Julio Ezequiel “Apolo” Cancinos tenía apenas 11 años cuando se vio obligado a parar en la calle. Según relató este martes ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, pasó 21 años de su vida a la intemperie. «Llega un momento en que te olvidás de que sos persona, de que sos un ser humano», relató nervioso, frente a diputados y organizaciones sociales.
Pero lo que más duele no es el frío mendigo que cala los huesos. Lo que duele de verdad, según Apolo, es que a las cuatro o cinco de la mañana, cuando la helada azota con más fuerza, aparezca una patrulla acompañada por la Policía de la Ciudad, te levante a empujones, te robe las mantas, el colchón y el cartón que juntaste para no tocar el piso, y encima te verdugueen obligándote a posar para fotos de las que después se van a burlar en un chat.
La historia de Cancinos no es una excepción individual; es la norma metódica de un engranaje estatal que opera a escala nacional. El 5° Informe del Registro Unificado de Violencias (RUV), co-gestionado por la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle y el equipo de investigación Sociabilidades por los Márgenes (Facultad de Psicología, UBA), le pone números a lo que los gobiernos prefieren etiquetar como «problemas individuales de conducta».
Entre el 19 de agosto de 2025 y el 18 de agosto de 2026, el RUV registró 619 hechos de violencia hacia personas en situación de calle en todo el país, que afectaron a un mínimo de 721 personas. Traducido a la cotidianeidad del asfalto: en Argentina ocurre al menos un hecho de violencia hacia alguien que vive en la calle cada 14 horas. Esto sin tener en cuenta el alto número de subregistro por las condiciones propias de este tipo de coerciones.
Los «datos extraviados»
El informe habla conceptualmente de «datos extraviados»: la ausencia de estadísticas oficiales no es un descuido, sino una política deliberada de invisibilización del propio Estado, que muchas veces es el principal victimario de esa violencia.
Sin embargo, el esfuerzo de las organizaciones sociales, estudiantes y profesionales de la universidad pública arroja luz sobre una situación de violencia cotidiana que se ejerce, en general, bajo la oscuridad de la noche. Durante el último año, 151 personas en situación de calle fallecieron en el territorio nacional (un promedio de 13 muertes por mes). El 47% de estas muertes (71 personas) ocurrieron entre mayo y agosto, bajo el azote de las bajas temperaturas. Sin embargo, las organizaciones señalan que el frío no fue el responsable, sino que la responsabilidad está en la deserción absoluta del Estado hacia estas personas.
Además, denuncian un agravamiento de la situación en correlato directo de la destrucción de las pocas redes de contención existentes. A nivel nacional, el gobierno de Javier Milei decidió desactivar mediante decretos la Ley Nacional para Personas en Situación de Calle (Ley 27.654), destruyendo la única herramienta federal que —aunque incompleta— las organizaciones habían logrado sancionar tras años de lucha. Mientras tanto, en las provincias, la desidia replica el formato: en Río Negro, por ejemplo, la ley provincial de asistencia a personas en situación de calle (que tiene un texto casi idéntico al de la ley nacional) lleva años sin reglamentarse, sin presupuesto asignado ni un área estatal que se haga cargo de su implementación.
El vacío legal se llena con violencia en tres dimensiones identificadas por el RUV: la violencia estructural (el daño material directo de vivir a la intemperie, que causó el 23,9% de los casos nacionales); la violencia social (agresiones físicas de vecinos o peatones alimentadas por discursos de odio, con un 18,6%); y la violencia institucional (ataques físicos y simbólicos de fuerzas de seguridad y funcionarios municipales), que es la mayor responsable de las agresiones contra la población en situación de calle, con el 57,5% de los casos nacionales.
CABA: La política de «limpiar» la vereda
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabeza el podio del hostigamiento. Concentra 349 casos de violencia (el 56% del total país) y lidera la tasa nacional con 11,66 personas afectadas cada 100.000 habitantes. En CABA, la violencia institucional no es un exceso marginal: representa el 86,5% de los hechos registrados. El gobierno de Jorge Macri ensaya una «política bifronte» donde la tímida asistencia socio-asistencial coexiste con una violenta lógica punitiva y de expulsión.
Los datos provistos por la Dirección de Asistencia a las Personas Privadas de su Libertad del Ministerio Público de la Defensa (MPD) desmontan el relato oficial: las detenciones a personas en situación de calle en la Ciudad crecieron un 15% entre 2024 y 2025 (pasando de 1.288 a 1.479 casos). En contraste, en el mismo período, las detenciones al resto de la población subieron solo un 8%. No se previene el delito, se persigue la pobreza.
¿Bajo qué cargos interviene el Estado? El 75% de estas detenciones con violencia institucional se carátula bajo la figura discrecional de «atentado y/o resistencia a la autoridad». Un comodín judicial que permite justificar palizas, secuestrar pertenencias y maquillar de «seguridad» los desplazamientos forzados.
Pero esta avanzada represiva encontró un nuevo blanco: las organizaciones sociales que cocinan y acompañan en el territorio. Ante la deserción del Estado, el gobierno porteño comenzó a hostigar a los militantes pidiéndoles requisitos impracticables para asambleas populares —como habilitaciones comerciales de manipulación de alimentos para servir comida en una plaza— con el único objetivo de desgastar la organización colectiva y despejar el espacio público de ollas comunitarias.
Mar del Plata: la crueldad como campaña electoral
Si en CABA la violencia se maquilla de orden, en “la feliz” se convirtió directamente en un spot de campaña. El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro montó un dispositivo oficial de violencia planificada y financiada por las arcas públicas.
En 2024, las organizaciones de la periferia marplatense empezaron a notar una escena calcada: chicos, chicas, trapitos y cartoneros golpeados, descalzos, sin abrigo y despojados de sus DNIs en pleno invierno. Todos acusaban al mismo grupo de municipales que patrullaba de madrugada. La reconstrucción realizada por las organizaciones permitió identificar la existencia de un convoy clandestino compuesto por cuatro camionetas Hilux y un auto blanco sin patentes, donde viajaban entre 15 y 20 operarios con pasamontañas dedicados a «rastrillar» el centro de la ciudad. Su tarea consistía en despertar a golpes e insultos a quienes dormían en recovas, robarles los colchones, frazadas, mochilas, documentación y medicamentos indispensables. Las denuncias hablan de golpes a embarazadas e incluso la agresión contra un joven mientras sufría un ataque de epilepsia.
La crueldad estatal dio un salto de escala cuando Montenegro decidió blanquear y publicitar el accionar ilegal de la patrulla para ganar las elecciones de 2025. El intendente comenzó a subir videos a sus redes oficiales exponiendo las caras de las personas en situación de calle en sus lugares de pernocte, interrogándose de manera denigrante sobre sus antecedentes y nacionalidad, tratándose de «extranjeros peligrosos» que debían abandonar la ciudad y ridiculizando a personas fallecidas en la calle, como el Champion, el Vasco Gustavo o Bria.
En julio de 2025, un recurso de habeas corpus colectivo resuelto por el juez Juan Tapia —y confirmado por la Cámara de Apelaciones— le puso un límite a la barbarie municipal, prohibiendo a la patrulla golpear a las personas de la calle y secuestrarles sus objetos de uso personal. Pese al fallo, el daño ya estaba hecho: Mar del Plata consolidó un «laboratorio de crueldad» que otros municipios imitan.
Hacer «Magia» donde el Estado deserta
Frente al paisaje de crueldad y desensibilización que los gobiernos planifican desde sus despachos oficiales, lo único que se interpone entre la intemperie y la muerte es la organización popular y la militancia que resiste.
Paula Velázquez, referente de la organización No Tan Distintes, sabe perfectamente lo que implica habitar el asfalto porque ella misma sobrevivió en la calle. Desde su espacio de acompañamiento a mujeres y diversidades en Boedo, relata la frustración cotidiana de llamar de manera sistemática al sistema asistencial porteño y recibir siempre la misma respuesta: no hay vacantes.
Ante esa bronca, y decididas a no dejar a ninguna compañera a la deriva en la noche, el año pasado inventaron el proyecto «Magia». Mediante autogestión, alquilaron habitaciones de hotel para compartir camas y abrieron de par en par las puertas de sus casas colectivas autogestionadas (Casa Leonor en Merlo y Casa Andrea) para alojar a las pibas que el Estado descartaba.
«Le pusimos Magia porque fue algo que salió del corazón y que va a seguir funcionando porque nos da bronca que al final de la noche a la piba le digan que no y se tenga que quedar ahí», relató este martes ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
El 5° Informe del RUV no constituye una serie estadística uniforme ni busca competir con censos oficiales manipulados; es, fundamentalmente, una contra-pedagogía del cuidado. Es la prueba irrefutable de que, contra las patrullas sin patentes, el robo de frazadas y las leyes desguazadas, existen redes federales de asambleas que militan desde la indignación para gritar bien fuerte que estas vidas sí importan, que tienen nombre, historia y dignidad, y que no van a dejar que las sigan barriendo de la vereda.
