Hace no mucho tiempo, el presidente Javier Milei se autodefinía como un león. Y no era una elección menor: el león es, después de todo, el símbolo heráldico de la corona británica, esa misma que ocupa nuestras Malvinas. Era su emblema, su marca registrada, su identidad política. Rugía contra el statu quo, prometía una transformación radical y se presentaba como el felino indomable que devoraría a la política tradicional, desafiando incluso la idea de soberanía. Pero el león, al menos en su versión presidencial, ha mudado la piel. El rugido se ha convertido en camuflaje. La fiereza, en mimetismo. Y esa metamorfosis, lejos de ser una evolución política genuina, es una infamia.
Hoy, frente a la cuestión Malvinas, asistimos a su transformación más evidente y, también, más indignante. Aquel que se declaró admirador de Margaret Thatcher, que viene protagonizando el experimento más desmalvinizador de nuestra historia democrática y construyó su discurso público menospreciando el reclamo soberano, ahora convoca a la unidad desde una cadena nacional, ofreciéndose como abanderado de la causa nacional. El problema no es que cambie de opinión; el problema es que lo hace sin coherencia, sin resistir el archivo ni autocrítica y, lo que es peor, con una lógica electoral que recuerda los peores capítulos de nuestra historia. El camaleón no cambia por convicción: cambia para sobrevivir. Y ese camaleonismo, cuando se construye sobre la manipulación de una causa sagrada para los argentinos, es el núcleo mismo de la infamia política.
La metamorfosis de Javier Milei
Esta metamorfosis no es inocente ni desinteresada. No se trata de una evolución ideológica o conceptual, sino de una repudiable operación de supervivencia electoral. Como vengo planteando desde fines de abril, Milei está funcionando en «modo Galtieri». Hice pública esa sospecha en entrevistas en las que hablé de la manipulación por parte del mileismo del supuesto memorándum del Pentágono, difundido por la agencia Reuters, que sugería la posibilidad de un cambio de posición del gobierno de Donald Trump sobre la cuestión Malvinas.
Donald Trump, el garante de doble filo de Javier Milei.
Confieso que en ese momento dudé si la comparación con el expresidente de facto podría ser polémica y exagerada. El tiempo y el propio Milei me han dado la razón de que no lo es: mi afirmación no solo ha quedado justificada por el asombroso paralelismo que se puede establecer entre lo ocurrido en 1982 y lo que pasa en 2026, sino también por la apología del Presidente de las políticas dictatoriales que durante esta semana incluyeron la valoración de la figura de Augusto Pinochet, otro anglófilo admirador de Thatcher como él. Como el dictador argentino en 1982, Milei supone un apoyo de Estados Unidos que no existe, alimenta falsas expectativas en la sociedad y utiliza la causa Malvinas para distraer de la severa crisis económica y social que pone en duda la gobernabilidad. Galtieri buscaba perpetuarse mediante una guerra; con aspiraciones menos ambiciosas, aunque también motivadas en la sed de poder, Milei busca una reelección que cada vez aparece con menos chances de ser alcanzada.
El factor Donald Trump
Las declaraciones del presidente Donald Trump sobre una eventual reconsideración de la postura estadounidense no son más que «dimes y diretes», ambigüedades que instrumentalizan a la Argentina en función de los intereses norteamericanos. Trump no está preocupado por nuestros derechos soberanos; está presionando a Gran Bretaña en el marco de las tensiones por el presupuesto de la OTAN y el conflicto en Medio Oriente. La «alianza eterna» entre Washington y Londres —así la calificó el propio Trump en su visita de Estado al Reino Unido en 2025— no se fracturará por un comentario lateral en el Salón Oval. Creer lo contrario no es ingenuidad: es una oprobiosa autocomplacencia que degrada la autonomía y dignidad de la política exterior argentina.
Mientras tanto, la administración mileísta se aferra a esa declaración como si fuera un salvavidas. Pero la realidad pasa por otro lado: el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, han dejado muy claro que la posición de su país no ha cambiado ni cambiará. La interdependencia entre ambas potencias del Norte Global no solo está cimentada en la historia, sino también en multimillonarios intereses que las vinculan entre otros negocios, en el de la industria y el comercio armamentista. Es más: un eventual giro estadounidense —tan deseado como improbable— no exime a la Argentina de la necesidad de una negociación bilateral directa con el Reino Unido por la cuestión de la soberanía. El proceder es, aquí, doblemente oprobioso: por un lado, se construye una expectativa falsa; por el otro, se abandona la verdadera tarea diplomática que implica crear las condiciones para alcanzar esa instancia de negoción.
El camaleonismo de Milei también se revela en su relación con Israel. El presidente ha realizado numerosas visitas oficiales a ese país, pero jamás ha planteado en la agenda bilateral la flagrante violación a la soberanía nacional que supone las actividades ilegales de empresas israelíes en el Atlántico Sur. La compañía israelí Navitas Petroleum ya anunció, junto a su socia británica Rockhopper, el inicio de la extracción efectiva de petróleo en Malvinas para 2028. Ese es el verdadero desafío crítico al que el gobierno de Milei no opuso ninguna resistencia en 1.000 días de gobierno. Y ya hay fondos de inversión en inversores privados israelíes involucrados en el financiamiento del proyecto.
La reacción en Argentina
Ante la pasividad de la administración de Milei ha sido la propia sociedad argentina la que ha reaccionado. Previo al anuncio de la cadena nacional una organización de excombatientes, el CECIM La Plata, y la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina presentaron una acción judicial preventiva ante el Juzgado Federal de Río Grande contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development, una iniciativa fundamental que denuncia la violación del derecho internacional y de la legislación argentina por parte de esas empresas y del gobierno británico. Se trata del intento más concreto de frenar el proyecto hidrocarburífero «León Marino» (Sea Lion) desde que inició su mandato Milei.
La distancia entre el discurso y la acción ha sido y es la manifestación más cínica de la acción desmalvinizadora del mileísmo: usar la bandera para la foto y abandonarla en los hechos. Por eso, corresponde recordar que la exigencia de coherencia no es un lujo, sino una exigencia democrática y republicana. La causa Malvinas no es una moneda de cambio electoral ni un salvavidas político. Es una política de Estado que debe trascender gobiernos, ideologías y oportunismos. Y ningún cambio de piel, por más hábil que sea el camuflaje, puede ocultar la falta de convicción y compromiso de quien solo busca su propia supervivencia.
Poner fin a la impunidad
Pero la crítica no es suficiente. Frente a esta infamia, la oposición –empezando por el peronismo- tiene la obligación histórica de proponer y de actuar. No podemos limitarnos a señalar el desierto que ha dejado este gobierno; debemos exigir que Milei cumpla su palabra empeñada y plantar las bases de lo que vendrá. Por eso, desde una posición de firmeza soberana que nunca debió perderse, propongo una agenda clara y exigible:
En primer lugar, hay que poner fin a la impunidad. Es imperativo que el Estado argentino reactive y lleve adelante los procedimientos sancionatorios contra las empresas que operan ilegalmente en Malvinas y contra sus directivos, tal como establecen las leyes 26.659 y 26.915. No puede haber más silencio cómplice ante la expoliación de nuestros recursos estratégicos. La última sanción en el marco de esas leyes se adoptó en el año 2022, durante nuestra gestión gubernamental, y desde entonces no se iniciaron nuevos procedimientos sancionatorios
La apuesta fuerte de Javier Milei por Malvinas no quedará sin respuesta del Reino Unido.
En segundo lugar, debemos demandar que Milei exija al gobierno de Israel el retiro inmediato de Navitas Petroleum de las Islas Malvinas y el cese del financiamiento de capitales israelíes al proyecto hidrocarburífereo. No es cierto que el gobierno de Netanyahu no pueda hacer nada: esa empresa y sus directivos tienen fortísimos vínculos con la política israelí. Es hora de que la Argentina deje de ser un actor pasivo y se convierta en un demandante activo.
Restricción de inversiones
En tercer lugar, hay que imponer restricciones expresas a nuevas inversiones británicas, israelíes estadounidenses en la Argentina. No se puede consentir que empresas de los países que promueven acciones ilegales en nuestro territorio se lleven nuestros recursos estratégicos y cuenten con los beneficios extraordinarios de regímenes como el RIGI. En ese sentido, resulta absolutamente inaceptable que el presidente Milei mantenga en agenda su participación en la Argentina Week que se realizará en Gran Bretaña para promover que capitales británicos apuesten por quedarse con activos estratégicos de nuestro país como son el litio, oro, cobre e hidrocarburos del territorio continental.
En cuarto lugar, se debe exigir la reactivación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares correspondientes, creado por la Ley 27558, que fuera desarticulado por la administración mileista. La securitización de la Cuestión Malvinas que implica el anuncio presidencial de creación de un Consejo de Seguridad Nacional para abordar los temas de la soberanía sobre los archipiélagos usurpados por el Reino Unido, además de desconocer al Consejo creado por la Ley 27558 desplaza peligrosamente del centro de la escena al enfoque centrado en el derecho internacional y la diplomacia que consagra la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.
Y finalmente, es ineludible denunciar y dejar sin efecto el pacto Mondino-Lammy, ese acuerdo de cooperación que el gobierno de Milei acordó con el Reino Unido reeditando el nefasto pacto Foradori-Duncan. Aquel pacto constituye una de las páginas más vergonzosas de nuestra diplomacia reciente y debe ser denunciado. Ese pacto no es un simple papel: es la constancia documental de la entrega.
