El hecho reabre el debate sobre la actuación policial y la legalidad del personal no uniformado en protestas sociales.
La divulgación de registros fotográficos de las manifestaciones recientes en las inmediaciones del Congreso Nacional encendió la alarma en la opinión pública y los organismos de derechos humanos. En las imágenes se observa a un hombre vestido de civil —de abrigo oscuro y bufanda a rayas— empuñando un arma de fuego de puño e interviniendo en la contención de los manifestantes.
En las últimas horas, la investigación periodística y la comparación de archivos oficiales confirmaron que la persona registrada en el lugar es el comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, integrante de la cúpula de la Policía Federal Argentina (PFA).
La identificación y los antecedentes
El cotejo morfológico realizado a partir de fotografías institucionales y actos oficiales finalizó con la identificación fehaciente de Gauna. El jefe policial, que ha formado parte de presentaciones públicas e investigaciones ministeriales, fue visto en pleno operativo sin vestimenta ni identificación reglamentaria mientras portaba un arma de fuego.
La coincidencia de rasgos y fisonomía entre las imágenes oficiales de la fuerza y las captadas en la vía pública desestimó las versiones iniciales que sugerían la presencia de un infiltrado o personal ajeno a la institución.
El marco normativo en debate
El accionar de efectivos no uniformados en la vía pública, sumado al uso de armamento letal en contexto de protesta social, plantea serios cuestionamientos en el plano jurídico y procedimental:
- Protocolos de actuación: Las normativas vigentes para la gestión de la seguridad en manifestaciones públicas estipulan que el personal abocado al control de la multitud debe estar plenamente uniformado e identificado.
- Uso de la fuerza: La portación y eventual exhibición de armas de fuego de civil sin identificación previa vulnera los principios de proporcionalidad y trazabilidad de los operativos de seguridad urbana.
- Responsabilidad institucional: La identificación del comisario inspector traslada la mirada política hacia la conducción de las fuerzas y el Ministerio de Seguridad respecto de las órdenes emitidas para el despliegue del personal.
Repercusiones y curso judicial
Diferentes sectores parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil anticiparon que solicitarán informes oficiales al Ministerio de Seguridad para esclarecer las instrucciones impartidas durante la jornada frente al Congreso. Asimismo, se evalúan presentaciones en el fuero penal para determinar si la conducta del comisario inspector constituye un delito o un incumplimiento severo de los deberes de funcionario público.
Desde Vive CABA se dará seguimiento al desarrollo de las actuaciones judiciales y administrativas vinculadas con este operativo.
