La competitividad es la capacidad de una economía para crear y mantener valor mediante el uso productivo de sus recursos, instituciones y capacidades; la prosperidad, en tanto, es la traducción de ese valor en mejoras duraderas de los niveles de vida, la estabilidad social y las oportunidades para toda la población. Para la escuela de negocios suiza IMD, ambas se refuerzan mutuamente: la prosperidad no llega al final de una secuencia de políticas, sino que es un elemento constitutivo de la competitividad.
Con ese enfoque, IMD mide la prosperidad en cuatro pilares interconectados: desafíos económicos (crecimiento, inversión, productividad y estabilidad macroeconómica), gobernanza e instituciones (Estado de derecho, capacidad estatal e integridad), dinámicas de gestión (empresas, sistema financiero e innovación) y empoderamiento social (educación, salud, desigualdad e inclusión digital). Cada economía recibe una calificación en una escala de ocho niveles, de D2 (mínimo) a A1 (máximo).
El economista jefe del Centro de Competitividad Mundial del IMD, José Caballero, presentará hoy, jueves 10, en las aulas ejecutivas de UCU Business School, el Informe de Prosperidad de IMD para América Latina y el Caribe 2026, que califica a 34 economías de la región a partir de 78 indicadores provenientes de 22 fuentes internacionales. El evento se enmarca en el acuerdo celebrado entre ambas organizaciones sobre la participación de Uruguay en el Ranking de Competitividad Mundial a partir de 2027.
El diagnóstico regional en términos de prosperidad indica que tres décadas de avances en educación, salud, estabilidad macroeconómica y democracia coexisten con un estancamiento estructural: América Latina y el Caribe se encuentra entre las regiones de menor crecimiento del mundo, con una proyección cercana al 2% anual; la productividad total de los factores lleva cerca de una década en torno a cero; el Estado de derecho se deteriora de manera sostenida desde 2016, y el 10% más rico capta el 34,2% del ingreso mientras el 10% más pobre recibe apenas el 1,7%. Cerca de la mitad del empleo es informal en buena parte de la región y la inversión en investigación y desarrollo no llega al 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, el panorama es fragmentado. Con Uruguay dentro del grupo, un 24% de las 34 economías alcanza el nivel A, con un desempeño equilibrado entre pilares; el 38% se ubica en B, caracterizado por avances parciales que no se sostienen; otro 21% está en el nivel C y el 18% en el nivel D. Es decir que el 77% de la región se ubica en los niveles intermedios y bajos.
La evaluación de Uruguay
La presentación de Caballero se concentrará en tres casos —Uruguay, Brasil y México— y muestra un panorama contraintuitivo. Uruguay obtuvo la calificación general más alta de los tres (A2) pese a tener el pilar económico más débil (C1). México, con la economía más sólida del trío (A2), y Brasil, la mayor economía, empatan en B1, con perfiles opuestos: a México lo frena la gobernanza (C1) y a Brasil, con la mejor gestión de los tres (A1), lo hunde la gobernanza (D1).
En gobernanza e instituciones, Uruguay es el referente regional: primero en Estado de derecho, y también en el índice de democracia (8,67) y en control de la corrupción. En dinámicas de gestión registra una productividad de US$ 64.303, la tercera de la región, y es el primer exportador de servicios de tecnologías de la información y la comunicación. En empoderamiento social alcanza el nivel máximo (A1), con un índice de desarrollo humano de 0,86, el menor coeficiente de Gini de los tres casos (40) y una matriculación secundaria del 99,6%.
Según el análisis, la debilidad está en la base económica. Uruguay tiene la inversión más baja de los tres países comparados, de 15,6% del PIB, que lo coloca en el puesto 26 entre las 34 economías regionales, y el mayor nivel de desempleo juvenil, 26,6%, lo que lo ubica en el lugar 27. Identifica además dos “puntos ciegos”: la representación femenina en el Parlamento (28,6%, por debajo de la media regional de 31,1% pese a liderar el pilar social) y el flujo de inversión directa en el exterior más bajo de la muestra (-1,04% del PIB), lo que implica menor diversificación de riesgo para las empresas uruguayas.
A partir de ese diagnóstico se desprenden cuatro prioridades para el país: cerrar la brecha de inversión con incentivos específicos que acerquen la tasa al promedio regional; atacar el desempleo juvenil con políticas activas de mercado laboral; capitalizar la reputación institucional usando el liderazgo en Estado de derecho y control de la corrupción como activo explícito para atraer inversión extranjera de mayor calidad, en particular en software; y corregir la brecha de representación política de las mujeres.
Como una lección común, el informe señala que la prosperidad de América Latina y el Caribe no la explican el tamaño de las economías, la geografía ni el nivel de ingreso, sino la configuración: cómo se alinean, o no, los cuatro pilares. El equilibrio supera a la excelencia en una sola dimensión; las instituciones son necesarias pero no suficientes; la capacidad de gestión es el cuello de botella más frecuente, porque muchas economías con buena gobernanza o buenos resultados sociales no logran convertirlos en productividad e innovación; y la desigualdad arraigada perpetúa equilibrios bajos.
Para las empresas, el estudio propone mirar más allá del PIB al evaluar mercados, tomar la trayectoria del Estado de derecho como indicador líder del riesgo regulatorio y buscar oportunidades en los pilares rezagados de la región: profundidad financiera, digitalización e investigación y desarrollo.
