El diputado bonaerense de Fuerza Patria, Ricardo Lissalde, presentó un proyecto para rechazar la privatización de la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión (Transener S.A) , en el que denunció que durante la distribución de dividendos por más de $253.500 millones se utilizaron fondos públicos para financiar y amortizar la compra de las acciones.
La iniciativa pone el foco sobre una operación que ya había generado cuestionamientos a partir de la distribución de $253.536 millones en dividendos, aprobada pocos días después de concretarse el cambio de control de la compañía. Según el proyecto de Lissalde, los nuevos grupos adquirentes están conformados por Genneia, Edison (vinculada a la familia Neuss), Newsan y el fondo Inverlat, mientras que la participación estatal, que estaba en manos de Enarsa, había sido transferida en el marco del proceso de privatización.
La polémica se originó en la propia estructura de la operación, ya que el Estado nacional vendió su participación en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica S.A (Citelec), la sociedad que controla Transener, al consorcio integrado por Edison Energía y Genneia, que desembolsó alrededor de US$356 millones por el 50% de la compañía.
Sin embargo, pocos días después de concretarse el cambio de control, los nuevos accionistas participaron en la distribución de los dividendos, de los cuales Edison Energía y Genneia recibieron en conjunto unos US$44,6 millones, mientras que Pampa Energía, que ya formaba parte de la estructura de control, obtuvo aproximadamente US$44,7 millones.
El punto que generó el cuestionamiento es el origen de esos dividendos y su relación con la venta. Según el legislador, el dinero distribuido provenía de reservas que la empresa tenía destinadas a futuros dividendos. El Estado había decidido preservar esas ganancias antes de desprenderse de su participación, pero finalmente no llegó a cobrarlas.
Lissalde sostiene que los nuevos propietarios utilizaron fondos líquidos y reservas generadas por la propia Transener durante su etapa de gestión estatal para afrontar parte del desembolso realizado para adquirir las acciones. En el proyecto, el diputado califica la operatoria como una “escandalosa maniobra corporativa y financiera” y expresa su rechazo a lo que considera un perjuicio para los intereses públicos.
“Recientes investigaciones periodísticas y la documentación oficial remitida a la Comisión Nacional de Valores (CNV) sacaron a la luz una maniobra tan insólita como lesiva para los intereses públicos: el grupo empresario adquirente consumó una operación donde, a los pocos días de perfeccionarse la transferencia accionaria de la participación estatal en Citelec, el nuevo directorio resolvió la distribución de dividendos en efectivo por la friolera de 253.536 millones de pesos”, expuso Lissalde.
FUENTE: DIPUTADOS BONAERENSE
