El Gobierno nacional envió la semana pasada al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, anunciado por el presidente Javier Milei para fortalecer la defensa de la soberanía en Malvinas, pero que terminó generando fuertes cuestionamientos de juristas, legisladores y especialistas en libertad de expresión.
Ocurre que la iniciativa propone incorporar al Código Penal la figura de «desinformación masiva» con penas de hasta 20 años de prisión para quienes “actúen con financiamiento o por cuenta de Estados extranjeros”. Diversos sectores advierten que la imprecisión de los términos penales amenaza la libertad de expresión e incentiva la autocensura.
Los detalles del proyecto
Desde su segundo capítulo, la iniciativa incorpora nuevos delitos vinculados con la “desinformación masiva”, la “manipulación de la opinión pública”, la influencia extranjera y las “operaciones clandestinas”, con penas que parten de cinco años de prisión y, en algunos casos, llegan hasta 20.
El principal punto de controversia está en el artículo 111 del proyecto, que propone incorporar un nuevo artículo 225 bis al Código Penal. La norma establece entre cinco y doce años de prisión para quien, actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, una organización o un agente extranjero, procure “alterar procesos electorales” o “manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”. La pena aumenta de ocho a quince años cuando la conducta se comete mediante amenazas, sobornos, coerción o utilización de estructuras criminales.
El artículo 88, a su vez, contempla como infracción contra la Seguridad Nacional determinadas conductas vinculadas con un Estado u organización extranjera que interfieran, mediante medios “clandestinos, engañosos o coercitivos”, en el proceso decisorio de las autoridades argentinas.
El artículo 90 convierte al Consejo de Seguridad Nacional en autoridad de aplicación de este nuevo régimen y el artículo 97 le permite tomar medidas urgentes frente a una amenaza considerada “grave e inminente”, incluso antes de que se inicie formalmente un procedimiento sancionatorio.
Vale aclarar que el concepto de “manipular” o “desinformación” no está definido ni en el proyecto ni en la legislación argentina. Por tanto, inevitablemente será un juicio sobre la capacidad de persuadir de un mensaje, no sobre su veracidad: una nota de investigación, un editorial, columnas de opinión o una ONG que se dedique al fact-checking o a la verificación del discurso público, financiada por una fundación extranjera, podrían considerarse como parte de una campaña de “manipulación”.
Hasta donde se sabe, la iniciativa deja en manos del Consejo de Seguridad, encabezado por el propio Presidente e integrado básicamente por su Gabinete de gestión, la evaluación y definición de las violaciones a tales conceptos ante los casos que se puedan producir.
La defensa oficial
Desde el Gobierno aclararon que la aplicación de esos artículos solo apunta respecto de “quien actúa por cuenta y orden de un Estado u organización extranjera para generar campañas de desinformación masivas en el territorio” y resaltaron que la iniciativa “no tiene nada que ver con perseguir al periodismo”.
“Se deberá demostrar que la campaña fue masiva, y que se actuó por cuenta y orden de un Estado extranjero o con su financiamiento”, destacaron fuentes oficiales no identificadas.
“No hay un solo renglón en la ley que atente contra el derecho a la libertad de expresión de ningún ciudadano ni ningún periodista. Los que se oponen son agentes ingleses”, se envalentonó en la red social X el asesor Santiago Caputo, uno de los ideólogos del texto que el Gobierno mandó al Congreso.
“Publicar información falsa es inmoral, pero no es un delito. Diferente es ejecutar en la Argentina una operación de desinformación financiada y dirigida desde el exterior. Eso sí es un delito y atenta contra la seguridad nacional”, agregó el economista oficial Federico Domínguez.
Sin embargo, más allá de las aclaraciones oficiales, el cuestionamiento central apunta a quién determinará qué constituye “desinformación”, cuándo una campaña busca “manipular la opinión pública”, qué convierte un mecanismo de comunicación en “engañoso” y cuáles serán los parámetros para definir una amenaza a la Seguridad Nacional.
Esas preguntas adquieren relevancia por la escala de las sanciones: una interpretación sobre esos conceptos puede abrir una investigación por delitos cuyo mínimo es de cinco años de prisión. Vale insistir en que, hasta el momento, según el articulado de la Ley de Soberanía, el ente encargado de determinar tales cuestiones es el Consejo de Seguridad Nacional.
La crítica de los especialistas
“Es un tipo penal abierto, indeterminado, que va en contra de lo que es el principio de legalidad penal, que los tipos penales tienen que ser taxativos, cerrados”, sostuvo el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien cuestionó la combinación de definiciones indeterminadas de virtuales delitos con sanciones penales elevadas, por los riesgos de promover comportamientos de auto-censura en el ejercicio del periodismo.
“Hay riesgos claros de censura previa a través de lo que se llama el efecto intimidante”, afirmó Gil Domínguez, que explicó que “ante un tipo penal de estas características, vos empezás a cuidar lo que vas a decir”.
El constitucionalista explicó que la norma no define qué condiciones convierten a una información en falsa o controvertida en una “campaña coordinada de desinformación masiva” y cuestionó la elevación de penas. “Esto de manipular la opinión pública a través de desinformación masiva, con un nivel de penas muy elevado, es casi la misma pena que el homicidio”, señaló Gil Domínguez, quien calificó de inconstitucional al proyecto.
“Me parece que es un tipo penal que desde el punto de vista formal es inconstitucional. Y desde el punto de vista sustancial, afecta a lo que es la libertad de expresión de un sistema democrático”, afirmó y aclaró que “no es porque te está prohibiendo expresarte, sino porque te genera el daño a expresarte. El daño a criticar. El daño a ser opositor”.
El constitucionalista identifica ese fenómeno como un efecto intimidatorio: la posibilidad de enfrentar una investigación o una pena modifica anticipadamente aquello que una persona está dispuesta a decir, investigar o publicar. “Es censura previa, a través de lo que se llama el efecto intimidante”, insistió.
El constitucionalista Félix Lonigro planteó una advertencia similar. “Es grave porque, leyendo un proyecto de ley que tiene que ver con la defensa de soberanía nacional, uno se encuentra con esta sorpresa que pareciera nada que ver con el tema de la soberanía”, sostuvo Lonigro, quien cuestionó la posibilidad de que una autoridad determine qué información es punible.
“¿Entonces a quién se pretende castigar? A los que de pronto, con algún tipo de información o simplemente el que critica, dando datos que al Gobierno le parece que desinforman”, explicó y advirtió que “por ese motivo te podrías ligar una denuncia penal por incumplimiento de este artículo”. Para Lonigro, el problema reside en “una descripción insólita, de una conducta ambigua” que puede otorgar al Gobierno “un instrumento para perseguir, para condicionar la libertad de expresión”.
El constitucionalista relacionó además esa preocupación con la evolución de las garantías de expresión frente al poder político en la Argentina y recordó la eliminación de la figura del desacato. “Eso es un retroceso”, afirmó.
También cuestionó la graduación de las penas: “Que a este proyecto de figura delictiva le pongan una pena de cinco a doce años […] es una cosa inexplicable”, graficó.
El tema de las amenazas
Otro constitucionalista como Diego Armesto advirtió por el uso reiterado de la palabra “amenaza” en el proyecto. “Hay cosas que hacen ruido, porque con la modificación del Código Penal se permite un cierto grado de discrecionalidad al funcionario o al Ejecutivo”, sostuvo Armesto, quien indicó que “la amenaza es un concepto muy ambiguo. ¿Qué es amenaza para un funcionario, para un abogado o para un periodista?”.
Armesto marcó una diferencia con la noción de “agresión”, que considera más concreta y susceptible de comprobación objetiva. “La agresión es más concreta. Vos la podés comprobar. Acá habla mucho de amenazas”, afirmó y advirtió que la cuestión es relevante porque la determinación inicial quedará dentro del Poder Ejecutivo.
“Queda en cabeza del funcionario o el Poder Ejecutivo o del organismo que crean como órgano de aplicación. Entonces eso abre un cierto margen de discrecionalidad que puede afectar otros derechos”, advirtió.
Críticas al Consejo de Seguridad
Mariana Altieri, politóloga especializada en geopolítica, indicó que el proyecto trasciende el reclamo territorial argentino en otros aspectos, particularmente la creación del Consejo de Seguridad Nacional. “Están mezclando dos cosas y están poniendo a Malvinas como mascarón de proa” para hacer reformas de la legislación en seguridad, afirmó Altieri.
“Te están metiendo una especie de ley base de seguridad con un consejo de seguridad”, advirtió la especialista, que destacó que en Argentina se estableció una separación entre la defensa nacional y la seguridad interior durante la transición democrática.
La Ley de Defensa contempla así agresiones de actores estatales externos, mientras la seguridad interior se ocupa de problemáticas dentro del país y queda a cargo de las fuerzas federales. Altieri sostuvo que esa distinción debe preservarse, aunque reconoció que el país necesita abordar cuestiones complejas como el crimen organizado, el narcotráfico, la protección de infraestructuras y las funciones de las agencias estatales. El debate, remarcó, debería tramitarse mediante una norma específica y no dentro de una iniciativa sobre Malvinas.
La politóloga cuestionó que el organismo concentre definiciones vinculadas con defensa, terrorismo, campañas de desinformación e injerencia externa. También alertó que el proyecto podría otorgar al Ejecutivo mecanismos de actuación sin controles legislativos suficientes y resumió el espíritu de la norma bajo el siguiente programa: “Voy a correr al Legislativo, vos simplemente hacé esta ley que me va a dar un montón de facultades”, afirmó.
Objeciones de la oposición
El diputado Nicolás Trotta (UxP), vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, expresó su preocupación por el alcance del proyecto y advirtió que la amplitud y falta de precisión del nuevo tipo penal podría transformarlo en “una herramienta de censura y persecución” contra opositores, periodistas y medios de comunicación.
Cuestionó además que esas disposiciones hayan sido incorporadas dentro de una iniciativa vinculada con Malvinas y sostuvo que podrían derivar tanto en “censura previa” como en mecanismos posteriores de “persecución e intimidación”.
Trotta anticipó que trabajará para que esos artículos sean rechazados durante el debate parlamentario y adelantó que buscará que la Comisión de Libertad de Expresión analice específicamente el capítulo respectivo aunque advirtió que el cuerpo, presidido por La Libertad Avanza, sólo realizó este año su reunión constitutiva.
“El proyecto encubre intereses que nada tienen que ver con el título del proyecto, ni la soberanía, ni la defensa de Malvinas. Introduce un nuevo tipo penal, el de la ‘desinformación’, además de resultar un instrumento de control político, profundizará la autocensura en un contexto de ataque sistemático a periodistas y opositores”, agregó la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica), también integrante de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados.
Frade vinculó además sus objeciones con el artículo 18 de la Constitución: “Sus tipos penales vagos y abiertos afectan la garantía de defensa. Es un proyecto inconstitucional”, definió.
Reclamo de Fopea
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) planteó una advertencia institucional sobre el proyecto y reclamó una delimitación taxativa de expresiones como “manipular la opinión pública” y “desinformación”. Además, el organismo pidió incorporar garantías específicas para proteger opiniones, informaciones y críticas comprendidas dentro de la libertad de expresión.
A su vez, la Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtió que “los Estados de la región, en línea con los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, no deberían establecer nuevos tipos penales para sancionar la difusión de desinformación o de noticias falsas”.
Según el documento del organismo, introducir tipos penales ambiguos podría “criminalizar expresiones sobre funcionarios o personas involucradas en asuntos de interés público y establecer una herramienta con un fuerte efecto inhibitorio de la difusión de ideas, críticas e información por miedo a sufrir un proceso penal”.
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