Tras la suspensión preventiva del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, Patricia Bullrich consideró que la jueza Marta Pascual falló en complicidad con el gobernador Axel Kicillof, que se había opuesto a la norma que bajó la edad de imputabilidad a los 14 años.
«No tengo la menor duda», respondió la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) cuando en una entrevista en TN le consultaron por la posible intervención del mandatario provincial.
«Como ellos no la votaron (a la ley en el Congreso) mandaron a una jueza amiga del peronismo en la provincia de Buenos Aires, amiga del kirchnerismo (a suspenderla)», agregó y puso como ejemplo de su afirmación que a la funcionaria judicial «se la ve hablando con Julián Álvarez, el intendente de Lanús».
En el mismo tono crítico, afirmó que «la jueza no tiene control de constitucionalidad», así como tampoco «tiene la capacidad de decidir sobre una ley nacional y decidir que no la va a aplicar por dos meses».
«¿En seis meses van a hacer lo que no hicieron en dos?», se preguntó la exministra de Seguridad en relación con el tiempo establecido desde la promulgación de la ley hasta su implementación en cada una de las provincias.
La resolución judicial en cuestión fue dictada este lunes por la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo – que tiene como presidente al sacerdote José María Di Paola- en representación de adolescentes privados de su libertad.
El dictamen – que abrió un fuerte debate en la dirigencia política- se conoció cuando apenas habían pasado 48 horas desde la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil.
«Están buscando generar una zozobra sobre un tema que es claro», opinó Bullrich. Según la senadora, la decisión de Pascual tiene un trasfondo relacionado con el rechazo que el oficialismo bonaerense tiene de la ley impulsada por el Gobierno y que, desde su punto de vista, se excusa en el reclamo por la falta de recursos para adecuar las instalaciones carcelarias que les permitan albergar a la población juvenil.
«Empiezan a hablar del mismo tema, dicen ‘no tenemos el dinero’ y no solamente que hay dinero, sino que hay una responsabilidad con la sociedad de que haya una sanción», expresó.
De la misma manera, la legisladora oficialista remarcó que este cambio en la ley «es una herramienta pedida hace muchísimos años por la sociedad y por la necesidad de que no haya una impunidad, y que los menores no sean la carne de cañón ni los soldaditos de la droga».
Los cambios en la Ley Penal Juvenil
El Gobierno reglamentó este lunes la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil, la norma que comenzó a regir dos días antes y que bajó la edad de imputabilidad en el país de los 16 a los 14 años.
La ley fue sancionada en febrero de este año por el Senado, que dispuso su entrada en vigencia 180 días después de su promulgación, registrada el 9 de marzo.
De acuerdo con el texto, la norma alcanza a «las personas adolescentes, desde los 14 años de edad hasta las cero horas del día en que cumplan 18 años de edad, cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro».
La norma designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación y le asignó la responsabilidad de implementar y coordinar el régimen en el ámbito nacional y federal.
Un día después de la reglamentación de este fin de semana, salió a la luz el fallo que dio lugar al hábeas corpus de la Federación de Hogares de Cristo. La jueza puso el foco en la capacidad e infraestructura de la Provincia para afrontar el cambio en la normativa aprobada por el Congreso.
«Se debe resolver si el Estado puede ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables para cumplir los estándares constitucionales y convencionales que rigen toda privación de la libertad durante la adolescencia», sostuvo.
La decisión de la jueza bonaerense volvió a abrir el debate en un tema que, para el Gobierno, ya parecía saldado.
BPO
