Serán a 45 sujetos, tanto personas humanas como jurídicas, por vulnerar la Ley N° 26.659, precisamente la que el Gobierno busca reformar para endurecer sus sanciones.
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A menos de 24 horas de la cadena nacional en donde Javier Milei anunció medidas relacionadas al reclamo por la soberanía sobre las islas Malvinas, el Gobierno advirtió el inicio de sanciones a infractores que exploraron o explotaron hidrocarburos en territorio argentino. El Congreso ya aguarda la presentación de un proyecto de ley.
«Cancillería ha dispuesto el inicio de los procedimientos sancionatorios de 45 sujetos, tanto personas humanas como personas jurídicas, para investigar y sancionar la violación de las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659, en tanto estarían desarrollando actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en nuestra Islas Malvinas», explicó en redes sociales la Oficina del Presidente de la República Argentina.
Asimismo, la cuenta oficial detalló que «se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que les han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad».
Finalmente, explicaron que «recientemente la ocupación ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales». «La República Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Islas Malvinas. Quienes hoy pretenden lucrar violando esa soberanía encontrarán en el Estado argentino toda la firmeza de la ley para hacer valer lo que por historia y por derecho le pertenece», concluyó.
Malvinas: que díce el proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso
El primer objetivo de la iniciativa es modificar la Ley 26.659 —la norma vigente desde 2011 que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina— para endurecer las sanciones y penas contra las empresas vinculadas a operaciones no autorizadas en las islas. El proyecto extiende ese mismo régimen de penas y prohibiciones a los proveedores de esas compañías, que no podrán contratar en territorio argentino ni con el sector público ni con el privado, y habilita la aplicación del juicio en ausencia cuando corresponda. Milei adelantó además que el régimen se extenderá a otras actividades en las islas que afecten los recursos naturales argentinos.
El segundo eje crea el Consejo de Seguridad Nacional, un organismo que definirá una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado, articulando las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. El Consejo también establecerá un marco para la protección de infraestructura crítica y para la protección aeroespacial y marítima del país.
Como tercer punto, el proyecto solicita al Congreso que otorgue a ese Consejo las facultades necesarias para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o no estatales que amenacen la seguridad nacional.
