El juez federal Alejandro Sánchez Freytes denegó la excarcelación de los dos efectivos de la Policía Federal acusados de perpetrar un falso allanamiento en barrio Pueyrredón para robar dinero y joyas. Los agentes Matías Mercado y Emanuel Guardia continuarán alojados en la Cárcel de Bouwer por orden de la Justicia. La decisión judicial aceleró una purga interna en la cúpula de la fuerza nacional en la provincia.
Por orden del fiscal federal Maximiliano Hairabedian, los sospechosos fueron indagados tras ser detenidos por la investigación del atraco. Ambos efectivos negaron los hechos y optaron por abstenerse de declarar ante las autoridades judiciales. Pese a que la defensora oficial Mercedes Crespi solicitó la liberación de los imputados, el magistrado resolvió mantenerlos bajo prisión preventiva.
En consecuencia, los agentes enfrentan imputaciones por los delitos de presunto robo calificado, extorsión, secuestro coactivo agravado, violación de domicilio y peculado. De acuerdo con el expediente, los oficiales habrían adulterado el libro de guardia del móvil policial y eliminado registros de conversaciones en sus teléfonos celulares para obstaculizar el accionar de la justicia.
Cambios en la cúpula de la fuerza
Asimismo, el escándalo provocó el relevo del titular de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Córdoba, comisario Fabio Ascona. En su lugar asumió de forma interina el subcomisario José Luis Cabrera, quien ya desempeñaba tareas en la sede local. La designación contó con el respaldo del Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Alejandra Monteoliva.
Por otra parte, la remoción de la jefatura dejó en evidencia el severo impacto institucional provocado por la causa dentro de la fuerza. El episodio se suma a la reciente imputación del exjefe de la División Antidrogas, Alejandro Falcón, quien tras estar en Bouwer obtuvo la prisión domiciliaria.
Respecto al hecho investigado, el suceso ocurrió el pasado 22 de agosto en la vivienda de un comerciante de automóviles. Según la instrucción de Hairabedian, una patota policial utilizó un patrullero identificable con balizas encendidas para ingresar al domicilio cuando el propietario no se encontraba presente.
Finalmente, los policías irrumpieron en el lugar, redujeron a la esposa y a los hijos del comerciante y provocaron daños materiales hasta apoderarse de 30 millones de pesos y joyas. La posterior denuncia del damnificado y el análisis de cámaras de seguridad permitieron identificar a la patrulla y disponer la inmediata detención de los uniformados.
