Tras el fallo de la jueza federal 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, que dispuso el procesamiento con prisión preventiva de los principales acusados en la denominada Causa Exen, surgieron dudas respecto al alojamiento de los detenidos en la Unidad Regional 7.
La resolución judicial alcanzó a Federico Alejandro Clinis Canal, Sergio Nicolás Clinis Canal y Mauro Emmanuel Lugo Heim, señalados como coautores del delito de lavado de activos agravado por habitualidad. También fueron procesados María Graciela Canal y Jorge César Alberto Vargas, aunque estos últimos cuentan con el beneficio de la prisión domiciliaria.
En principio, trascendió que los tres primeros ya habían sido trasladados al penal federal, pero fuentes penitenciarias y la defensa consultadas por NORTE desmintieron el movimiento. Actualmente, Federico Clinis Canal y Mauro Lugo Heim permanecen alojados en el Departamento de Investigaciones Complejas, mientras que Sergio Clinis Canal se encuentra en la División Microtráfico. El traslado al presidio federal depende de la disponibilidad de cupos por parte del Servicio Penitenciario Federal, situación que aún no se concretó.
Además, la jueza Niremperger ordenó un embargo millonario sobre los bienes de los imputados: los Clinis Canal y Lugo Heim tendrán que cubrir $5.820.687.000 cada uno, y Vargas $2.910.343.500.
La estrategia de la defensa
La abogada Gabriela Tomljenovic, representante de cinco de los implicados, prepara una apelación contra el procesamiento y las medidas cautelares, incluyendo la prisión preventiva. El próximo miércoles 3 de septiembre se realizará una audiencia clave, donde insistirá en la apelación a la denegatoria de la excarcelación y la prisión domiciliaria en subsidio impulsada durante las primeras horas de detención de sus clientes. Para el caso del detenido Vargas, Tomljenovic cuenta como codefensora a su colega Patricia Harnisch.
Cabe recordar que los allanamientos dirigidos por el fiscal federal Patricio Sabadini derivaron en el desmantelamiento de todos los gimnasios Exen Gym, con el secuestro de documentación, dinero y equipamiento, que fue entregado a Gendarmería Nacional, lo que originó malestar entre los empleados de los gimnasios al ver la pérdida de sus fuentes de trabajo.
