Trump extiende sus tentáculos militares en Latinoamérica

Al Gobierno de Donald Trump se le puede acusar de muchas cosas, pero no de ocultar sus verdaderas intenciones en América Latina, que pasan por controlar la región. Esos tentáculos de Estados Unidos en lo que tradicionalmente ha considerado su patio trasero se extienden de diversas formas, desde gobiernos más o menos títeres como la Venezuela de Delcy Rodríguez, a alianzas políticas estrechísimas como la Argentina de Javier Milei pasando por las operaciones militares para imponer sus intereses.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, da ahora un paso más en esa dirección al anunciar que el nuevo Gobierno colombiano de Abelardo de la Espriella, tras solo una semana en el cargo, le ha dado el visto bueno para que las tropas de Estados Unidos actúen en suelo colombiano. También dice que no descarta una intervención militar en Cuba. Son nuevos nombres en la lista de países latinoamericanos en los que el ejército más poderoso del mundo amenaza con campar a sus anchas.

Guadalupe González, analista del Colegio de México, ve en esta situación un “punto de quiebre”. “El eje central de la estrategia de Estados Unidos pasa por restaurar su preeminencia en el Hemisferio Occidental como máxima prioridad, antes que otros escenarios de conflicto como Oriente Próximo, Europa e incluso Asia. Esta es una novedad enorme”, añade.

“Todas las opciones, incluidas las militares, están sobre la mesa”, ha dicho este miércoles en Panamá Hegseth al ser preguntado por los planes de la Administración republicana para Cuba. También ha recomendado a la isla que “preste atención” a la voluntad de Trump de “hacer valer las prerrogativas estratégicas estadounidenses”. Poco antes, el jefe del Pentágono había lanzado un mensaje con la vista puesta en Colombia.

Tras los enfrentamientos de la Administración republicana con el izquierdista Gustavo Petro, la llegada al poder de un presidente ultraderechista anuncia una nueva era de colaboración entre Washington y Bogotá. Y esta nueva etapa se inaugura con un anuncio doble. El secretario de Defensa —nombre oficial del Departamento, aunque él prefiera llamarlo de Guerra— dijo, por una parte, que Colombia le había solicitado que se sume a la lucha contra el narcoterrorismo “autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas”. Y, por otra, que el país sudamericano se unirá al Escudo de las Américas, una coalición fundada por Trump que con esta incorporación ya contará con 19 países que comparten métodos para luchar contra las redes del narcotráfico en la región.

Todas estas declaraciones no suponen una gran sorpresa. La concepción que la Administración republicana tiene de América Latina quedó meridianamente clara con la publicación el pasado diciembre de su Estrategia de Seguridad Nacional. Allí, decía sin miramientos que Estados Unidos busca “restablecer su preeminencia” en el Hemisferio Occidental. Para ello rescataba la doctrina Monroe del siglo XIX que se resumía en la frase “América para los americanos”. O, en una traducción menos literal pero más fiel a su espíritu, “América para los estadounidenses”.

“En otras palabras, afirmaremos y haremos valer un corolario Trump a la doctrina Monroe”, aseguraba el documento, en una nueva teoría que ha dado en llamarse doctrina Donroe, un juego de palabras entre Donald y Monroe. Según el texto que resume las prioridades de esta Administración, el “corolario Trump a la doctrina Monroe” constituye “una restauración del poder y de las prioridades de Estados Unidos, coherente con los intereses de seguridad del país”. El documento añadía que Washington debe “reconsiderar” su presencia militar en el Hemisferio Occidental.

Para Michael Shifter, investigador y expresidente del Diálogo Interamericano —uno de los centros de análisis de política hemisférica más influyentes de Washington D. C.— “los obstáculos a una intervención militar no tienen que ver con factores jurídicos o legales, porque esto no tiene ningún peso para esta Administración. Lo que están midiendo son los factores prácticos: en el caso de Cuba, una intervención puede generar una situación totalmente caótica o una ola migratoria masiva”, explica.

Shifter afirma que la agenda de fortalecimiento institucional y defensa de los derechos humanos que una vez hubo entre EE UU y Latinoamérica ha quedado completamente relegada frente a una agresiva estrategia centrada en la seguridad y el combate al narcotráfico. “Todo el enfoque orientado a fortalecer instituciones y proteger los derechos humanos está avasallado, si no ha desaparecido. Washington ha dado básicamente una luz verde para cualquier proyecto autoritario que pueda tener un mandatario en América Latina”, advierte Shifter. “Hoy la ideología importa menos. Se da una cancha bastante abierta para que regímenes de derecha o de izquierda eliminen contrapesos y debiliten, si no destruyen, el estado de derecho”, señala.

Resistencia de México

La presión sobre la región quedó sellada el pasado marzo, cuando Stephen Miller, subjefe de gabinete de Trump, afirmó que los cárteles de la droga son “el ISIS y Al Qaeda del Hemisferio Occidental y deben ser tratados con la misma brutalidad y falta de piedad”, unas palabras que hacían pensar en una posible intervención militar directa en México. En el gigante vecino y principal socio comercial de Washington, poderosas organizaciones del narcotráfico, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, ejercen un control territorial que la Casa Blanca califica de amenaza inaceptable.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha rechazado de forma tajante y reiterada cualquier propuesta o insinuación de incursión militar estadounidense. La mandataria ha calificado dicho escenario como algo que “no va a ocurrir”, enfatizando que México coopera en materia de inteligencia y seguridad, pero no acepta subordinación ni violaciones a su soberanía. “La última vez que Estados Unidos vino a México con una intervención se llevó la mitad del territorio”, recordó Sheinbaum, en una muestra de la firmeza de su Gobierno, con una alusión a la toma de los Estados de Texas, California, Nuevo México y Nevada en el siglo XIX.

La respuesta de Sheinbaum se dio tras las polémicas declaraciones de Trump, quien rehusó descartar acciones de fuerza para frenar el flujo de fentanilo y otras drogas hacia el norte. “Por mí está bien. [Cualquier cosa] que tengamos que hacer para detener el tráfico de drogas”, sostuvo el republicano, agregando que, si bien no afirmaba que lo haría de inmediato, estaría “orgulloso de hacerlo”. “Con México parece que, haga lo que haga el Gobierno para satisfacer a Trump, nunca es suficiente. Lamentablemente, esto está generando una situación bastante tensa y conflictiva”, afirma Shifter.

Trump contrapuso la situación mexicana con los operativos y ataques extrajudiciales contra supuestas narcolanchas en el océano Pacífico y el Caribe, alardeando de que “ya casi no hay drogas que vengan por el mar”. A su juicio, México ha fallado en sus compromisos contra el crimen organizado: “Perdemos a cientos de miles de personas al año a causa de las drogas, por no hablar de la destrucción familiar. Mucho de eso viene de México, así que no estoy nada contento”.

Los ataques en el Caribe y en el Pacífico contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas han causado por ahora la muerte de más de 200 personas. Se trata, según la experta Guadalupe González, de “ejecuciones extrajudiciales, un acto unilateral del uso de la fuerza”. Al igual que el establecimiento en Venezuela de una situación de “casi neoprotectorado”. “La diferencia con De la Espriella es que se trata de un alineamiento no por imposición, sino por invitación”, concluye la experta, que habla de un menú de distintas fórmulas para establecer “sistemas de control y de disciplinamiento” por parte de la Administración de Trump. Brasil se queda, por el momento, fuera de la arremetida militar de Washington.

Sumisión en Centroamérica

Si la tensión y la resistencia marcan el pulso con México, al sur de la frontera la tónica es opuesta. Los países centroamericanos han mostrado una rápida alineación con la doctrina de seguridad trumpista. Ya sea por cálculo político o por el temor fundado a una intervención directa, la región se ha plegado a las exigencias de Washington. Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero en Caracas, el istmo centroamericano ha vuelto a situarse en el centro neurálgico de la estrategia geopolítica estadounidense, forzando una mutación drástica en la lucha regional contra el crimen organizado.

En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo solicitó formalmente por carta a la Casa Blanca mayor asistencia en capacitación, asesoría operativa e intercambio de inteligencia. Este acercamiento se consolidó con la visita del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, para fortalecer la cooperación bilateral antinarcóticos.

Por su parte, el salvadoreño Nayib Bukele se ha erigido en el principal custodio militar de la estrategia estadounidense en el Pacífico. Bukele asistió en marzo a la cumbre Escudo de las Américas, convocada por Trump en Doral, Florida, para cohesionar a sus aliados ideológicos.

En Honduras, el presidente Nasry Asfura, alineado plenamente con Washington tras el respaldo recibido durante la contienda electoral, ha prometido restituir el tratado de extradición e integrarse plenamente a la Alianza Anticárteles. El alineamiento de Asfura no se ha visto mermado ni siquiera tras el indulto concedido por Trump al exmandatario Juan Orlando Hernández, condenado por la justicia estadounidense por narcotráfico.

En el plano ideológico opuesto, los copresidentes autoritarios de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, temen ser el próximo objetivo de una incursión directa. Bajo la constante presión del Departamento de Estado, el régimen nicaragüense ha optado por erigirse en un estricto muro de contención del narcotráfico para esquivar las embestidas de Washington tras la caída de Maduro.

Finalmente, Costa Rica y Panamá completan este esquema regional. La presidenta costarricense, Laura Fernández, respaldó las iniciativas de Miami, manteniendo una estrecha colaboración con la DEA y la Armada estadounidense en altamar. Por su parte, el panameño José Raúl Mulino ha debido equilibrar una relación compleja, especialmente después de que Trump sugiriera retomar el control del Canal de Panamá, propuesta que desató la indignación generalizada en la región. A pesar de esa fricción, Panamá encabeza las incautaciones continentales con más de 43 toneladas decomisadas en los primeros cinco meses de 2026, demostrando cómo, bajo el temor a las represalias de la Casa Blanca, la región termina amoldándose a la disciplina de Washington.