El bloque de concejales Fuerza Patria de Bragado emitió un comunicado para fijar su postura frente a la situación del concejal Germán Díaz, de La Libertad Avanza, quien se encuentra privado de su libertad e imputado en una causa por presunta comercialización de estupefacientes. Desde el espacio opositor marcaron una clara distinción entre la responsabilidad penal y la responsabilidad política, enfatizando que la gravedad de los hechos exige prudencia, seriedad y el resguardo de la institucionalidad local.
Respecto a la faz judicial, el bloque remarcó que Díaz está en condición de imputado y no de condenado, por lo que corresponde respetar estrictamente las garantías constitucionales, el debido proceso y la presunción de inocencia. En tal sentido, expresaron que el Concejo Deliberante no debe reemplazar la tarea de los jueces, anticipar condenas ni atribuir responsabilidades penales, dado que esa es una facultad exclusiva de la Justicia.
En cuanto al plano político, remarcaron que la responsabilidad de un representante no comienza recién con una sentencia judicial firme. Sostuvieron que las bancas representan la credibilidad de las instituciones democráticas y que la situación exige respuestas políticas claras. Por ello, confirmaron que acompañaron la conformación de una Comisión Especial para seguir la evolución del expediente judicial y que respaldaron la licencia solicitada por Díaz para que permanezca apartado de su función mientras avance la investigación.
Asimismo, desde Fuerza Patria contextualizaron el hecho dentro del escenario político nacional y criticaron el discurso de La Libertad Avanza. Señalaron que el partido oficialista construyó su identidad sobre banderas de moralidad y transparencia, pero afirmaron que tras diversos episodios el espacio muestra un patrón preocupante donde la proclama ética entra en contradicción con hechos de gravedad. Indicaron que lo sucedido en Bragado no puede analizarse como un caso aislado.
Finalmente, el comunicado concluye recordando que la banca parlamentaria pertenece al pueblo de Bragado y no a un dirigente en particular. Reafirmaron la postura del peronismo de concebir la función pública como un mandato popular y un compromiso ético con la comunidad, sosteniendo que la prioridad debe ser cuidar las instituciones y poner el interés colectivo por encima de cualquier especulación o conveniencia política.
