El Tribunal Oral Federal de Tucumán dictó una condena de 12 años de prisión contra el excapitán del Ejército Carlos Alberto Vega, hallado responsable de la apropiación de dos hermanos durante la última dictadura militar. Vega, que integró el Destacamento de Inteligencia 142, fue considerado partícipe necesario de la sustracción y ocultamiento de Marcos Eduardo Ramos, restituido en 2018, y de su hermano Elías Ismael Suleiman.
El juicio, que se extendió por más de dos meses, permitió reconstruir el horror que vivió la familia Ramos en noviembre de 1976. Rosario del Carmen Ramos, madre de los niños, fue secuestrada y permanece desaparecida hasta hoy. Ese año, Marcos, de apenas cinco meses, y su hermano Ismael, de 8 años, fueron arrancados de su hogar en Tucumán y trasladados a una quinta en Tafí Viejo. Ismael logró escapar, pero Marcos quedó en poder de sus apropiadores durante más de cuatro décadas.
El testimonio que conmovió al tribunal
La restitución de su identidad en 2018 abrió para Marcos una herida y una posibilidad. Durante el debate, declaró ante los jueces: «Ha cambiado mi vida, antes nunca me había sentido querido». En el transcurso del proceso, nuevos análisis del Banco Nacional de Datos Genéticos revelaron que es hijo de Pastor Dante Campos, también desaparecido, lo que le permitió conocer a su familia paterna.
Los jueces Marta Liliana Snopek, Carlos Alberto Páez y Juan Pablo Rojas determinaron que los crímenes investigados constituyen delitos de lesa humanidad, rechazaron los planteos de la defensa y hallaron a Vega culpable por hacer incierto el estado civil de Ismael y adulterar el de Marcos. El condenado continuará bajo prisión domiciliaria con monitoreo.
Reparación integral y obligación del Estado
El fallo ordenó una reparación integral para las víctimas y la continuidad de su tratamiento psicológico. La magistrada Snopek, al leer la sentencia, enfatizó: «Es obligación del Estado identificar a las personas desaparecidas y garantizar el derecho a la identidad», e instó a preservar el Banco Nacional de Datos Genéticos, la CONADI y los equipos de búsqueda.
La lectura completa de los fundamentos de la sentencia fue fijada para el próximo 26 de agosto, en un caso que no solo hace justicia a dos hermanos, sino que recuerda la deuda pendiente que el Estado argentino mantiene con miles de familias que aún buscan respuestas.
