La Justicia consideró que la acusación impulsada por el secretario municipal Nicolás Rappazzo no contaba con pruebas mínimas para avanzar. El edil se había apartado temporalmente de su banca después de que el caso tomara estado público.
La Sede Fiscal del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez ordenó archivar la causa penal contra el concejal oficialista Javier Tarragona, quien había sido denunciado por su presunta vinculación con la comercialización de estupefacientes en General Rodríguez.
La resolución fue firmada este viernes y concluyó que la acusación no contaba con elementos probatorios mínimos que permitieran impulsar la investigación. El fiscal también cuestionó las medidas solicitadas en la presentación y advirtió que avanzar en esas condiciones podía convertirse en una “caza de brujas”.
El expediente se había iniciado a partir de una denuncia presentada por el secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal municipal, Nicolás Rappazzo. El funcionario trasladó ante la Justicia el testimonio de un vecino que, bajo reserva de identidad, señaló que Tarragona presuntamente operaba una “cocina” de cocaína y encabezaba una red de narcotráfico local.
La Justicia cuestionó la falta de datos
De acuerdo con la resolución, al ratificar la denuncia Rappazzo no incorporó nuevos elementos ni indicios concretos que permitieran orientar la pesquisa.
El relato que dio origen a la causa no precisaba cuándo se habrían cometido los delitos, dónde funcionaría la supuesta fábrica de drogas ni quiénes serían los restantes integrantes de la organización denunciada.
“Promover la instrucción sobre una base de actos de investigación a resultancia se traduce en la búsqueda de algo que se desconoce, a lo que pueda posiblemente aparecer”, señaló el fiscal.
Para el Ministerio Público, la Justicia penal no puede avanzar sobre la base de sospechas sin sustento ni iniciar una investigación abierta con la expectativa de que eventualmente aparezca algún elemento incriminatorio.
Tarragona entregó su teléfono y no tenía antecedentes
Luego de tomar conocimiento de la denuncia, Tarragona se presentó espontáneamente ante la Justicia acompañado por su abogado y entregó su teléfono celular, la tarjeta SIM y el código PIN para que sus comunicaciones fueran peritadas.
Además, los informes solicitados a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y a la Fiscalía General Departamental determinaron que el concejal no registraba antecedentes penales ni investigaciones anteriores relacionadas con el narcotráfico o el narcomenudeo.
Tras conocerse públicamente la acusación, Tarragona había solicitado una licencia en el Concejo Deliberante de General Rodríguez para ponerse a disposición de la Justicia y evitar que la investigación afectara el funcionamiento del cuerpo legislativo.
Las declaraciones de Rappazzo al presentar la denuncia
Cuando el caso tomó estado público, Rappazzo había defendido su actuación y asegurado que desde enero de 2025 recibió más de 500 denuncias vinculadas con la presunta venta de drogas.
“Yo no trabajo para la política, trabajo para los vecinos”, afirmó entonces el funcionario municipal, y añadió: “Cuando asumí, mi prioridad fue la lucha contra el narcotráfico y el intendente me dio su total apoyo. Caiga quien caiga”.
En una entrevista anterior con InfoBAN Radio, Rappazzo había definido la lucha contra el narcotráfico como “el eje central” de su gestión y explicado que la Secretaría recibía información anónima de vecinos para luego formular las presentaciones correspondientes ante la Justicia.
Cuestionamientos por la difusión del caso
La resolución también cuestionó la repercusión mediática que tuvo la denuncia prácticamente al mismo tiempo que era presentada ante la Fiscalía.
Según el fiscal, esa difusión resultó contraria al sigilo que requieren las investigaciones vinculadas con el narcotráfico y pudo transformarse en un obstáculo para el trabajo judicial.
Finalmente, la causa fue archivada en los términos del artículo 268 del Código Procesal Penal bonaerense. La investigación solamente podrá reabrirse si durante el plazo legal aparecen pruebas nuevas, concretas y relevantes que justifiquen retomar la pesquisa.
