Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación emitió dictamen de mayoría sobre el proyecto de Inocencia Fiscal II. El oficialismo obtuvo el despacho tras acordar con bloques aliados la exclusión de los funcionarios públicos de los beneficios tributarios. La iniciativa llegará al recinto de la Cámara baja durante la última semana de agosto.
Exclusión de cargos públicos
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo logró 44 firmas en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal. La Libertad Avanza sumó el respaldo de los bloques del PRO, la UCR y fuerzas provinciales alineadas con la Casa Rosada.
El texto modificado establece la exclusión total e incondicional de los representantes de los tres poderes del Estado sobre las presunciones de inocencia tributaria. La prohibición abarca a las personas que ejercieron cargos de alta responsabilidad en los últimos 5 años anteriores a la adhesión.
Alcance de la medida para la administración estatal
Los integrantes de la función pública mantendrán el uso del sistema simplificado únicamente para la liquidación del Impuesto a las Ganancias. La norma les impide obtener la presunción de exactitud en sus presentaciones o la liberación de eventuales fiscalizaciones de los organismos recaudadores.
La diputada nacional Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión de Legislación Penal, respaldó el espíritu de la propuesta durante el debate. «Esta norma tiene un concepto claro: no se busca condenar a quienes cumplen. Es un esquema estrictamente tributario«, afirmó la legisladora oficialista.
Plazos previstos para el debate en el recinto
El proyecto amplía el régimen de Inocencia Fiscal aprobado por el Congreso en diciembre del año pasado. La meta del oficialismo busca otorgar previsibilidad y alivio tributario a contribuyentes individuales y Pequeñas y Medianas Empresas.
Las autoridades de la Cámara de Diputados prevén incluir el tratamiento del dictamen de mayoría en la sesión fijada para la última semana de agosto. El texto pasará luego al Senado para su revisión definitiva en caso de obtener la aprobación en la Cámara baja.
