La propuesta legislativa introduce cambios de fondo en el sistema de selección de magistrados y fiscales: las entrevistas serán públicas, transmitidas en vivo y registradas en soporte audiovisual, mientras que las votaciones de los consejeros deberán ser nominales y fundadas. El Colegio de Abogados considera que servirá para terminar con los postulantes acomodados.
El Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial celebró el proyecto impulsado por los diputados Lucas Damián Nass, Nicolás Slimel, Teresa Cubells y Sebastián Benítez Molas. La iniciativa busca transparentar la selección de jueces y fiscales, poniendo fin al «amiguismo» y al «dedismo» en la justicia chaqueña.
La entidad expresó su respaldo al proyecto de ley que reforma el régimen de concursos públicos de antecedentes y oposición, presentado en la Legislatura provincial por los mencionados diputados.
El presidente del Colegio, Jose Rene Galassi, destacó que la iniciativa marca un antes y un después en la forma de elegir jueces y fiscales en la provincia. «Es tiempo de poner fin al amiguismo y al dedismo de varios años, que han sabido servirse lobbistas y plurifuncionarios que quieren estar de los dos lados del mostrador», afirmó.
La propuesta legislativa introduce cambios sustanciales en el sistema de selección. Por primera vez, las entrevistas serán públicas, transmitidas en vivo y registradas en soporte audiovisual, con acceso abierto para garantizar el control ciudadano. Las votaciones de los consejeros deberán ser nominales y fundadas, explicando de manera concreta las razones vinculadas con el mérito y la idoneidad de cada postulante.
El proyecto también establece que no podrá declararse desierto un concurso si existe al menos un postulante que haya alcanzado el nivel de excelencia. De esta manera, se evita que la falta de acuerdo político o interno se convierta en un obstáculo para cubrir vacantes en la justicia. Además, fija plazos estrictos: el Consejo de la Magistratura tendrá un máximo de treinta días hábiles para resolver entrevistas y formular propuestas, evitando demoras que afecten el servicio judicial.
Otro aspecto central es la garantía de igualdad. La reforma prohíbe que se discrimine a los postulantes por ideología, religión, género, orientación sexual, origen social o actividad gremial. En cambio, la evaluación se centrará en la calidad jurídica, la solvencia ética, la independencia de criterio y el respeto por los derechos humanos.
Con estas modificaciones, la iniciativa busca dar un salto de calidad institucional, transparentando los concursos y fortaleciendo la confianza ciudadana en el sistema judicial. El respaldo del Colegio de Abogados refuerza la idea de que la provincia está frente a una oportunidad histórica para consolidar un modelo de selección basado en el mérito y la idoneidad profesional.
