La Asamblea sostuvo que se trata de un derecho fundado en el derecho internacional y que no se modifica por las declaraciones de otros gobiernos. «Declaraciones como las de esta semana no son nuevas para nosotros», señaló el comunicado, en referencia al discurso de Milei, y agregó que la comunidad isleña ha enfrentado presiones similares durante décadas y, pese a ello, las islas «han seguido creciendo, desarrollándose y prosperando».
El comunicado recordó además el referéndum celebrado en 2013, cuando, según la Asamblea, con una participación del 92% de los residentes, el 99,8% votó a favor de mantener a las islas como territorio autogobernado de ultramar del Reino Unido. «Esa elección democrática es clara y permanece sin cambios», afirmó.
El órgano legislativo también agradeció el «firme e inquebrantable apoyo del Gobierno del Reino Unido» a la autodeterminación de los isleños y sostuvo que ese respaldo fue reafirmado luego del discurso presidencial argentino «al más alto nivel», desde Downing Street, ministros del Gobierno, parlamentarios y aliados internacionales. El texto concluyó señalando que los habitantes de las islas continúan «confiados, asentados y concentrados en el futuro que nuestra gente ha elegido».
La Asamblea no hizo referencia a las sanciones anunciadas por Milei contra empresas petroleras ni al proyecto Sea Lion. Su respuesta quedó concentrada en la cuestión de la autodeterminación y en reivindicar el resultado del referéndum de 2013, que la Argentina no reconoce como válido para resolver la controversia de soberanía.
Qué son las Áreas Marinas Gestionadas que quedaron en pausa
Las Áreas Marinas Gestionadas (Marine Managed Areas o MMA, en inglés) son un esquema de zonificación y conservación del espacio marítimo que las autoridades de las islas proyectan alrededor del archipiélago. No se trata necesariamente de convertir todo el mar en una reserva donde esté prohibida cualquier actividad económica. El concepto apunta a establecer distintas zonas y niveles de protección, con reglas específicas para actividades como la pesca, el turismo, la navegación y potencialmente la exploración de hidrocarburos.
El objetivo declarado es proteger ecosistemas y especies de importancia ambiental -entre ellas aves marinas, pingüinos, ballenas, lobos y elefantes marinos- mediante un sistema de ordenamiento espacial marino que permita determinar dónde y bajo qué condiciones pueden desarrollarse distintas actividades. El esquema también contempla la identificación de sectores de especial importancia para la biodiversidad y su articulación con las denominadas Key Biodiversity Areas (KBAs), áreas reconocidas internacionalmente por su valor ecológico.
El proyecto forma parte de la Estrategia Ambiental 2021-2040 de las autoridades de las islas, una planificación de largo plazo orientada a establecer criterios para la protección y gestión del ambiente. Para avanzar en su diseño se realizaron trabajos técnicos y científicos y se involucraron organizaciones ambientales y especialistas. Pero el proyecto quedó atrapado ahora con otro expediente: el de la posible instalación de producción de salmón en el mar.
El diputado de las islas Michael Goss confirmó a Penguin News (el único periódico del archipélago) que el trabajo sobre las AMG fue suspendido «hasta que sepamos qué sucede al final de la fase de consulta para el salmón». El motivo, según explicó, es que existe una superposición entre las áreas identificadas para el sistema de gestión marina y sectores que podrían resultar relevantes para la acuicultura.
«El mayor problema es que una cantidad considerable de las áreas identificadas (para las AMG) podría tener un impacto en la acuicultura del salmón. Ambas cosas están intrínsecamente vinculadas de una manera muy extraña, pero obviamente son completamente independientes», señaló Goss.
El funcionario aseguró que el trabajo sobre las áreas marinas está «prácticamente listo para continuar en su formato actual», pero que el obstáculo es la consulta que se encuentra actualmente en marcha. Esta explicación, tal como indica el Penguin News, buscó despejar la posibilidad de que el retraso responda a una prioridad económica por sobre la protección ambiental. Sin embargo y aunque el legislador kelper no lo mencione: el otro tema que frena todas las actividades en las áreas marinas es el reducrecimiento del conflicto por el petróleo.
Consultado por Penguin News sobre si se estaba privilegiando el potencial de ganancias por la extracción de recursos (salmón) versus la protección de áreas, Goss respondió: «No se trata en absoluto de márgenes de beneficio, sino de garantizar que el sistema actual, y en particular la fase de consulta que estamos llevando a cabo, se cumpla al pie de la letra».
El diputado agregó que sus electores de Camp estaban «muy interesados» en la creación de las MMA y en mantenerlas como «zonas seguras». También sostuvo que el proyecto había sido bien recibido y que era un trabajo que «deberíamos impulsar y tratar de sacar adelante». Lo que no dijo fue las MMA pueden cruzarse en el camino de futuros proyectos de cría de salmón, e incluso, de los hidrocarburíferos offshore.
El salmón como nuevo frente de debate ambiental
La consulta sobre acuicultura tampoco es menor. A comienzos de agosto, dos consultores canadienses invitados por Unity Marine viajaron a las islas para explicar su experiencia en producción de salmón, sanidad de peces y regulación ambiental. Esa empresa que propone criar salmones a razón de 50.000 toneladas por año, en 16 puntos de las costas del archipiélago.
En representación de Unity Marine, el director general de Fortuna, Darren Christie, aclaró que la consulta se refería al principio de desarrollar acuicultura de salmón y no a una solicitud concreta para construir una determinada instalación. La presentación estuvo centrada principalmente en la experiencia de la Columbia Británica, la provincia más occidental de Canadá, que se define por su costa en el Pacífico y las cadenas montañosas.
Otro que visitó las Islas fue el doctor Gary Marty, patólogo veterinario especializado en peces, expuso información sobre enfermedades en peces de cultivo y su eventual impacto sobre poblaciones silvestres. Presentó datos sobre el salmón rojo del río Fraser y comparó períodos sucesivos de 30 años, antes y durante el desarrollo de la acuicultura. El segundo expositor, Bernie Taekema, aportó su experiencia como biólogo especializado en acuicultura y regulación de piscifactorías para el Gobierno federal canadiense.
Según describió Taekema, pueden analizarse alrededor de 60 factores ambientales, operativos y de planificación antes de determinar si un sitio resulta adecuado. Entre ellos figuran la profundidad del agua, las corrientes, el oleaje, el lecho marino, las actividades pesqueras, las rutas migratorias de los salmones juveniles, los mamíferos y aves marinas, la navegación, el turismo y los usos existentes del espacio marítimo. Taekema remarcó, sin embargo, que ese modelo no puede trasladarse automáticamente a las Malvinas. Las características locales -incluida la presencia de pingüinos, calamares y otras especies relevantes- obligarían a realizar estudios específicos.
La empresa Unity Marine de Canadá propone criar salmones a razón de 50.000 toneladas por año, en 16 puntos de las costas del archipiélago.
Pacific Salmon Foundation
Durante la reunión pública también aparecieron cuestionamientos sobre el ruido de embarcaciones y generadores, el riesgo de que mamíferos marinos queden atrapados en redes y los antecedentes ambientales de la acuicultura en otros territorios. Uno de los interrogantes apuntó directamente a las diferencias entre Columbia Británica y las Malvinas: mientras la primera posee un ambiente costero con determinadas características ecológicas y disponibilidad de nutrientes, las aguas que rodean al archipiélago presentan condiciones diferentes.
El debate, por lo tanto, está todavía en una etapa preliminar. Los propios especialistas convocados remarcaron que sería necesario estudiar las condiciones particulares de las islas antes de determinar qué modelo regulatorio sería aplicable. Y es precisamente esa discusión la que terminó frenando, al menos temporalmente, la puesta en marcha de las Áreas Marinas Gestionadas.
El trasfondo que Argentina mira desde hace décadas
Para la Argentina, sin embargo, la cuestión no puede analizarse solamente como una discusión ambiental o económica local. Las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes son parte de una controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, reconocida por las Naciones Unidas. La posición argentina sostiene que las islas forman parte del territorio nacional y que su ocupación británica desde 1833 no modifica los derechos argentinos sobre el archipiélago y sus espacios marítimos.
En ese marco, el país cuestiona las decisiones unilaterales británicas vinculadas con la explotación de recursos naturales y la administración de los espacios marítimos en disputa. La referencia central es la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que impliquen introducir modificaciones mientras continúa el proceso de negociación de la soberanía.
La cuestión de las Áreas Marinas Gestionadas se inscribe en ese mismo debate. Desde la perspectiva argentina, no se trata únicamente de si una determinada zona debe proteger pingüinos, ballenas o calamares, sino de qué autoridad puede establecer unilateralmente reglas sobre el mar que rodea a las islas mientras la disputa permanece sin resolver.
El freno temporal a las AMG tiene una lectura que excede al salmón. Las autoridades de las islas dicen que necesitan completar una consulta para evitar que dos procesos regulatorios se superpongan. Para la Argentina, cualquier decisión unilateral sobre los recursos y el espacio marítimo de las Malvinas vuelve a plantear la cuestión de fondo: la soberanía pendiente de resolución en Naciones Unidas.
La Argentina sostiene además que la cuestión de la soberanía debe resolverse mediante negociaciones entre ambos países, tal como establece el marco de Naciones Unidas. La Resolución 2065, adoptada por la Asamblea General en 1965, reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e instó a ambos gobiernos a negociar una solución.
La postura británica es diferente. Londres sostiene que la soberanía de las islas se basa en el principio de autodeterminación de sus habitantes y que los isleños han expresado su voluntad de permanecer bajo soberanía británica. Esa divergencia vuelve especialmente sensible cualquier decisión vinculada con el espacio marítimo, desde la conservación ambiental hasta la pesca o la explotación de hidrocarburos. Y allí aparece el otro elemento que explica por qué el movimiento ambiental de las islas adquiere relevancia para el Gobierno.
El petróleo quedó en el centro de la pelea, pero no es el único recurso
Mientras las autoridades isleñas frenaron las AMG por la consulta sobre el salmón, el Gobierno elevó la presión sobre el desarrollo de recursos naturales en el archipiélago. En su mensaje por cadena nacional, Milei lanzó el decreto destinado a sancionar a compañías que participen en proyectos de explotación de recursos naturales en las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur o sus espacios marítimos circundantes.
El Presidente afirmó que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre Malvinas «es un mandato de la Constitución Nacional y un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino», y sostuvo que el Estado debe utilizar las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender ese reclamo.
Uno de los principales objetivos del anuncio fue Sea Lion, el proyecto petrolero que desarrollan la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum al norte de las islas. Milei advirtió que el proyecto representa algo que, según su interpretación, nunca había ocurrido hasta ahora: «La extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos».
También anticipó que las empresas involucradas directa o indirectamente en proyectos no autorizados por la Argentina podrían quedar impedidas de operar en el territorio continental argentino.
Navitas informó que en diciembre de 2025 tomó la decisión final de inversión (FID) para la primera fase del desarrollo de Sea Lion, con un presupuesto total de aproximadamente u$s1.800 millones y 11 pozos submarinos de exploración. La segunda etapa, serán 12 pozos más.
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Los isleños avanzan con su propia política ambiental marina
El proceso ambiental en las Islas Malvinas por parte de los británicos tiene varios años de desarrollo. El Gobierno de las islas comenzó a trabajar con un esquema de planificación espacial marina en 2014 y desde 2017 orientó ese trabajo hacia la creación de Marine Managed Areas.
En septiembre de 2025, el Ejecutivo británico de las islas había aprobado el borrador de una política específica y recomendó avanzar con una consulta pública antes de convertirla en legislación. El proyecto se apoyaba en estudios científicos, relevamientos y talleres realizados con distintos sectores durante 2024.
El objetivo es establecer un marco legal para designar y administrar áreas marinas protegidas, definir planes de manejo, crear permisos y establecer mecanismos de fiscalización y sanciones. La estrategia ambiental de las islas fijó como objetivo que 15% de sus aguas marinas quede alcanzado por áreas con planes de gestión. Pero la consulta prevista para las MMA terminó vinculándose con otro proceso: el debate sobre la eventual instalación de producción de salmón a gran escala.
El proyecto ambiental sí contempla restricciones al petróleo, pero no frena Sea Lion
Este es el punto central para entender qué está ocurriendo realmente. El borrador de la política de MMA contempla dos grandes categorías de áreas: las National Marine Nature Reserves (NMNR), de protección estricta, y las Sustainable Multi-Use Zones (SMZ), destinadas a combinar conservación con actividades económicas de menor impacto.
Entre las áreas propuestas aparecen Jason Islands, Bird Island, Beauchene Island, Kidney y Cochon Islands y Burdwood Bank como reservas marinas, además de una zona de uso múltiple costera y otra offshore alrededor de Burdwood Bank. El documento oficial analiza expresamente la relación entre las MMA y la industria hidrocarburífera. Y allí aparece una definición que resulta clave: ninguna de las licencias de producción actualmente otorgadas se superpone con las áreas propuestas como MMA.
El documento sí advierte que los bloques PL018, PL019 y PL020, ubicados al norte de las áreas propuestas sobre Burdwood Bank (no dentro de ellas), están próximos a las futuras zonas protegidas. En caso de que allí hubiera exploración o extracción, una mayor actividad podría acercarse a los límites de las MMA.
Sin embargo, el Departamento de Recursos Minerales de las islas señaló que los bloques petroleros actuales están aproximadamente tan cerca de las MMA como probablemente estarán en el futuro previsible y que no existen planes inminentes para lanzar una nueva ronda de licencias.
El documento también establece que el marco legal de las MMA deberá implementarse teniendo en cuenta la legislación petrolera de las islas para garantizar la continuidad del desarrollo del sector offshore. La conclusión es directa: la suspensión de las MMA no paraliza la actividad petrolera existente, pero podría tener impacto a futuro.
El caso más importante es Sea Lion, el proyecto desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Las propias autoridades de las islas identifican a las licencias PL004 y PL032, donde se encuentra Sea Lion, como el proyecto que probablemente será el primero de las licencias actuales en entrar en explotación. Y remarcan expresamente que el campo está fuera de las áreas propuestas como MMA. Esto coincide con la situación actual del proyecto.
Navitas informó que en diciembre de 2025 tomó la decisión final de inversión (FID) para la primera fase del desarrollo de Sea Lion, con un presupuesto total de aproximadamente u$s1.800 millones y la aprobación final del plan de desarrollo por parte del Gobierno de las islas. La compañía prevé comenzar la producción en 2028.
El proyecto contempla una primera fase con 11 pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), mientras que una segunda fase incorporaría otros 12 pozos. Por lo tanto, el movimiento ambiental de las islas no implica una suspensión del desarrollo de Sea Lion. Tampoco afecta, según la documentación oficial disponible, a las licencias de producción existentes.
La respuesta de Rockhopper y Navitas, ¿qué harán Borders & Southern y JHI?
La respuesta de Rockhopper y Navitas fue inmediata. Ambas compañías aseguraron que las licencias otorgadas por las autoridades locales de las islas continúan vigentes y que cuentan con el «apoyo total y continuo del gobierno británico».
En una declaración conjunta, sostuvieron que esas licencias fueron «legalmente otorgadas» y que «no se espera que los recientes acontecimientos tengan efectos materiales en las actividades del proyecto de Sea Lion, incluido el calendario para completar el desarrollo del proyecto».
El proyecto todavía se encuentra en una etapa de desarrollo previa a la producción, pero si avanza según el cronograma planteado por sus impulsores podría convertirse en el primer gran desarrollo petrolero offshore del archipiélago.
La disputa ya había generado antecedentes regulatorios argentinos. Rockhopper fue sancionada por Argentina en 2013 y Navitas en 2022. Además, otras compañías, como la británica Borders & Southern y la canadiense JHI, cuentan con licencias de exploración en áreas de las islas.
La reacción también llegó desde Londres. El Gobierno británico reiteró su posición sobre la soberanía y calificó de «inamovible» su postura, mientras que sus autoridades volvieron a invocar el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas.
Una empresa de servicios petroleros se baja de los proyectos en las Malvinas
SLB, una de las principales compañías globales de servicios petroleros, confirmó que no participa ni tiene previsto participar en licitaciones para prestar servicios a proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.
En un comunicado de Schlumberger Argentina S.A., la empresa señaló: «SLB, en atención a lo establecido por Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional, informa que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes. En este sentido, SLB reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes».
La compañía ya se había mantenido al margen del proyecto Sea Lion, al igual que Halliburton, pese a que ambas tienen actividad en la Argentina y son actores relevantes de la industria global de servicios petroleros. Así, mientras Rockhopper y Navitas aseguran que continuarán con sus planes, parte de la cadena internacional de servicios observa las nuevas restricciones argentinas y decide no involucrarse.
El contraste resulta significativo: el petróleo es hoy el principal foco de la disputa económica alrededor de Malvinas, pero la discusión por el control del mar es mucho más amplia.
La pesca, la conservación ambiental, el turismo, la navegación y ahora la eventual acuicultura de salmón forman parte de un mismo espacio marítimo sobre el cual Argentina y Reino Unido mantienen posiciones enfrentadas.
