El dato nacional dice que apenas el 5% del territorio argentino está en manos extranjeras. Pero esa cifra, repartida de manera pareja en el mapa oficial, esconde departamentos enteros donde la extranjerización ya superó la mitad de la tierra disponible. ¿Cuánto vale un límite legal cuando se mide a una escala que no muestra dónde está realmente el problema?
Trece millones doscientas cuarenta y tres mil hectáreas del territorio argentino están hoy en manos de propietarios extranjeros. Para dimensionarlo: es una superficie equivalente a toda Inglaterra, repartida entre campos, montes, costas de ríos y zonas cordilleranas a lo largo de las provincias argentinas. El número, actualizado a agosto de este año según el Registro Nacional de Tierras Rurales, representa alrededor del 5% del territorio nacional. A simple vista, un porcentaje que no parece alarmante. El problema aparece cuando se deja de mirar el mapa completo y se empieza a mirar el detalle.
La Ley de Tierras, sancionada en 2011, fijó un límite del 15% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental. Ese tercer nivel, el departamental, es el que en los hechos regula dónde se concentra la propiedad extranjera, porque ahí es donde están las cuencas de agua dulce, los yacimientos de litio y los tramos más estratégicos de los grandes ríos navegables. Y en ese nivel, la foto cambia por completo: hay 36 departamentos en todo el país que ya superan el límite legal del 15%.
Los casos más extremos están en Lácar, Neuquén, y en General Lamadrid, La Rioja, además de Molinos y San Carlos, en Salta, donde la extranjerización supera el 50% de la superficie departamental. Todos concentran bienes estratégicos como agua dulce o recursos mineros. Un poco más abajo en la lista, pero igual de relevantes, aparecen Iguazú en Misiones, Ituzaingó y Berón de Astrada en Corrientes, y Campana en la provincia de Buenos Aires, todos ellos con más del 30% de su territorio en manos foráneas y todos asentados sobre el río Paraná, la principal vía fluvial navegable del país.
El mapa bonaerense también tiene su propia lista, y ahí aparece La Plata. El partido concentra un 9,9% de su superficie en manos extranjeras, un porcentaje que lo ubica en el décimo lugar entre los departamentos con mayor extranjerización de toda la provincia de Buenos Aires. Todavía lejos del 15% que marca el límite legal, pero lo suficientemente alto como para que el distrito capital aparezca en la misma conversación que Campana, el caso bonaerense que sí superó ese umbral.
¿Por qué el dato nacional no refleja esta concentración? Parte de la respuesta está en la propia historia de la ley. En 2016, un decreto de la gestión de Mauricio Macri flexibilizó los procedimientos de control, permitió informar cambios societarios después de haberse realizado y amplió los criterios para definir quién es considerado extranjero en el caso de sociedades, sucesiones o participaciones indirectas. Como consecuencia, entre el relevamiento oficial de 2015 y el de años posteriores se registró una baja en los porcentajes que, según especialistas en tierras rurales, no responde a una reducción real de la extranjerización sino a un cambio en la forma de medirla.
En cuanto a las nacionalidades, el podio lo encabezan los propietarios estadounidenses, con más de 2.700.000 hectáreas bajo su nombre, una superficie mayor a la de toda la provincia de Tucumán. Los siguen Italia y España. Entre los tres países concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada del país. Se trata, en la mayoría de los casos, de compras concentradas en zonas de alto valor ambiental o estratégico, más que de una distribución pareja a lo largo del territorio.
El patrón que surge del cruce de todos estos datos es bastante claro: la extranjerización más crítica no se da al azar, sino en territorios con recursos hídricos o mineros, en zonas fronterizas, tanto en el norte como en la cordillera, y en tramos con salida a los grandes ríos. Son, no casualmente, las mismas zonas que en los últimos meses volvieron a estar en el centro de la discusión legislativa sobre qué tan flexibles deberían ser los controles sobre la compra de tierras por parte de extranjeros. Esa discusión, de mínima, dejó una certeza: el debate sobre quién es dueño de qué parte de la Argentina está lejos de haberse cerrado.
