En medio de la creciente tensión con la Argentina por las confusas referencias al Estrecho de Magallanes del jefe de la Fuerza Aérea y de los ministros de Defensa y Exteriores locales, el Senado de Chile emitió una fuerte declaración en la que reafirmó que esa vía estratégica forma parte del territorio nacional y se encuentra bajo el “control y la soberanía exclusiva de Chile”.
Anunció que impulsará el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia y resguardo de la zona austral. Pero además, sin mencionar el conflicto de soberanía sobre las Islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido, la declaración suscrita por cinco parlamentarios y que fue transmitida oficialmente a través del Senado resaltó que el régimen de «libre navegación y comercio» establecido por los tratados vigentes, particularmente el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984.
La declaración fue suscripta este lunes en Punta Arenas por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y los senadores Rodolfo Carter, Ximena Órdenes, Gastón Saavedra y Karim Bianchi, en el marco de la conmemoración de los 183 años de la toma de posesión del Estrecho de Magallanes.
Su postura es casi una defensa a que los buques británicos y de las Islas Malvinas no enfrenten trabas de ningún tipo. Y también es una defensa no explícita a que los habitantes de Punta Arenas y de la Región de Magallanes a desarrollar sus actividades comerciales “de manera libre y expedita” como lo vienen haciendo con las Islas Malvinas, lo que Argentina mira con recelo pero no puede evitar.
Para el caso, esta semana en Punta Arenas, con el impulso del intendente de la ciudad chilena, Claudio Radonich, que es pro británico en el conflicto por Malvinas, la ciudad recibió 40 representantes de empresas que operan en las Islas Malvinas tanto en la construcción, el retail, los restaurantes, la hostelería, la agricultura, los servicios marítimos, la ciencia y la investigación, el turismo.
Además, desde Punta Arenas es que se promueve la salida de la ruta naviera de la empresa Easter Island Naviera (EIN/EIL), que busca abastecer a la industria petrolera una vez que explote en 2028, como prometen las petroleras Navitas y Rockhopper, dos de las empresas apuntadas ahora por el gobierno de Javier Milei en su nueva política malvinera.
“El Estrecho de Magallanes forma parte del territorio nacional y se encuentra bajo el control y la soberanía exclusiva de Chile, dentro de los límites establecidos por los tratados vigentes”, señala el documento. Y agrega que su “gobierno, administración y resguardo corresponden al Estado de Chile, con pleno respeto de sus obligaciones internacionales”, indicaron los legisladores.
Errores y enojos
Tras la sucesión de dichos errados del brigadier argentino Gustavo Valverde, del canciller Pablo Quirno y del ministro Carlos Presti sobre un supuesto control compartido del Estrecho de Magallanes, en Chile hubo protestas contra la Argentina, civiles y militares.
A su vez, las fuerzas armadas vecinas hicieron descomunales ejercicios de disuasión en el Pacífico, a la altura de Punta Arenas, lo que fueron verdaderamente imágenes descomunales. El presidente José Antonio Kast, presionado por los sectores más nacionalistas viajó hasta el Estrecho de Magallanes, Y al igual que los legisladores este lunes, el vicepresidente Claudio Alvarado, viajó al Estrecho para los 183 años de la toma de posesión. Es un gesto inusual porque los actos que recuerdan la toma de posesión del mismo suelen ser encabezados por autoridades locales y militares.
En Chile exigieron aclaraciones, que dieron tanto Presti como Quirno -afianzaron la soberanía de los vecinos sobre el Estrecho-, quien hasta asistió al reciente cóctel por la fiesta nacional, que encabezó el embajador Gonzalo Uriarte Herrera. Quirno ese blindó y evitó declaraciones a la prensa con unos policías muy poco amables.
Y en términos generales, el gobierno de Milei buscó poner paños fríos con su aliado José Antonio Kast que también emitió una declaración en la que Chile reconoce el reclamo de soberanía de las islas Malvinas y prometió que el Estado chileno.
La reacción chilena se produce después de que en la Argentina volviera a quedar bajo la lupa el Decreto 457 de 2021, dictado durante el gobierno de Alberto Fernández, que incluyó al Estrecho de Magallanes entre los “espacios compartidos” cuyo estudio y control conjunto debían continuar fortaleciendo ambos países. El canciller chileno Francisco Mackenna Penna ante de la visita de Milei a Chile, el mes pasado, que el libertario ya tenía a la firma su derogación pero eso no ocurrió-
Este lunes, desde Punta Arenas, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, subrayó el carácter transversal de la declaración y señaló que se trata de una señal de unidad de las instituciones del Estado, enfatizando que “como presidenta del Senado, junto a senadores de manera transversal, hemos venido a ratificar no solamente el control y la soberanía exclusiva de Chile sobre el Estrecho de Magallanes, sino también a recordar el derecho que tienen los habitantes de Punta Arenas y de la zona austral a comerciar de manera libre y expedita.” En esa línea, hizo hincapié en que “ese derecho no admite interpretaciones que desnaturalicen el régimen establecido en los tratados ni dilaciones en su cumplimiento”.
Por su parte, el senador Rodolfo Carter puso el foco en el impacto que tiene el régimen del Estrecho para la actividad económica de Punta Arenas y de toda la Región de Magallanes.
Al respecto, sostuvo que “Punta Arenas y la Región de Magallanes tienen el derecho a comerciar libremente con el mundo. El Estrecho es un espacio sometido a un régimen jurídico establecido en tratados internacionales que garantizan la libre navegación.
Pero el pronunciamiento chileno no quedó solamente en una reafirmación jurídica de la soberanía. Los senadores adelantaron que, durante la discusión del Presupuesto Nacional 2027, promoverán una mayor atención a las necesidades de la zona austral y al fortalecimiento de las capacidades estratégicas para la vigilancia y el resguardo de los espacios soberanos.
El objetivo, según el documento, es asegurar “el mantenimiento, la renovación y el fortalecimiento de las capacidades estratégicas necesarias para la vigilancia y el resguardo de los espacios soberanos de Chile, de conformidad con los tratados vigentes”.
