La entrada en vigencia desde el próximo sábado 5 del nuevo régimen penal juvenil, que vuelve imputables de delitos penales a adolescentes desde los 14 años (el límite era de 16) vuelve a generar preocupación entre sectores del sistema judicial, que advierten que las provincias no cuentan actualmente con las condiciones necesarias para afrontar las nuevas obligaciones que establece la normativa.
En ese contexto, la defensora general oficial del Chaco, Alicia Alcalá, cuestionó el alcance de la reforma y sostuvo que la nueva legislación no resolverá los problemas de inseguridad que atraviesa el país. Además, planteó que la discusión sobre la responsabilidad penal de los adolescentes fue abordada desde una perspectiva política y electoral, sin contemplar las capacidades reales de las provincias para aplicar el nuevo sistema.
«Tiene un marcado tinte proselitista, por uno de los temas y promesas del presidente de la Nación en la campaña», afirmó a NORTE.
La funcionaria recordó que desde antes de la sanción de la norma distintos sectores vinculados al trabajo con adolescentes habían advertido sobre sus posibles consecuencias.
Uno de los principales cuestionamientos de Alcalá apunta a que la legislación, según su mirada, fue diseñada tomando como referencia las problemáticas de los grandes centros urbanos, sin considerar las diferencias existentes entre las distintas provincias argentinas.
«Como siempre, en la mayoría de los casos se legisla viendo la realidad quizás de las urbes más grandes, como puede ser Buenos Aires, Córdoba, quizás Santa Fe, pero no es la realidad del resto del país», señaló.
Para Alcalá, el Congreso desoyó las advertencias realizadas por especialistas y operadores del sistema judicial. «Lamentablemente el Congreso hizo caso omiso a todas las opiniones, incluso a las estadísticas, y sancionó esta ley», cuestionó.
IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR
Pero su mayor preocupación está vinculada con lo que ocurrirá a partir de la entrada en vigencia de la normativa. La defensora general aseguró que el problema no se limita al Chaco, sino que alcanza a todo el país.
«Ninguna provincia está en condiciones de implementar la ley con todos los requisitos que existen», sostuvo.
Alcalá puso el foco además en una cuestión que considera central: la Nación establece nuevas obligaciones para las provincias, pero no contempla el financiamiento necesario para que puedan llevarlas adelante.
«Se ponen una serie de requisitos, pero las provincias no reciben un peso para poder cumplirlos», cuestionó.
La nueva normativa contempla la existencia de dispositivos específicos para adolescentes, equipos técnicos interdisciplinarios y diferentes mecanismos de seguimiento. Entre ellos aparece la figura del supervisor, que para Alcalá representa una de las dificultades más importantes para las provincias.
«Se requieren equipos técnicos que tendrían que trabajar con los adolescentes, una infinidad de profesiones, de oficios, de gente que la provincia del Chaco ni tiene ni está en condiciones de solventar», explicó.
Y agregó: «Ni siquiera sé si habrá algún profesional que reúna todos los requisitos que, por ejemplo, exige la figura del supervisor. Es prácticamente una utopía».
Frente a este escenario, Alcalá indicó que los defensores generales del país plantearon la necesidad de postergar la entrada en vigencia del nuevo régimen.
La solicitud, aclaró, no apunta a derogar la norma ni a impedir su aplicación definitiva, sino a contar con un período adicional para que las provincias puedan preparar la infraestructura y los recursos necesarios.
