Los diputados de Semilla presentaron en el Congreso de Guatemala la iniciativa 6839 para crear un Digesto Jurídico Nacional, una plataforma estatal y gratuita que ordenaría, actualizaría y conectaría la legislación vigente, con el objetivo de resolver la dispersión actual de leyes, reglamentos y acuerdos entre fuentes oficiales y sistemas privados de pago.
Si la propuesta es aprobada, entraría en vigor el 1 de enero de 2027 y funcionaría como un sistema de consulta y referencia integrado al sitio web del Organismo Legislativo.
La propuesta fue presentada y remitida a la Dirección Legislativa. El proyecto plantea una implementación gradual, con prioridad para las normas de mayor jerarquía e impacto público, y prevé compatibilidad con teléfonos móviles.
El problema que busca atender es concreto: hoy las normas guatemaltecas están distribuidas entre el Diario de Centro América, repositorios institucionales y plataformas privadas, sin una herramienta pública que permita revisar de forma integrada reformas, derogatorias, suspensiones, versiones anteriores y relaciones entre disposiciones.
Según la exposición de motivos, esa dispersión encarece la asesoría legal, debilita la seguridad jurídica y contradice el principio de que nadie puede alegar ignorancia de la ley.
El diputado Raúl Barrera explicó que la iniciativa busca poner a disposición de la población todas las leyes, reglamentos, acuerdos y ordenanzas vigentes en una sola plataforma de consulta gratuita. Durante la presentación, señaló que una suscripción privada para acceder a leyes y reglamentos actualizados cuesta Q2.095.
Barrera calificó esa situación de “inaceptable” y sostuvo: “Esta iniciativa de ley busca garantizar un derecho que el Estado ha negado, el conocimiento actualizado de las leyes reglamentos acuerdos y disposiciones de cumplimiento general para toda la población, debe ser suministrado de manera gratuita para que la población tenga el conocimiento de todas la leyes y acuerdos vigentes en Guatemala”.
La iniciativa establece que el Digesto Jurídico Nacional no reemplazaría al Diario de Centro América ni crearía, reformaría o anularía normas. Su función sería organizar y facilitar la consulta de la información jurídica; en caso de discrepancia, prevalecería siempre la fuente oficial.
La plataforma permitiría buscar una ley o reglamento, identificar su fuente oficial, revisar sus modificaciones y consultar las disposiciones relacionadas. También incorporaría versiones históricas para seguir la evolución de cada norma a lo largo del tiempo.
El proyecto prevé que cada disposición tenga un identificador normativo único y que los textos consolidados posean únicamente valor informativo. Esa estructura distinguiría al Digesto de la Biblioteca Digital del Congreso: mientras esta última permitiría encontrar y consultar documentos, el nuevo sistema ordenaría vínculos entre normas, cambios y fuentes oficiales.
La cobertura sería progresiva e incluiría la Constitución, tratados vigentes, decretos del Congreso, reglamentos y acuerdos del Ejecutivo, normativa de entidades autónomas y municipalidades, además de sentencias de inconstitucionalidad y jurisprudencia en secciones diferenciadas.
La iniciativa asigna al Congreso de la República la rectoría del sistema por medio de la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa. Esa dependencia administraría una plataforma digital gratuita, integrada al portal del Legislativo y diseñada para consulta pública universal.
El texto también contempla aprovechar archivos, repositorios y sistemas tecnológicos que ya existen en el Estado. A la vez, propone coordinación con las instituciones que emiten, publican, certifican, registran, custodian o aplican normas, que conservarían sus competencias y autonomía.
Las entidades productoras de normas de alcance general, incluido el Ministerio de Gobernación y las municipalidades, tendrían que remitir esas disposiciones en formato electrónico procesable dentro del primer mes de su emisión o publicación. El digesto, según la propuesta, tendría carácter jurídico-documental y sería vinculante para todas las instituciones estatales que producen normas de cumplimiento general.
La iniciativa define de forma directa su alcance: crear un sistema nacional de información jurídica, estatal y público, para recopilar, organizar, integrar y conectar las leyes y reglamentos del país. La población podría consultar gratuitamente esa información desde una plataforma desarrollada para ese fin, sin pagar suscripciones privadas.
