Misiones: tierra para la forestal Arauco sí, para las comunidades originarias nada

El debate con respecto a la tierra en la provincia de Misiones no es una posibilidad futura, sino uno de los casos más representativos del proceso de extranjerización de la tierra en Argentina. Los datos oficiales analizados por el Observatorio de Tierras, Recursos Naturales y Medio Ambiente muestran que el 11,29% del territorio misionero, unas 325.750 hectáreas, ya pertenece a propietarios extranjeros.

La mayor parte de esas tierras está en manos de capitales chilenos, con fuerte presencia sobre los departamentos que bordean el río Paraná. Detrás de esa cifra aparece un nombre conocido: Arauco, la multinacional forestal que opera en Argentina a través de Alto Paraná S.A. y otras sociedades vinculadas. La empresa posee más de 240.000 hectáreas en Misiones, lo que la convierte en uno de los mayores propietarios privados de tierras del país.

Su actividad productiva se basa en un modelo de plantaciones industriales de pino y eucalipto destinadas a la producción de celulosa. Distintos sectores productivos y organizaciones políticas rurales cuestionan fuertemente la expansión de este esquema por el impacto que genera sobre la diversificación productiva, el acceso a la tierra y el arraigo de pequeños productores, además del daño al suelo y a los caudales de agua de alrededor.

En su esquema de concentración de tierras, mantener a comunidades dentro de «sus» territorios, que forman parte de este acaparamiento, también forma parte del esquema de saqueo y lucro, ya que con la posesión de 22 comunidades Mbya dibujan sus certificaciones. Compró las tierras con las comunidades adentro, les robó sus tierras con toda la complicidad estatal del gobierno de Misiones. El año pasado entró a prender fuego las casas de unas familias campesinas en Wanda. Es el monstruo forestal y el principal problema socioambiental de la provincia.

En Misiones, la extranjerización, la concentración de la tierra y el avance del monocultivo forestal tienen nombres concretos y consecuencias palpables: expulsión de comunidades, destrucción ambiental y subordinación de la producción provincial a los intereses de los capitalistas. Frente a este escenario, resulta indispensable impulsar una política opuesta a la entrega de los recursos naturales, por la recuperación de las tierras acaparadas por los grandes grupos forestales, reconocimiento efectivo de los derechos de las comunidades originarias y de las familias campesinas, y una planificación de la producción bajo control de los trabajadores y las comunidades, orientada a satisfacer las necesidades sociales.