Es de público conocimiento que el Gobierno impulsa una reforma electoral que todavía no logró avanzar en el Congreso y que, entre otros cambios, propone eliminar definitivamente las PASO. Así las cosas, mientras el oficialismo busca reunir los apoyos necesarios para retomar el debate, la Cámara Nacional Electoral advirtió que el país se acerca al límite temporal recomendado para modificar las reglas de los comicios y reclamó que cualquier cambio sea aprobado con suficiente anticipación. La advertencia se realizó a través de la Acordada Extraordinaria 155/2026, que lleva las firmas de los camaristas Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas.
Reforma electoral
Lo cierto es que el proyecto de reforma del Gobierno ingresó al Congreso el 22 de abril y plantea, entre otras modificaciones, “la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO)”, a las que el Ejecutivo calificó como “un experimento fallido”. De hecho, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió públicamente la eliminación de la instancia al sostener que el objetivo es que “el ciudadano no vaya a votar seis veces” y que el Estado no tenga que destinar entre “250 y 300 millones de dólares”.
Cabe mencionar que durante los últimos meses también se evaluó la implementación de la Boleta Única de Papel, que se utilizó por primera vez en las elecciones nacionales de 2025. La Cámara Nacional Electoral realizó en marzo de este año un seminario de evaluación sobre su aplicación, en el que se analizaron los resultados sobre las experiencias y los desafíos de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Allí, Santilli detalló que se ahorraron 12.800 millones de pesos en emisión de boletas por cada uno de los partidos.
Ahora, la Justicia Electoral puso el foco en los tiempos para modificar el sistema. En la acordada, la Cámara sostuvo que “existen en el Congreso de la Nación, en condiciones de ser tratados, diversos proyectos de modificación del régimen electoral y de los partidos políticos, muchos de los cuales prevén reformas significativas con desafíos ciertos de implementación”. En ese contexto, se solicitó que se contemple el tiempo necesario para aplicar cualquier modificación. El objetivo, según expresó la cámara, es “resguardar la previsibilidad y la integridad del proceso electoral venidero” y contar con “el plazo razonable requerido, antes del inicio del año electoral, para la adecuada y efectiva aplicación de las reformas”.
La Cámara detalló además algunas de las cuestiones que considera estructurales: las categorías de cargos que deberán elegirse, los requisitos para adquirir y conservar la personalidad jurídico-política de los partidos, los sistemas para seleccionar candidatos, el instrumento utilizado para votar y las normas de control del financiamiento partidario. Sobre estos cambios, los jueces advirtieron que “cualquiera de ellas, en efecto, supone llevar adelante una multiplicidad de adecuaciones complejas que requieren un despliegue temporal con razonable antelación al acto de votación”.
De esa manera, los camaristas citaron el Manual para la Observación de Sistemas de Justicia Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), según el cual “el plazo idóneo para introducir cambios es de entre seis y tres meses antes del inicio formal del proceso”. A ese criterio sumaron el Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral de la Comisión de Venecia, que establece que “los elementos fundamentales del derecho electoral no deberían ser modificables menos de un año antes de una elección”.
