Mientras en Diputados el oficialismo intenta avanzar con un proyecto “superador” de la prórroga de la emergencia en discapacidad, el Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo propone eliminar puntos centrales de la normativa vigente, entre ellos el mecanismo de actualización de los pagos a los prestadores.
El cambio generó rechazo en la oposición, incluida la política cordobesa a través de sus redes sociales. Una de las reacciones fue la de la diputada de Provincias Unidas Carolina Basualdo advirtiendo que la iniciativa implica “menos protección y mayor incertidumbre” sobre las pensiones y la cobertura de prestaciones.
CON LA DISCAPACIDAD NO.
Después del emplazamiento del pleno de la Cámara de Diputados para el tratamiento urgente de la prórroga de la emergencia nacional en Discapacidad, el Gobierno nacional, a través de sus diputados, pretende derogar en el Presupuesto 2027 los artículos 5,…
— Carolina Basualdo (@caritobasualdo) September 16, 2026
El posteo fue citado por la secretaria de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero, quien también advirtió por el impacto que podrían tener las modificaciones sobre las personas con discapacidad, las familias y las instituciones.
El Gobierno de @JMilei, otra vez, avanza sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Ahora, a través del Presupuesto 2027, pretenden derogar artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad mientras el Congreso se encuentra tratando el tema en comisiones. Y avanzan… https://t.co/QOfu2Jc7Nt
— Liliana Montero (@monteroliliana) September 16, 2026
En ese marco, Montero amplió sus declaraciones en diálogo con Hoy Día Córdoba y agregó que podrían generar una mayor fragmentación de las prestaciones y trasladar parte de los costos a las familias y a las provincias. Uno de los principales puntos que señaló es la eliminación del arancel único. Actualmente, existe un valor de referencia común para prestaciones como terapias, centros de día, transporte o residencias, que deben asumir los distintos financiadores. “Se rompe la homogeneidad del sistema y se habilitan diferentes valores para una misma prestación”, sostuvo sobre eso. Según explicó, dos personas que necesitan exactamente la misma prestación podrían terminar recibiendo una cobertura diferente dependiendo de cuál sea su financiador.
El segundo punto que marcó es la eliminación del mecanismo automático de actualización de los aranceles. El proyecto reemplaza el mecanismo vigente por una determinación trimestral de los valores para el Estado Nacional. “Si el costo de atender a su hijo aumenta y el arancel no aumenta al mismo ritmo, el prestador empieza a perder plata y por lo tanto es probable que volvamos a la situación en que deja de darle esa cobertura”, advirtió.
El cambio en las pensiones es el tercer punto que cuestionó la funcionaria, considerando que el proyecto cambia el enfoque de protección social por uno vinculado nuevamente a la incapacidad laboral. “Se cambia el eje. En lugar de hablar de una persona con discapacidad que necesita una protección social, se vuelve a un viejo esquema de la incapacidad laboral”, sostuvo.
También cuestionó la incompatibilidad con el trabajo formal: “A muchas personas con discapacidad les cuesta conseguir el empleo formal”. A su vez, advirtió que la pérdida automática de la pensión al ingresar a un empleo puede convertirse en un obstáculo para la inclusión laboral. “Para ingresar a un empleo formal, perdería esta pensión automáticamente cuando en realidad no sabe cuánto tiempo va a permanecer en ese empleo en blanco”, señaló.
El cuarto aspecto que marcó es la eliminación de garantías específicas de salud y otros mecanismos de protección incorporados por la Ley de Emergencia. “La ley incorporó mecanismos específicos, entre ellos la cobertura de salud para quienes reciben la pensión, la conversión de las pensiones existentes. El proyecto deroga esos artículos”, sostuvo, lo que implica “sacar algunas de las garantías que hoy protegían a las personas y a las familias”.
El quinto y último punto está relacionado con el financiamiento, sobre el que plantea que la discusión central es quién terminará absorbiendo los costos si los valores establecidos por Nación no alcanzan para cubrir las prestaciones. “Me parece que es muy importante qué significa, quién absorbe el costo. El Estado Nacional puede fijar un valor para la prestación, pero si ese valor no alcanza para cubrir el costo real, alguien tiene que cubrir la diferencia. ¿El prestador, la obra social, la prepaga, la familia, el Estado provincial?”, cuestionó. “Cuando Nación paga menos, la necesidad de la persona no desaparece. Las terapias siguen siendo necesarias, el transporte sigue siendo necesario, el centro de día sigue siendo necesario”, agregó.
“Ahí me parece que aparece el problema de competencias en donde la Nación reduce su aporte y las provincias vamos a tener que destinar más y más recursos para garantizar que una persona no se quede sin atención”, sostuvo.
El costo para Córdoba
La Secretaria de Desarrollo Humano respaldó su planteo con datos sobre el gasto de Córdoba en el sistema de discapacidad. Según detalló, el año pasado la Provincia aportó “casi 130.000 millones de pesos” en los distintos ámbitos en los que presta servicios, mientras que para este año estimó que la cifra llegará a unos $228.000 millones. “Eso implica un aumento de arriba del 75%”, afirmó.
Montero contrastó ese incremento con la pauta inflacionaria del 10,1% utilizada por el Gobierno nacional para la construcción del Presupuesto 2026. “Nosotros a los 128.000 millones que habíamos aportado el año pasado deberíamos haberles subido solamente el 10,1%, porque eso es por pauta nacional que se construye en los presupuestos”, explicó.
Sin embargo, señaló que Córdoba destinó casi un 80% más que el año anterior. A ese esfuerzo sumó los recursos destinados a salud, educación, deporte adaptado y cultura, además del fondo específico para discapacidad. Según detalló, ese fondo alcanzó este año los $4.500 millones y el gobernador Martín Llaryora debió disponer otros $2.000 millones para atender la emergencia de instituciones del sector.
En ese sentido, volvió a cuestionar el enfoque del Gobierno nacional. “Como decir, ‘bueno, el que tiene plata que pague una obra social buena y el que no, que se joda’”, cerró la funcionaria.
Las escuelas de Córdoba suman tecnología para el aprendizaje de Matemática
