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Un año más, muere Chanquete y se acaban las vacaciones para la mayoría. A quien se haya podido escapar de la ciudad, le toca volver a casa. A ese sofá gastado pero añorado en el resort de todo incluido, o al colchón que no se cambió para poder pagar los billetes de avión. Y, lo que nos iguala a muchos: volver a edificios infestados de cables de teléfono y de internet en sus fachadas. La cosa es maravillosa. Contratas para tu casa la línea de fibra en alguna de las cuatro compañías que se reparten el mercado. Esperas a que te llamen para la instalación, que difícilmente la hará la misma compañía. Según cómo, la persona que venga a colocarte el rúter es, a su vez, subcontratado de la empresa instaladora y cobra por trabajo hecho. Buscará pues la manera más fácil de conectar el origen de la señal con tu vivienda. Sube al terrado, se asoma a la calle y deja caer el cable. Quizá lo sujeta con una precaria grapa y, gracias a un agujero de taladro en tu fachada, ya puedes ver lo que pasa en la Estación Espacial Internacional. Y la Ley General de Telecomunicaciones considera que esto es legal, por la importancia del servicio que se presta. Dicha ley incluso permite a los operadores la “expropiación forzosa de la propiedad privada.” Olé tú. De ser necesario, las comunidades vecinales han de ceder –gratis–un derecho de paso hacia otras fincas, duplicando así la dejadez. Cuando un gobierno decide que algo es de interés prioritario, ¡a fe que lo es! Y, alguna que otra vez, dicho interés coincide con el de la ciudadanía.
Hablamos de compañías de telecomunicaciones presentes en medio mundo y que no se acaban los millones que ganan por mucho patrocinio deportivo y cultural que veamos. Y les puede dar absolutamente igual la jungla de cables generada porque la ley se lo permite. Es innegable que hoy en día la conectividad inmediata es indispensable. Y España –mejor dicho, sus zonas urbanas– tienen una cobertura muy superior a muchos países de la Unión Europea. Pero no es excusa para permitir las agresiones estéticas que vemos en cualquier lado. Después, los ayuntamientos aprueban normativas para proteger el patrimonio, el paisaje urbano y mil cosas más. Pero siempre apuntando hacia el vecino de abajo. Con los de arriba ni se atreven porque una ley superior los protege.
Los ayuntamientos aprueban normativas para proteger el patrimonio, pero apuntando hacia el vecino de abajo
Hace apenas dos semanas, Barcelona ha hecho cambiar rápidamente un escaparate de color pastel de queso ya que incumplía la normativa al sobresalir de la vertical de la edificación. Mientras, en la misma finca subsisten cables de una época en la que el cheesecake no existía ni en los guiones más imaginativos. El pasado 13 de julio se cumplieron veinticinco años de la muerte de Miguel Gila, humorista del absurdo humano. En parte, casi mejor que no llegase a ver la eclosión de estas nuevas tecnologías y las leyes relacionadas, porque hubiera sospechado que algún ministerio le robaba el chiste del teléfono.
