Hace dos semanas, el mundo político de General Rodríguez quedó sacudido por una denuncia pesada, grave y profunda. Nicolás Rapazzo, secretario de Seguridad, denunció ante la Justicia Penal al concejal de Fuerza Patria, exsecretario privado del intendente Mauro García, por sus supuestos vínculos con estructuras del narcotráfico.
El legislador pidió licencia y asumió inmediatamente su compromiso ciudadano y político de estar a disposición de la justicia, a quien se le esgrime celeridad. El Intendente Mauro García ofreció testimonio periodístico y asegurá «confiar en la inocencia de Javier Tarragona«.
Este viernes 28 de agosto el fiscal que recibió la denuncia de Rapazzo emitió una resolución categórica, situada en una «denuncia carente de pruebas mínimas«, lo que abre un vértice político que ningún actor puede desconocer.
La denuncia presentada por el secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal de General Rodríguez, Nicolás Rapazzo, contra el concejal de Fuerza Patria, Javier Tarragona, fue archivada por la Fiscalía por falta de elementos que permitieran acreditar los graves delitos denunciados.
La resolución fue firmada por el doctor Freider, titular de la UFI N.º 12, quien dispuso el archivo de la investigación identificada como PP-19-00-021103-26/00, aunque dejó abierta la posibilidad de reabrirla ante la eventual aparición de nuevos elementos.
El expediente se inició a partir de una denuncia formulada por Rapazzo, quien aseguró haber recibido información de un vecino que pidió preservar su identidad por temor a posibles represalias. Según el relato incorporado a la presentación, ese informante habría vinculado a Tarragona con una supuesta asociación ilícita, comercialización de estupefacientes y una red de narcotráfico, llegando a señalar que el concejal tendría una presunta “cocina” de clorhidrato de cocaína y vínculos con quienes “manejan la droga en General Rodríguez”.
Sin embargo, para el fiscal, la denuncia no aportó elementos concretos que permitieran avanzar sobre esas acusaciones.
La denuncia fue ratificada, pero sin nuevos elementos
Uno de los puntos centrales de la resolución está relacionado con la declaración posterior de Rapazzo ante la Fiscalía.
El secretario de Seguridad fue convocado para ratificar su denuncia y prestó declaración testimonial. Según el análisis del fiscal, en esa instancia se limitó a confirmar el relato que había recibido de un tercero, sin aportar nueva información ni elementos adicionales que permitieran profundizar la investigación.
La resolución también cuestionó la rápida repercusión pública que tuvo la denuncia. El fiscal señaló como llamativo que el expediente haya adquirido “inmediata repercusión mediática y estado público” desde su presentación, pese a la gravedad de los delitos denunciados.
Para el funcionario judicial, esa exposición pública resultó incluso contraproducente para una investigación de estas características, debido al deber de reserva que debe rodear este tipo de investigaciones y porque la difusión de la denuncia puede generar obstáculos para una instrucción eficiente.
Tarragona se presentó y entregó su teléfono
Ante la denuncia, Javier Tarragona se presentó espontáneamente ante la Fiscalía con asistencia letrada y negó cualquier participación o vinculación con los delitos señalados.
El concejal presentó documentación vinculada con su función legislativa, recibos de haberes, información crediticia y documentación correspondiente a un vehículo de su propiedad.
Pero además realizó un ofrecimiento que adquiere particular relevancia en el expediente: entregó voluntariamente su teléfono celular, la tarjeta SIM y el PIN de acceso, poniéndolos a disposición de la Justicia para un eventual análisis de sus comunicaciones.
La Fiscalía también ordenó distintas medidas para verificar información sobre Tarragona, entre ellas sus domicilios, eventuales investigaciones vigentes y antecedentes que pudieran relacionarlo con delitos vinculados al narcotráfico.
El resultado de esas medidas tampoco permitió encontrar elementos que sostuvieran las acusaciones formuladas en la denuncia.
PROCUNAR no encontró vinculación con investigaciones por narcotráfico
Uno de los datos incorporados al expediente fue la respuesta obtenida desde la Fiscalía General Departamental, que certificó información de la PROCUNAR respecto de Tarragona.
Según la resolución, esa certificación determinó que no existía vinculación de Tarragona con investigaciones relacionadas con narcomenudeo o narcotráfico.
Para el fiscal Freider, ese resultado se suma a la falta de precisiones contenidas en la denuncia original.
La resolución remarca que no se estableció una franja temporal concreta para la supuesta comisión de los delitos, ni se aportaron nombres, apellidos, apodos u otros datos que permitieran identificar a eventuales integrantes de una organización criminal.
Tampoco se aportaron elementos que permitieran acreditar o ubicar la presunta “cocina de cocaína” mencionada en la denuncia.
Una denuncia sin sustento para continuar la investigación
En términos contundentes, el fiscal concluyó que ni el contenido original de la denuncia ni su posterior ratificación aportaron elementos de relevancia suficientes para acreditar las graves acusaciones formuladas contra el concejal.
Por ese motivo, resolvió:
“ARCHIVAR la presente investigación hasta la aparición de nuevos elementos que justifiquen su reapertura”, de acuerdo con lo establecido por el artículo 268, cuarto párrafo, del Código Procesal Penal bonaerense.
El dato político e institucional, sin embargo, resulta significativo: la denuncia fue presentada por el propio secretario de Seguridad contra un concejal en ejercicio; que ratificó sin ninguna prueba y terminó archivada por la Fiscalía ante la ausencia de elementos concretos que permitieran sostener las acusaciones de narcotráfico y asociación ilícita.
Tarragona volverá rápidamente a su banca.
Rapazzo ¿seguirá en el gabinete municipal de Mauro García?
