Los cambios que se quieren imponer en la ruta 5 no caen en gracia a los usuarios de la región y los poderes legislativos de las distintas ciudades reaccionan. En ese sentido, el Concejo Deliberante de Bragado aprobó por mayoría la Resolución Nº 3102/26 para manifestar su firme rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de incorporar dos nuevas estaciones de peaje sobre la Ruta Nacional 5.
El proyecto, impulsado por la concejal de Acción para el Desarrollo, Marita Gelitti, manifiesta la discrepancia con la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía de la Nación, la cual adjudicó un nuevo esquema de concesión vial por 20 años que añade cobros sin incluir la ejecución de las obras de transformación en autovía o autopista.
A través de una resolución impulsada por la concejal Marita Gelitti, el cuerpo deliberativo cuestionó la adjudicación nacional por 20 años que suma cabinas de cobro sin contemplar la conversión en autovía.
De acuerdo con lo establecido en los pliegos de la norma nacional, la tarifa base de peaje se fijó en $2.355,37 más IVA, lo que eleva el costo a $2.847,90 por pasada. Bajo esta nueva concesión, el corredor sumará dos cabinas adicionales a las ya existentes en Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen: una en Gorostiaga (km 117, entre Suipacha y Chivilcoy) y otra en Lonquimay (km 544, en territorio pampeano), alcanzando un total de cinco puntos de cobro a lo largo de la traza.
Desde el órgano deliberativo argumentaron que la adición de peajes resulta injustificada en tanto la ruta continúa paralizada en sus obras y sigue registrando un elevado índice de siniestralidad. El texto oficial cita datos de la Fundación Estrellas Amarillas, los cuales reflejan que el 92% de los fallecimientos viales ocurridos en dicha traza durante 2025 respondieron a choques frontales, derivado de una calzada de apenas 7,50 metros de ancho sin división física entre carriles.
Asimismo, el reclamo pone la lupa sobre el Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial —financiado con tributos a los combustibles—. «No sólo no avanzan las obras de la autovía, sino que ahora se pretende cobrar en dos cabinas más para realizar tareas de mantenimiento, mientras el Estado continúa recaudando el Fondo de Infraestructura Vial», enfatizó la edil Marita Gelitti.
De este modo, la legislatura bragadense sumó su postura a los reclamos regionales que exigen prioridad para las obras de seguridad vial antes de concretar incrementos u operativas tarifarias en el corredor.
