El fideicomiso que por ley solo puede financiar rutas acumuló más de un billón de pesos en plazos fijos y títulos públicos, mientras la Ruta 3 y buena parte de la red nacional se caen a pedazos. El vocero Adrián Ravier lo reconoció sin vueltas: parte de esa recaudación la dispone Economía para «lograr el equilibrio fiscal». La duda es si el ajuste puede pagarse con la plata que debía tapar los pozo.
La investigación que publicó Hugo Alconada Mon en La Nación le puso números a una sospecha que en el sector vial venía circulando hace más de un año: la plata que se recauda con el impuesto a los combustibles para construir y mantener rutas no está yendo a las rutas. Según esos registros, desde que asumió Javier Milei el Sistema Vial Integrado (SisVial) acumuló alrededor de $1,5 billones, pero apenas una cuarta parte —unos $394.406 millones— terminó en obras. La tasa de subejecución trepa al 73,8%.
El dato que ordena todo el escándalo es dónde quedó el resto. Al cierre de mayo, el fideicomiso mantenía más de un billón de pesos inmovilizado en inversiones financieras. Conviene ser precisos, porque la mayor parte no está en plazos fijos sino en títulos públicos: $854.234 millones en bonos del Estado y $146.784 millones en plazos fijos propiamente dichos. En criollo, un fondo pensado para tapar pozos operando como mesa de dinero.
El SisVial no es un fideicomiso cualquiera. Se creó por exigencia del Banco Mundial para aprobar un préstamo, justamente para evitar que la recaudación de combustibles terminara financiando gastos corrientes, como venía ocurriendo cuando la caja la manejaba Vialidad Nacional. La herramienta se diseñó para atar el dinero a un destino específico y volverlo jurídicamente indisponible. Que hoy esos pesos estén rindiendo intereses en el sistema financiero es exactamente lo que la ley buscaba impedir.
RAVIER RECONOCIÓ EL DELITO
Lo llamativo es que el Gobierno no lo negó. El vocero presidencial Adrián Ravier lo reconoció ante El Diario de La Pampa: «una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal». La cartera que conduce Luis Caputo quedó así en el centro de la escena. ¿Puede sostenerse un superávit con plata que, por ley, no puede tocarse?
La confesión oficial activó los tribunales. Hace unas horas se presentó una denuncia penal contra Caputo y autoridades de Vialidad Nacional y del Banco Nación por presunta malversación de caudales públicos, administración fraudulenta y abuso de autoridad; según trascendió, un grupo de senadores peronistas prepararía otra presentación en la misma línea. Se trata, por ahora, de acusaciones que la Justicia deberá probar.
EL SALDO QUE NO SE CUENTA EN PESOS
Detrás de las cifras del fideicomiso hay un saldo que no se cuenta en pesos. La Ruta 3 viene sumando muertos en el mismo corredor bonaerense que más reclamos concentra. Solo en 2026, dos choques frontales cerca de Las Flores dejaron seis personas fallecidas: cinco murieron el 2 de abril en el kilómetro 210, cuando una Volkswagen Suran y un Toyota Etios impactaron de frente, y a fines de julio otro choque en el kilómetro 183 se cobró la vida de Fernando Gismondi, integrante de una familia de Bahía Blanca. No son hechos aislados. El tramo que une San Miguel del Monte, Azul y Las Flores acumula siniestros fatales hace años.
LA DESTRUCCIÓN DE LA RUTA 3
El costado que más se siente en territorio bonaerense es el estado del asfalto. La Federación del Personal de Vialidad Nacional calcula que más del 70% de la red nacional está en condición regular o mala, y advierte que las mediciones completas no se actualizan hace más de dos años, con lo cual el cuadro podría ser peor. El ejemplo que aparece una y otra vez es la Ruta 3, la traza que une Buenos Aires con la Patagonia y termina en Tierra del Fuego. En provincia de Buenos Aires, los tramos entre Cañuelas y Azul, entre Azul y Cacharí y el histórico corredor de San Miguel del Monte concentran pozos, banquinas destruidas y una siniestralidad que los vecinos vienen denunciando hace años.
Ahí la política del desvío se cruza con la Justicia. La Cámara Federal de Mar del Plata ordenó al Estado nacional adoptar medidas urgentes en el tramo Azul-Cacharí de la Ruta 3, tras una cautelar que impulsó el municipio de Azul. En Santa Fe, el Juzgado Federal de Venado Tuerto hizo lugar a un amparo por el estado «crítico e intransitable» de las rutas 33, 8 y 7. Mientras tanto, el Gobierno disolvió Vialidad Nacional y avanza con la concesión de casi 9.120 kilómetros bajo la llamada Red Federal de Concesiones, con nuevos peajes incluidos en la propia Ruta 3.
El argumento oficial es que el equilibrio fiscal es innegociable y que las rutas «se están manteniendo». Los expedientes judiciales, los informes gremiales y los reclamos de intendentes de todo signo dibujan otra postal. Queda una tensión que ni la caja ni el relato terminan de resolver: la plata para arreglar los caminos existe, está depositada y genera renta. El problema es que no está donde tendría que estar.
