La interna del oficialismo en Lanús quedó expuesta con una decisión inédita. El secretario de Seguridad del municipio, Sebastián Castillo, presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue una serie de pintadas con la consigna “Cristina Libre” y la firma “La Cámpora” aparecidas en distintos puntos del distrito que gobierna el intendente camporista Julián Álvarez.
La presentación fue radicada ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Avellaneda-Lanús y solicita que se determine quiénes realizaron las pintadas, que, según sostiene el funcionario, provocaron daños sobre bienes públicos y privados. La denuncia reclama además que se preserven pruebas, se analicen cámaras de seguridad y se identifique tanto a los autores materiales como a los eventuales responsables de su organización.
El episodio adquiere especial relevancia porque ocurre dentro de un municipio administrado por dirigentes de La Cámpora, la organización política que aparece firmando las pintadas y que desde la confirmación de la condena contra Cristina Kirchner convirtió el lema “Cristina Libre” en una de sus principales consignas de militancia. En los últimos meses, la agrupación desplegó campañas de pintadas y acciones callejeras en distintos puntos del país para reclamar la liberación de la ex presidenta.
Incluso en las redes sociales, La Cámpora de Lanús subió fotos realizando las pintadas en las calles del municipio a favor de Cristina Kirchner.
En el escrito judicial, Castillo sostiene que los hechos fueron registrados en diferentes lugares y fechas del partido de Lanús. La denuncia señala que las leyendas fueron pintadas sobre distintos inmuebles y que los detalles de cada episodio fueron incorporados en un relevamiento adjunto presentado ante la fiscalía.
El funcionario considera que, al menos de manera preliminar, los hechos podrían encuadrarse en el delito de daño previsto en el Código Penal. Sin embargo, también plantea que la investigación no debería limitarse al perjuicio material ocasionado por las pintadas.
Por ese motivo pidió la intervención de la UFI N° 5, especializada en delitos contra las instituciones, al entender que la reiteración de este tipo de hechos posee una dimensión institucional y afecta la convivencia social, además del patrimonio alcanzado por las pintadas.
Entre las medidas solicitadas a la Justicia figura el relevamiento de fotografías, filmaciones, registros de cámaras públicas y privadas, reportes de campo, testimonios y cualquier otro elemento que permita reconstruir cómo se realizaron las pintadas. También pidió identificar los materiales utilizados —como aerosoles, brochas o rodillos— y avanzar con las medidas de prueba necesarias para preservar la evidencia.
La presentación también solicita que se individualice a los autores y a quienes pudieron haber participado en la organización de los hechos, además de ordenar las diligencias necesarias para determinar responsabilidades penales.
La denuncia abre un nuevo foco de tensión política en Lanús, uno de los principales bastiones del kirchnerismo en el conurbano bonaerense. Julián Álvarez, referente de La Cámpora y exfuncionario nacional durante los gobiernos de Cristina Kirchner, recuperó el municipio para Unión por la Patria en 2023 tras ocho años de gestión de Juntos por el Cambio. Desde entonces, la administración local ha atravesado distintos episodios de fuerte confrontación política y cuestionamientos de la oposición.
Ahora, el conflicto adquiere un matiz particular: la investigación judicial fue impulsada por un funcionario del propio gobierno municipal y apunta a esclarecer pintadas que llevan la firma de la organización política a la que pertenece el intendente. Algunos en el PJ empiezan a sospecha que la denuncia podría indicar un acercamiento del intendente al gobernador Axel Kicillof, hoy distanciado de La Cámpora y el kirchnerismo. Será la fiscalía la que determine si existió un delito, quiénes fueron los responsables y si detrás de las pintadas hubo una acción organizada o se trató de iniciativas individuales.
