Luego de la llegada y amarre del gigantesco petrolero de bandera británica VS PROMISE en el muelle comercial del Puerto de Ushuaia, que desató un fuerte reclamo por parte del gobierno de Tierra del Fuego, el gobierno de Javier Milei afirmó que «el accionar del buque no viola ninguna ley».
En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, indicó que se trataba de «un tema sensible», por lo cual leyó un descargo oficial: «El VS Promise es un buque petrolero que cargó petróleo crudo en la cuenca del puerto de Cullen, en el norte de Tierra del Fuego, y que luego pasó por el puerto de Ushuaia para provisionarse».
«Es decir, el barco no solo venía de trabajar en Argentina, sino que venía de la propia provincia de Tierra del Fuego. A su vez, la monoboya es jurisdicción provincial, por lo que fue el propio Gobierno fueguino quien avaló el ingreso del buque en primer lugar», enfatizó.
Acto seguido, Ravier argumentó: «El accionar del buque no viola ninguna ley. La Ley provincial existente indica que los buques asociados a Inglaterra no pueden amarrar en puertos fueguinos si están trabajando desde la cuenca Malvinas. En este caso esa ley no aplica en tanto la Ley Gaucho Rivero no prohíbe indiscriminadamente el ingreso a puerto fueguino de todo buque vinculado al Reino Unido«.
Y detalló: «Su Artículo 2 alcanza a aquellos relacionados con la exploración o explotación de recursos naturales en la cuenca de Malvinas. Por este motivo, las autoridades fueguinas permitieron el ingreso del buque y las autoridades nacionales permitieron el aprovisionamiento en puerto«.
«No hay ninguna pérdida de soberanía, no hay ningún riesgo para la Argentina. En todo caso, el aprovisionamiento de este buque también genera actividad económica dentro de Tierra del Fuego y, en todo caso, es una cuestión que estaba bajo la jurisdicción del gobierno de Tierra del Fuego«, sentenció.
Previamente, Andrés Dachary, secretario de Malvinas de la provincia fueguina, había afirmado que se trataba de «una situación inédita y sumamente grave».
«Para nosotros esta es una situación sumamente grave porque es un hecho inédito que nunca se había suscitado. No había antecedentes de estas características. Vos te imaginás la sensibilidad que debería tener para todo el país una cuestión de estas características y máxime para la provincia de Malvinas», enfatizó Dachary en diálogo con El Destape Radio.
En ese marco, el secretario de Malvinas de Tierra del Fuego sentenció: «Nosotros no tenemos eufemismos, somos una provincia invadida. Yo sé que quizás es un poco duro escuchar una cosa así, pero es la forma en la cual Tierra del Fuego entiende que es la situación de Malvinas».
«Es una provincia saqueada en sus recursos naturales, principalmente en pesca, y algo mucho más grave que se asocia a esto que es la explotación de petróleo que va a iniciar en poco menos de dos años y ahí cambia por completo lo que es la ecuación económica de las Islas Malvinas», puntualizó.
Respecto del accionar del gobierno de Javier Milei, Dachary fue categórico: «Nosotros sabíamos desde un principio que si el país había elegido a un Presidente que su ídola era Margaret Thatcher esto no iba a terminar bien».
«Había que ser extremadamente optimista para pensar que iba a haber un giro en ese sentido, pero uno jamás imaginaría que iba a haber una entrega de estas características», agregó.
En otro pasaje de la entrevista, el secretario de Malvinas de Tierra del Fuego brindó detalles sobre la presencia del buque británico: «Es un petrolero que aparentemente con destino final los Estados Unidos. Esto nos parece una situación gravísima porque por supuesto que nuestra provincia desalienta toda la actividad económica que pueda llegar a ser funcional con la usurpación de Malvinas».
«Obviamente cada vez tiene más sentido esta intervención que nadie entendía», disparó Dachary al referirse a la decisión que tomó el Ejecutivo Nacional a mediados del pasado mes de enero de intervenir el puerto de Ushuaia por un plazo de 12 meses, tras detectar serias irregularidades financieras, desvíos de fondos y un riesgo operativo y de seguridad derivado del deterioro de la infraestructura.
En esa línea, el funcionario fueguino arremetió: «No había ningún motivo que justifique lo que fue la intervención. De hecho, el puerto de Ushuaia, un año y medio atrás, había ganado un premio como internacional como uno de los mejores puertos del mundo».
Según informaron fuentes oficiales en aquel momento, la decisión se tomó luego de reiteradas inspecciones sin respuestas concretas por parte de la administración provincial, denuncias de presunto vaciamiento realizadas por los trabajadores portuarios y la preocupación expresada por representantes de las empresas navieras que operan en la terminal austral.
Tierra del Fuego protestó por la presencia de un buque petrolero británico y exigió el fin de la intervención nacional sobre su puerto
El Gobierno provincial emitió un enérgico comunicado en el que repudia y rechaza categóricamente la operación de esta embarcación y subrayó que existe una grave contradicción en la política de defensa del Gobierno nacional.
Para los fueguinos, resulta «inadmisible» que un buque con bandera del Reino Unido opere en el puerto de su propia capital provincial mientras ese país mantiene la ocupación ilegítima sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
La intervención del Puerto de Ushuaia fue justificada por el Gobierno nacional invocando la defensa de la soberanía y de los intereses estratégicos argentinos.
Los hechos ocurridos bajo la administración de la ANPyN exponen hoy una contradicción que no puede ser ignorada. pic.twitter.com/nCzI2CHvef
— Gobierno de Tierra del Fuego, AeIAS (@findelmundoar) August 24, 2026
Según dicta el comunicado de la provincia, la administración de Javier Milei justificó la intervención nacional del Puerto de Ushuaia —ejecutada a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN)— «invocando, precisamente, su carácter de activo estratégico y la necesidad de resguardar la soberanía y los intereses nacionales en el Atlántico Sur».
El amarre del navío británico llevó a que se solicite al Gobierno nacional que «informe de manera inmediata y pública bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación de una embarcación de bandera de la potencia que ocupa ilegalmente parte del territorio provincial en el Puerto de Ushuaia».
