El canciller Pablo Quirno afirmó que el objetivo del Gobierno sobre las islas Malvinas es frenar el inicio de la explotación de hidrocarburos en el archipiélago y sostuvo que la ofensiva oficial combina sanciones, presión diplomática y refuerzo de capacidades estatales para impedir que en los próximos meses avance un proyecto que la Argentina considera contrario a resoluciones de las Naciones Unidas.
En declaraciones a La Nación +, Quirno vinculó esa estrategia con un dato concreto: dijo que el trabajo del Gobierno se aceleró desde que las petroleras Navitas y RockHopper anunciaron en diciembre su decisión final de inversión. Según explicó, a partir de ese momento, se enviaron notas de protesta a las compañías y también a los embajadores de Israel y del Reino Unido.
“Estamos justamente aumentando las penas, pero sobre todo agrandando el espectro de empresas a ser sancionadas”, dijo el canciller. El eje principal de las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei el jueves pasado giran en torno a una serie de modicaciones a la ley 26.659, sancionada en 2011, que establece condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.
Quirno también ubicó esa decisión dentro de una arquitectura más amplia del Gobierno. “Esta es una estrategia combinada”, afirmó al defender la reasignación de partidas para una base naval integrada en Ushuaia y el papel que asumirá la Cancillería en los expedientes sancionatorios.
Cuando se le preguntó si el objetivo final era forzar una negociación política más amplia, el ministro de Relaciones Exteriores sostuvo: “El resultado primeramente es evitar que se haga explotación hidrocarburífera en las Malvinas”.
El canciller advirtió que esa ventana de tiempo es corta. “Podría empezar entre los próximos meses”, dijo sobre el desarrollo de esas actividades, y agregó que el propósito oficial es “que no se realicen las actividades”.
Quirno rechazó que el movimiento haya sido improvisado o atado a un episodio coyuntural. “Esto no se produce de la noche a la mañana. Es un trabajo de meses y de todo el equipo de Gobierno”, afirmó.
Además, describió el cambio de enfoque sancionatorio. Quirno explicó que la legislación vigente tenía un límite: castigar a una empresa que operara en Malvinas podía empujarla a quedarse fuera del mercado argentino, sin otro costo relevante. Sin emabrgo, ese escenario cambió por la gravitación de Vaca Muerta. “Hoy tenemos una Vaca Muerta que atrae inversiones”, afirmó, al sostener que la Argentina cuenta ahora con una herramienta de presión que no existía cuando se sancionó la ley 26.659.
A partir de esa nueva posición, el Gobierno pretende extender el alcance de las sanciones a actores que antes quedaban fuera del radar principal. Quirno mencionó de manera expresa a los servicios petroleros, financieros y de seguros, además de otros proveedores que deberían elegir entre operar en la Argentina o vincularse con licencias que definió como ilegales en un territorio en disputa. Esa reformulación busca modificar incentivos. La amenaza ya no recaería solo sobre la empresa que participe de la extracción, sino sobre toda la cadena que permita sostenerla.
De esta manera, ratificó que la Cancillería será la autoridad que inicie los expedientes sancionatorios previstos en el decreto reglamentario de la ley vigente. Explicó que la decisión responde a que el caso “es un tema principalmente de política exterior” y a que la ampliación de actividades alcanzadas excede el plano puramente hidrocarburífero.
Esa centralidad del Ministerio se combina con otra medida anunciada por el Presidente: la reasignación presupuestaria para la base naval integrada en Ushuaia. Para el canciller, ambos instrumentos forman parte de un mismo diseño.
“No hay tiros independientes individuales”, resumió al defender el carácter integrado de la estrategia. La idea, según su exposición, es enlazar sanciones, diplomacia y capacidad logística en el Atlántico Sur.
Quirno aseguró que la ofensiva oficial ya produjo reacciones en el sector privado. “Yo estuve todo el fin de semana recibiendo llamados de empresas que operan en la Argentina ratificando su no apoyo a operaciones hidrocarburíferas en Malvinas”, sostuvo.
El canciller interpretó esos contactos como una señal de credibilidad de la advertencia argentina. En su lectura, el país está hoy en una “diferente posición de fuerza” para condicionar decisiones corporativas por el tamaño y la estabilidad que ofrece su mercado energético.
La cadena nacional de Milei había planteado esa misma lógica al advertir que quienes intervengan en explotaciones en las islas no podrán operar al mismo tiempo en el territorio argentino. Quirno buscó mostrar que ese mensaje ya empezó a surtir efecto antes incluso de que avance la nueva ley.
Consultado sobre el respaldo internacional, Quirno evitó colocar la estrategia en función de una potencia determinada y afirmó que la posición argentina se guía por una convicción propia. “Hacemos las cosas por nuestra propia convicción”, dijo.
Aun así, explicitó qué es lo que espera de los aliados. “Esperamos que nuestros países amigos y afines apoyen el reconocimiento de que la explotación de hidrocarburos va en contra de una resolución de las Naciones Unidas”, señaló.
El canciller remarcó que, según esas resoluciones, no pueden adoptarse decisiones unilaterales mientras la controversia de fondo sobre la soberanía no haya sido resuelta. Sobre esa base, negó además que exista contradicción entre distintas expresiones presidenciales sobre los isleños y sostuvo que el marco aplicable es el de la integridad territorial en un caso de “colonialismo especial”.
En otro tramo de la entrevista, Quirno conectó la ofensiva diplomática sobre Malvinas con el estado de las Fuerzas Armadas. “Los que han desarmado las FFAA fue el kirchnerismo. Los que nos dejaron en este estado de indefensión”, afirmó.
El funcionario sostuvo que esa debilidad afectó también la capacidad diplomática de la Argentina. Según su argumento, una defensa débil y una economía débil limitaban el margen del país para sostener sus intereses externos.
Desde esa perspectiva, la base naval en Ushuaia no aparece como un anuncio aislado, sino como parte de una política orientada a reforzar la posición argentina frente al Reino Unido y frente a las empresas que evalúan intervenir en el área en disputa.
