La Fiscalía de Investigaciones N°1 de Sáenz Peña reformuló la imputación contra Lidia Mabel Ojeda y los dos extitulares de la conducción del hospital bajo la figura de «concurso real». La nueva calificación abre la puerta a una condena histórica por la muerte de un paciente.
SÁENZ PEÑA.- El escándalo de la falsa médica que conmociona a Quitilipi y a toda la provincia del Chaco sumó este viernes un capítulo clave: el fiscal Marcelo Soto readecuó formalmente los cargos contra Lidia Mabel Ojeda, la mujer que durante más de un año se hizo pasar por médica y llegó a atender a más de 1.200 pacientes, y contra los dos exdirectores del hospital, Carina Villalba y Daniel Acuña.
La nueva calificación legal, conocida como «concurso real», permite sumar las penas de los distintos delitos imputados en lugar de unificarlas, lo que podría derivar en condenas mucho más severas para los tres acusados. No se descarta que los exdirectivos terminen detenidos en los próximos días.
La comparecencia y el nuevo esquema legal
El viernes pasado, Ojeda, Villalba y Acuña fueron citados a la Fiscalía para la reformulación de la acusación. Bajo la figura de concurso real, la Justicia busca una sumatoria de penas que, según analistas consultados, podría dejar a los tres frente a una condena histórica.
El caso, que algunos ya bautizaron como «la Rimolo chaqueña», tiene como hecho central la muerte del paciente Lorenzo Blanco, ocurrida en la sala de emergencias del hospital de Quitilipi.
«Doloso accionar»: la hipótesis del fiscal
Para el fiscal Soto, Blanco murió como consecuencia del doloso accionar de Ojeda, quien lo atendió sin poseer ningún tipo de formación profesional cuando su cuadro de salud se agravó.
La imputación contra Ojeda combina, en concurso ideal, los delitos de usurpación de título y práctica ilegal de la medicina. A esto, la Fiscalía sumó —en concurso real— el delito de homicidio con dolo eventual, lo que agrava sustancialmente su situación procesal.
Los extitulares del hospital, en la mira
La situación de Villalba, quien ejerció la dirección y coordinación entre septiembre de 2024 y abril de 2026, y de Acuña, director entre agosto de 2025 y abril de 2026, también dio un vuelco alarmante. Según el fiscal, ambos incurrieron en incumplimiento de deberes de funcionario público al contratar a Ojeda para cubrir guardias médicas sin exigirle la acreditación de su título ni validar su matrícula o DNI.
El Ministerio Público los imputó como partícipes necesarios de la práctica ilegal de la medicina y del homicidio con dolo eventual de Lorenzo Blanco. Para la Fiscalía, la negligencia de los funcionarios habría sido la llave que permitió el accionar letal de Ojeda.
