Los diputados bonaerenses de La Libertad Avanza presentaron un pedido de informes para conocer cómo implementará Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. El planteo apunta a infraestructura, presupuesto, capacidad de los centros especializados y medidas adoptadas por la administración bonaerense.
La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil abrió una discusión que ahora llegó formalmente a la Legislatura bonaerense. La bancada de La Libertad Avanza presentó un pedido de informes dirigido al Ejecutivo de Axel Kicillof para conocer qué estructura tiene la Provincia para aplicar la nueva normativa.
Los legisladores libertarios reclaman información detallada sobre las medidas administrativas, presupuestarias, edilicias y operativas adoptadas desde la sanción de la legislación y preguntan si existe un plan provincial específico para su implementación.
Uno de los principales focos del pedido está puesto en los dispositivos destinados a alojar a adolescentes sometidos a procesos penales.
La bancada solicita conocer cuántos centros especializados existen, dónde están ubicados, cuál es su capacidad habilitada, qué nivel de ocupación tienen actualmente y cuáles son sus condiciones edilicias.
También reclama información sobre las obras de construcción, refacción o adecuación realizadas o proyectadas durante los últimos seis años, incluyendo fechas previstas de finalización.
“¿Qué hizo la Provincia con sus recursos?”
El cuestionamiento político de LLA apunta directamente a la administración bonaerense.
Los diputados sostienen que el Gobierno provincial no puede limitar la discusión a una disputa presupuestaria con Nación y reclaman que explique qué recursos provinciales destinó al sistema, qué prioridades estableció y por qué, según su planteo, la infraestructura no fue adecuada previamente.
“La falta de infraestructura no puede transformarse en impunidad”, señalaron desde la bancada libertaria.
En esa línea, reclamaron que el Ejecutivo bonaerense “rinda cuentas por el estado del sistema que administra” y garantice las condiciones necesarias para aplicar la legislación.
FUENTE: DIPUTADOS BONAERENSES
