Tv, el ministro Molina estimó que la puesta en marcha de dicho acuerdo llevaría mínimamente de un año a un año y dos meses, tiempo durante el cual se producirá la visita de una delegación de los Estados Unidos.

“Tienen que venir, nos tenemos que sentar, tienen que ver la infraestructura que tenemos en el país para poder vendernos un tornillo de tecnología nuclear, ellos tienen que estar seguros de que nosotros podemos manejar y que tenemos la seguridad, no solo física, antirrobo, antiterrorismo, la parte de salvaguardia, construcción y mantenimiento, todo eso tenemos que poner en papeles de que sí se puede”,detalló.

Paralelamente, Paraguay tendrá que capacitar gente para el manejo de una central nuclear, además de crear una ley nuclear, para lo cual, está casi lista una propuesta que todavía debe ser pulida con ayuda internacional del organismo de energía atómica.

En el transcurso de esta mañana se dio a conocer la resolución del juez Rodrigo Estigarribia, luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares de Rosa Concepción Colmán, de 59 años.

El magistrado decidió otorgar libertad ambulatoria a la abogada, quien se desempeñó como asesora jurídica del Instituto de Previsión Social durante la administración de Jorge Brítez.

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La disposición se da luego de que Colmán ofreciera una caución real por la suma de G. 500 millones a través de un inmueble, informó el periodista de Nación Media, Aldo Ynsfrán.

En paralelo, la profesional del derecho deberá cumplir una serie de medidas restrictivas y reglas de conducta, como la prohibición de salida del país o cambio de domicilio, mientras tanto sigue sujeta al proceso penal.

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Colmán fue imputada, junto a otras ocho personas, por el hecho punible de lesión de confianza, a raíz de un millonario perjuicio patrimonial por la fallida licitación para quirófanos modulares en el Hospital Central.

Entre los procesados por el fiscal Julio Ortiz se encuentran Jorge Brítez y Vicente Bataglia, ambos expresidentes del Consejo de Administración del IPS, a quienes se suman los exfuncionarios Hugo Enrique Aranda, José Raúl Coronel Acosta, Juan Villar López, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.