Tras el revés en el Senado por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Gobierno busca recomponer el diálogo con los gobernadores para avanzar con iniciativas estratégicas. Entre ellas, la reforma de la Ley de Sociedades Comerciales, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que ya tiene media sanción en Diputados.
El proyecto, que reemplaza la normativa vigente desde 1972, introduce dos figuras polémicas: la «Sociedad Automatizada», que opera mediante algoritmos sin trabajadores en relación de dependencia, y la «Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa» (DAO), que funciona con blockchain y tokens sin intervención humana.
Un vacío de responsabilidad
El principal cuestionamiento es que estas sociedades podrían operar sin responsables humanos identificables. Si un algoritmo causa un daño a un tercero, el proyecto no resuelve quién responde. «Habrá que ir a reclamar a Magoya», resumen los críticos.
El texto también legaliza la constitución de capital mediante criptoactivos, lo que dificulta el control de la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre el origen de los fondos. Senadores advirtieron sobre posibles incompatibilidades con las normas internacionales contra el lavado de activos del GAFI.
Ganadores y perdedores
El proyecto beneficia al capital financiero internacional y a las tecnológicas que buscan jurisdicciones con menos controles. Sturzenegger lo admitió sin rodeos: el objetivo es atraer empresas como Apple. Los perdedores estarían entre los trabajadores: las sociedades automatizadas pueden operar «sin requerir trabajadores en relación de dependencia», lo que equivale a una legalización del trabajo monotributista para esquivar cualquier legislación laboral.
Una discusión estancada
El tratamiento en comisión se reanudó tras más de cuarenta días, pero el oficialismo no consiguió quórum inicial y debió recurrir al tercio reglamentario. Ricardo Nissen, extitular de la IGJ, criticó el proyecto por «limitar la responsabilidad del empresario» y permitir que las empresas elijan en qué país y jurisdicción dirimir sus conflictos.
Para destrabar los votos en Diputados, el oficialismo incorporó una cláusula de «Compre Nacional» que obliga a destinar el 20% de la inversión a proveedores locales, una concesión al kirchnerismo.
La oposición sostiene que la reforma no es una simple actualización tecnológica, sino un nuevo capítulo del programa de desvalorización de la fuerza de trabajo, en la misma línea que el DNU 70/23 y la Ley Bases.
