El Ejército de Guatemala, la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario decomisaron este miércoles teléfonos celulares, armas blancas, cigarros y bebidas alcohólicas en una nueva requisa en el Centro de Rehabilitación para Hombres y Mujeres de Puerto Barrios, en Izabal, una prisión intervenida de forma constante desde julio por su vínculo con operaciones del crimen organizado dentro y fuera del penal.
La acción en curso y las autoridades aún no habían divulgado un balance final. El antecedente inmediato es la intervención ejecutada entre el 24 y el 26 de julio, cuando en ese mismo centro fueron hallados más de 57 teléfonos celulares, 120 objetos punzocortantes, 430 encendedores, licor clandestino y drogas como marihuana, cocaína, metanfetamina y crack.
La información preliminar del instituto armado indicó que los objetos ilícitos localizados este miércoles aparecieron en distintos sectores del penal. Las tres instituciones mantuvieron el operativo activo mientras continuaban las verificaciones dentro de la cárcel de Puerto Barrios.
La prisión ya había sido objeto de un despliegue de mayor escala semanas atrás, con participación de la Fuerza Élite de la Dirección General del Sistema Penitenciario, el Ejército y la PNC. En esa fase, las autoridades realizaron requisas focalizadas y demolieron apartamentos y estructuras irregulares que algunos reclusos utilizaban dentro del recinto.
Como parte de esa intervención, el SP trasladó a 34 reos a la Granja Modelo de Rehabilitación Penal Pavón, la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en Escuintla, y la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, en Quetzaltenango. Después hubo 22 traslados más, incluidas cinco mujeres identificadas por las autoridades como convivientes de los líderes reclusos.
El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda Sandoval explicó que la operación respondió a información de inteligencia sobre internos que coordinaban delitos fuera de la cárcel. “Estos reos tenían actividades que traspasaban los muros de la prisión. Estaban involucrados y coordinaban actividades relacionadas con narcomenudeo, trata de personas e incluso sicariato, tanto en Izabal como en la ruta al Atlántico”.
Esa primera intervención terminó con la desarticulación de una estructura criminal con alcance hasta la zona 18 de la capital. En el operativo participaron el Ministerio de Gobernación, la PNC, el Ejército y la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario.
El director general del Sistema Penitenciario Jorge López De la Chiesa identificó como cabecilla a Roberto Gordillo Coronado, alias La Minga, un reo condenado a 40 años de prisión por asesinato. Según las investigaciones, siguió controlando la cárcel de Puerto Barrios aun después de haber sido trasladado hace más de un año al centro de máxima seguridad Renovación Uno, en la capital.
López De la Chiesa sostuvo que Gordillo Coronado continuó impartiendo instrucciones incluso después de la primera fase del operativo de julio. “Se tiene conocimiento de que todavía dio una instrucción el día viernes para que se lograra hacer el intento de motín en Puerto Barrios”.
Ese intento de motín ocurrió el viernes 25 de julio, cuando cinco reclusos buscaron retomar el control del penal y tomaron como rehenes a otros internos.
El enfrentamiento entre dos sectores del centro dejó tres reclusos muertos; dos de ellos fueron calcinados por la propia población penitenciaria.
El director del SP aseguró que no hubo fuga de presos. “El control dentro del centro se retomó ese mismo viernes”.
La segunda intervención en Puerto Barrios fue ejecutada el 26 de julio en forma simultánea con operativos en Renovación Uno y en el Centro de Detención El Boquerón. Los reclusos reubicados fueron enviados, además de Pavón, Canadá y Cantel, a centros en Zacapa y al Centro de Orientación Femenina.
El viceministro de Seguridad Roberto Solórzano afirmó que el Estado no negociará con las redes criminales. “Estamos trabajando porque tenemos que recuperar el territorio que ellos están disputando. Esas estructuras trascienden no solo las calles, se encuentran dentro de las cárceles”.
Villeda Sandoval anunció además que el Ministerio de Gobernación presentará ante la Comisión de Gobernación del Congreso de la República una iniciativa para reformar el Código Procesal Penal. La propuesta busca eliminar las medidas sustitutivas para personas detenidas con armas de fuego sin licencia de portación.
Las autoridades encuadraron la operación de Puerto Barrios dentro de una estrategia que en 2026 impactó a 53 estructuras criminales mediante 522 allanamientos y 292 capturas de personas vinculadas al crimen organizado.
El viceministro de Antinarcóticos Víctor Hugo Cruz informó que entre enero y julio de este año se registraron más de 1.200 capturas y decomisos de drogas, además del hallazgo de 106 kilos de cocaína en Zacapa, con cuatro personas capturadas.
