El dato surge del 5° Informe del Registro Unificado de Violencias hacia Personas en Situación de Calle (RUV), que relevó lo ocurrido entre el 19 de agosto de 2025 y el 18 de agosto de 2026.
La cifra equivale a un hecho de violencia cada 14 horas y contempla agresiones físicas y simbólicas ocurridas tanto en el espacio público como en instituciones.
También incorpora fallecimientos vinculados con las condiciones de vida a la intemperie o con la falta de asistencia.
El informe advierte, además, que se trata de un piso mínimo de la problemática debido al fuerte subregistro que existe alrededor de una población que muchas veces permanece fuera de los registros oficiales de la justicia.
Desde 2022, el acumulado alcanza los 1.517 hechos de violencia, que involucraron a un mínimo de 1.983 personas.
CABA concentra más de la mitad de los casos
Uno de los principales datos del informe aparece al observar la distribución territorial. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró 349 hechos, más de la mitad del total relevado durante el período.
De ese universo, 280 pudieron ser geolocalizados por comuna, lo que permitió profundizar el análisis territorial de las situaciones de violencia.
El informe también señala como indicador crítico la muerte de más de dos personas en situación de calle por mes dentro de la Ciudad.
Fuera de CABA, el registro se nutrió de información proveniente de distintos puntos del país, con nodos activos en Mendoza, San Luis, Mar del Plata, Salta y San Juan.
Cuatro formas de violencia
El Registro clasifica las situaciones relevadas en cuatro grandes dimensiones.
La violencia estructural comprende las lesiones graves y fallecimientos relacionados con las condiciones materiales de vida en la calle, la exposición a la intemperie y la falta de asistencia.
La violencia institucional incluye el hostigamiento, los maltratos, los robos de pertenencias, las detenciones y los desalojos o desplazamientos forzados realizados por fuerzas de seguridad y justicia u otros agentes estatales.
En tanto, la violencia social reúne las agresiones físicas y simbólicas protagonizadas por ciudadanos particulares, vinculadas con procesos de estigmatización, rechazo y aversión hacia quienes viven en la calle.
Finalmente, la violencia de género contempla situaciones que afectan específicamente a mujeres y personas del colectivo LGBTQ+, entre ellas agresiones físicas, amenazas, abusos, violencia sexual, femicidios y transfemicidios.
La contradicción de las políticas estatales
Uno de los ejes centrales del informe es la existencia de lo que sus autoras denominan “políticas bifrontes”: la convivencia de medidas de asistencia con respuestas de carácter represivo y punitivo.
Así, en un mismo territorio pueden coexistir paradores, operativos de asistencia durante el invierno, entrega de alimentos y otros dispositivos sociales con mecanismos de control policial, hostigamiento y expulsión del espacio público.
Según el análisis, durante el período estudiado se profundizaron las respuestas orientadas al desplazamiento de las personas en situación de calle, en lugar de abordar las causas estructurales que las llevaron a esa situación.
El informe también cuestiona las narrativas que presentan la problemática desde una mirada individual, asociándola exclusivamente con cuestiones personales, patologías o conductas particulares, y advierte que ese enfoque puede terminar reforzando la criminalización y la estigmatización.
Mujeres y diversidades, frente a una violencia específica
El relevamiento incorpora además un análisis cualitativo de 20 casos de mujeres y personas de la diversidad sexual en situación de calle.
Allí aparecen situaciones de violencia sexual, amenazas, abusos y distintas formas de desprotección. Una de las principales advertencias está vinculada con los propios dispositivos estatales de alojamiento nocturno, donde también se registraron situaciones de hostigamiento y vulneración de derechos.
El informe plantea que las experiencias de las mujeres y diversidades no pueden analizarse únicamente desde la situación de calle, ya que se superponen distintas formas de violencia y desigualdad.
Un registro que busca mostrar lo que no aparece
El RUV es elaborado por la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle y el grupo de investigación Sociabilidades por los Márgenes, vinculado a la Facultad de Psicología de la UBA y al CONICET.
Para construir sus registros combina el monitoreo de medios digitales con información aportada por organizaciones sociales, formularios, comunicaciones comunitarias y datos oficiales obtenidos mediante pedidos de información pública.
La propia metodología reconoce una dificultad central: muchas de las situaciones nunca llegan a convertirse en una denuncia, no son registradas por organismos oficiales o directamente no son difundidas públicamente.
Por eso, los 619 hechos relevados no representan el universo total de la violencia contra las personas en situación de calle, sino una aproximación mínima a una problemática que, según el informe, permanece parcialmente oculta.
En ese sentido, el registro busca no sólo cuantificar las agresiones sino también convertir esas situaciones en evidencia para visibilizar las vulneraciones y exigir respuestas estatales.
