El juez en lo Penal Económico Diego Amarante calificó de “una mera formalidad y ficción jurídica” el cambio de domicilio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de la ciudad de Buenos Aires a la localidad bonaerense de Pilar para que las causas penales en contra de sus dirigentes se investiguen en la justicia federal de Campana.
Así lo sostuvo el magistrado para rechazar un pedido para que una causa contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, por presunto lavado de dinero de los fondos de la entidad en el exterior pase al juez de Campana Adrián González Charvay.
El propio González Charvay le solicitó a Amarante que le envíe el expediente en base a que tramita otro similar y por lo tanto debían estar acumulados. El juez en lo Penal Económico, que fue quien procesó a Tapia y Toviggino por la retención indebida de 19.300 millones de pesos, rechazó el planteo. La disputa podrá ser resuelta por la Cámara en lo Penal Económico.
La AFA y sus dirigentes tienen varias causas penales en trámite, inclusive en los Estados Unidos. Una de ellas es por el manejo de los fondos de la entidad en el extranjero de parte de TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni. Sobre eso hay causas abiertas en la justicia nacional de instrucción, en Penal Económico, en la justicia federal de Campana y en la de Lomas de Zamora.
Todas las fuentes coinciden que se debería tomar una decisión sobre en qué juzgado se debe tramitar porque la ley no permite investigar un hecho más de una vez. Pero esa resolución todavía no llegó. Se fueron dando discusiones parciales, por ejemplo en la causa de la justicia nacional de instrucción.
Otra la inició el juez González Charvay, a quien le asignan una cercanía con la AFA. De hecho, fue uno de los magistrados que tuvo la causa por la compra de la mansión de Pilar que se sospecha es de Toviggino a través de testaferros.
El magistrado de Campana recibió una causa de la justicia de Santiago del Estero donde se denunció desvíos de fondos al club Central Córdoba y empresas de Toviggino. También un posible lavado de dinero de fondos de la AFA. La justicia de Santiago del Estero entendió que debía ser Campana quien tuviera su denuncia porque eran hechos similares y las mismas personas de la compra de la mansión, entonces en el juzgado de Campana.
Por esa causa, el juez le solicitó a su colega que le envíe una denuncia que se presentó en base a notas periodísticas, entre ellas de Clarín, sobre presunto lavado de dinero de fondos de la AFA en el exterior a través de financieras del microcentro porteño. El magistrado Amarante rechazó el pedido.
Explicó que de la causa de Santiago del Estero lo único que quedaba era una presunta defraudación a la AFA ya que se había rechazado por lavado de dinero y asociación ilícita. Así, no había un delito federal que justifique la intervención del juzgado de Campana. También señaló que el pedido para desprenderse de la causa “se limita a una mención genérica sobre una supuesta identidad de objeto”.
Así, Amarante planteó si había algún elemento de la causa que justifiquen que se investigue en Campana. “La totalidad de los actos de ejecución que habrían integrado la maniobra habrían tenido lugar dentro del ámbito geográfico de esta ciudad”, en referencia a Buenos Aires.
“En este aspecto, más allá de toda polémica, resulta un hecho de público conocimiento que -no obstante el cambio de su sede social- la AFA continuaba desarrollando su actividad central en su sede de esta Capital Federal. Pretender fundar la competencia en la provincia de Buenos Aires, basándose en un domicilio social en el Partido de Pilar, importa priorizar una mera formalidad y ficción jurídica por sobre el lugar real de comisión de las conductas, las cuales presentan una total desvinculación con la jurisdicción de Campana”, planteó el magistrado.
Esa polémica se generó en varias causas. La AFA busca llevar su sede a Pilar para salir de los controles del gobierno nacional y quedar bajo la órbita del bonaerense y de la intendencia de ese partido. Además de que las investigaciones se den en esos tribunales y no en los de la ciudad de Buenos Aires. El cambio de domicilio justificó que pase a Campana la causa por la mansión de Pilar –que la semana que viene tendrá una audiencia clave sobre su futuro– que luego salió de ese tribunal y volvió al fuero Penal Económico.
Ante el rechazo, el juez Amarante le planteó a su colega González Charvay que si no comparte el criterio sea la Cámara en lo Penal Económico el tribunal que resuelva la contienda.
