Cuando el foco de la relación entre Estados Unidos y los países del continente está puesto en lo comercial, conviene ampliar el análisis a un nivel geopolítico: lo determinante no es el intercambio de bienes, sino el ejercicio del poder. En noviembre de 2025 Washington lanzó su estrategia de seguridad nacional, con una postura clara respecto a América Latina y el Caribe: “restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental, y proteger nuestro territorio y nuestro acceso a puntos geográficos estratégicos en toda la región.” Esta visión no es solo retórica: el documento la describe como condición necesaria para la seguridad y la prosperidad.
Los objetivos son concretos: influencia en rutas y recursos estratégicos, y trato preferente para bienes y empresas estadounidenses. Las amenazas son tres etiquetas —narcotráfico, terrorismo y migración irregular—, que a menudo se fusionan entre sí. A ello se suma una cuarta más geopolítica: el rol de las potencias no hemisféricas en la región. Sobre estas últimas el texto es explícito: busca impedir que “puedan posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o poseer o controlar activos estratégicamente vitales, en nuestro hemisferio”. Es una forma de decir, sin decirlo del todo, que Washington considera el continente su zona de influencia exclusiva, y la advertencia apunta particularmente a China, como potencia no hemisférica.
La estrategia tiene nombre propio: la doctrina Donroe, el corolario Trump a la doctrina Monroe. Y no se queda en la teoría, además de presiones políticas y económicas, la estrategia expandió y profundizó la intervención militar en el continente, un hecho sin precedentes en lo que va de siglo.
Washington ha designado a asociaciones criminales de la región como grupos terroristas extranjeros. Desde septiembre del año pasado, según distintos medios, ha realizado decenas de ataques militares —que han costado la vida a más de 100 personas, la mayoría de ellas no identificadas— contra embarcaciones calificadas como narcolanchas en el Caribe y el Pacífico. En noviembre del 2025, el Secretario de Guerra Pete Hegseth anunció la operación Lanza del Sur, con un despliegue militar que incluyó todas las ramas de la defensa y más de 15.000 efectivos.
El 3 de enero de este año, el Pentágono informó de un ataque contra Venezuela. Tras una serie de bombardeos, fue secuestrado el dictador Nicolás Maduro junto a su esposa y ambos fueron trasladados a Nueva York. Este fue el primer ataque militar directo de tropas estadounidenses en América Latina desde la Guerra Fría. El 12 de junio, en una operación militar entre ambos países, fue asesinado por un bombardeo el líder del Tren de Aragua, El Niño Guerrero.
Las actuaciones militares descritas fueron ejecutadas sin la autorización del Congreso estadounidense y sin respetar las normas del derecho internacional y el derecho internacional humanitario.
Son varios los países que han respaldado las acciones de Washington. Colombia mantuvo una compleja relación durante la Administración Petro. Sin embargo, el recién asumido presidente, Abelardo de la Espriella, ha manifestado su alineamiento con la política de seguridad y defensa de EE.UU. y busca intensificar el trabajo conjunto. En Ecuador, si bien el presidente Noboa perdió un referéndum que impulsó para permitir la entrada de tropas extranjeras, de igual forma autorizó operaciones militares junto a EE UU con tropas de ambos países. El presidente Santiago Peña de Paraguay acordó inmunidad jurisdiccional para militares estadounidenses, facilitando la presencia de soldados en su país.
México mantiene una tensa relación con EE UU, quien ha amenazado con atacar militarmente a los carteles en suelo mexicano. A esto se suman las amenazas de intervención contra Cuba y sanciones contra Nicaragua.
Otros países han manifestado públicamente su apoyo y alineamiento estratégico con estas iniciativas. A los ejemplos citados se suman: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guyana, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, entre otros. Parte de esta estrategia se ha ejecutado a través de la coalición de países Escudo de las Américas y continua difuminando el límite entre la seguridad interior y la defensa.
El pasado 8 de julio en la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, realizada en Cusco, Perú, el subsecretario de Guerra de EE UU, Elbridge Colby, señaló que la inversión regional en defensa era baja y que debía elevarse al nivel exigido a otros aliados: 5% del PIB (3,5% en gastos militares básicos más 1,5% en gastos relacionados con seguridad). El promedio mundial es cercano al 2,5% del PIB y en América Latina ronda el 1,4%. De concretarse un aumento de esa magnitud, podría desestabilizarse a la región y desatar una carrera armamentista sin precedentes; incluso una alza menor ya resultaría compleja.
La estrategia de interferencia política e intervención militar del gobierno de Trump es geopolítica y va más allá de las presiones comerciales. La forma en que EE UU ejerce el poder, sumada a la respuesta permisiva de la mayoría de los países de la región, es uno de los cambios más importantes de las últimas décadas y debe ser una señal de alerta.
En tiempos en que el orden internacional desde la Segunda Guerra Mundial está en cuestión y el uso de la fuerza se impone en el continente, es vital no guardar silencio y defender un camino distinto. Las amenazas son diversas y no todas tienen una respuesta militar: se debe limitar el proceso de securitización que avanza sin freno por el continente y reivindicar la separación entre labores policiales y militares; y, especialmente, evitar un aumento injustificado del gasto en defensa que pueda desestabilizar el continente. Finalmente, la región debe reactivar sus organismos regionales, propiciar una articulación multilateral —y no una simple alineación con EE UU— y honrar sus compromisos internacionales, restableciendo el derecho internacional y el respeto a los derechos humanos.
