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Sin socio de gobierno estable dentro del pleno municipal, el PSC busca allende la plaza Sant Jaume aliados en su cruzada por la vivienda, el principal problema de los barceloneses. Lo habrán escuchado en boca de algún concejal socialista, eso del “derecho a quedarse en Barcelona”. El alcalde ha presentado este lunes un acuerdo con viejos conocidos de la vivienda social: los sindicatos. En este caso, CCOO y UGT, a los que se cederá la construcción de 1.500 pisos en los próximos 10 años. Serán viviendas con derecho a superficie, esto es, los beneficiarios podrán disfrutarlas durante 75 años a cambio de una suerte de hipoteca a precio social.
No será como antaño. Es decir, las personas que quieran uno de estos pisos no tendrán que ser afiliados a ninguno de los dos sindicatos. Ni tan siquiera simpatizantes. Se adjudicarán como suele hacerse, a través de la lista de personas inscritas en el registro de solicitantes de viviendas de protección oficial de Barcelona. Antes de terminar el año, Ayuntamiento y centrales sindicales ya habrán pactado la promoción de los primeros 179 pisos en tres solares sitos en el Bon Pastor, la Clota y Trinitat Nova.
El consistorio cede el suelo y UGT y CCOO se buscan la vida con recursos propios o cooperativas cercanas para llevar a cabo la obra, que no tendrá una gestión posterior porque los moradores tendrán pleno derecho durante esos 75 años. Pasado ese tiempo, que da para una generación y media, la vivienda volverá a manos públicas. ¿Qué gana el Consistorio? “Sumar nuevos actores al derecho a la vivienda en Barcelona”, ha resumido el alcalde, que ha elogiado “la consolidación de alianzas con el sector no lucrativo”. “No venimos a ganar nada, solo dolores de cabeza”, ha bromeado la secretaria general de CCOO en Catalunya, Belén López, consciente de que el de la construcción pública es un jardín no siempre fácil de sembrar.
En el caso de UGT, el sindicato dispone de su propia cooperativa de vivienda asequible, Llar Unió Catalónia, con la que el Ayuntamiento ya ha tenido tratos en el pasado. En septiembre de hace un año se anunció la cesión de dos solares a esta entidad para construir 150 pisos en Sants-Motjuïc y Sant Martí. Camil Ros, secretario general de UGT en Catalunya, ha celebrado un pacto “que aporta estabilidad a la política de vivienda” y ha señalado sin ambages al sector privado como responsable de las dificultades de acceder a un piso. “Que vivir en Barcelona no sea el privilegio de unos pocos, sino el derecho de todos, tanto de los nacidos aquí como de los que trabajan aquí”, ha aseverado.
El derecho a superficie a través de los sindicatos se une a toda la batería de mecanismos desplegados desde la ciudad para tratar de amortiguar la escasez de vivienda: la construcción pública directa, la cesión a cooperativas, la implicación del Govern, el operador metropolitano, la compra por tanteo y retracto o la cesión de suelo por parte de otros entes, como el Consorcio de la Zona Franca. En el caso de los 1.500 pisos que levantarán los sindicatos, los beneficiarios deberán poder asumir una hipoteca social que no supere el 35% de los ingresos de la unidad familiar. A día de hoy, un piso de 70 m2 en derecho de superficie puede tener un coste de unos 173.320 euros.
