El Gobierno de la Ciudad estableció un protocolo que regula cómo deben actuar los establecimientos educativos ante posibles delitos. Qué obligaciones tendrán los directivos, en qué circunstancias podrá ingresar la Policía y qué garantías tendrán los estudiantes.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un nuevo protocolo de actuación para las escuelas porteñas, en el marco de la entrada en vigencia del Régimen Penal Juvenil, que redujo de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal.
La medida fue formalizada mediante la Resolución Conjunta N.º 1/MEDGC/2026, publicada el lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial porteño (Pág 341 a 345).El documento establece pautas para la actuación de las autoridades educativas ante posibles delitos, regula las condiciones de intervención de la Policía en los establecimientos y contempla medidas para garantizar la continuidad escolar de los estudiantes involucrados.
La resolución incluye dos anexos oficiales: uno establece los lineamientos generales sobre el impacto del nuevo régimen penal en el ámbito educativo (Anexo 1) y el (Anexo 2) desarrolla los procedimientos que deberán seguir las instituciones.
Las disposiciones alcanzan a establecimientos educativos de gestión estatal y privada, centros educativos y otros espacios de formación dependientes o supervisados por el Ministerio de Educación porteño.
¿Qué cambia con el nuevo Régimen Penal Juvenil?
La Ley Nacional 27.801, que entró en vigencia el 5 de septiembre de 2026, estableció que los adolescentes pueden ser penalmente responsables desde los 14 años, en lugar de los 16 previstos anteriormente. (Anexo II)
Según los lineamientos oficiales, desde esa edad todos los delitos contemplados en el Código Penal de la Nación y en las leyes penales especiales pueden dar lugar a la aplicación del nuevo régimen, independientemente del tipo de delito o de la pena prevista.
Esto significa que determinadas situaciones que anteriormente podían abordarse principalmente mediante las normas de convivencia escolar también pueden requerir la intervención de la Justicia.
El nuevo régimen contempla distintas medidas judiciales, entre ellas restricciones de contacto o acercamiento, prohibiciones de concurrencia a determinados lugares, monitoreo electrónico y, excepcionalmente, medidas que impliquen privación de la libertad.
Estas disposiciones pueden afectar la asistencia y la convivencia escolar. Por ese motivo, el Gobierno porteño estableció pautas específicas para que los establecimientos sepan cómo actuar cuando se presenten estas situaciones.
Los directivos deberán denunciar posibles delitos
Uno de los aspectos centrales del nuevo procedimiento es la obligación de las autoridades escolares de denunciar los hechos de los que tomen conocimiento, durante el ejercicio de sus funciones, cuando puedan constituir delitos de acción pública.
Sin embargo, el Gobierno porteño aclara que esta obligación no es nueva. El deber de denuncia de los funcionarios públicos ya estaba contemplado en la legislación vigente y continúa aplicándose con el nuevo Régimen Penal Juvenil, ahora desde los 14 años.
La obligación no se limita necesariamente a hechos ocurridos dentro de las escuelas o durante el horario de clases. También puede comprender situaciones que sucedan en otros ámbitos, siempre que las autoridades institucionales tomen conocimiento de ellas en el ejercicio de sus funciones y estén vinculadas con estudiantes o con la actividad educativa.
El protocolo establece, además, que los directivos no deberán determinar si efectivamente se cometió un delito, realizar su calificación jurídica ni establecer responsabilidades penales. Esas tareas corresponden exclusivamente a las autoridades competentes.
Cuando existan dudas sobre la posible relevancia penal de un hecho o sobre cómo proceder, las autoridades escolares deberán consultar al Ministerio de Educación mediante los canales habituales.
¿Cómo deberán actuar las escuelas ante una emergencia?
El protocolo establece procedimientos diferentes según la gravedad de cada situación:
Cuando exista un riesgo actual o inminente para la vida, la integridad psicofísica o la seguridad de las personas, presencia o sospecha fundada de armas, o un episodio de violencia grave que requiera intervención inmediata, las autoridades escolares deberán comunicarse con el 911 y seguir las indicaciones recibidas.
También deberán comunicarse con el SAME, mediante la línea 107, cuando corresponda, y con el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de la línea 102, para solicitar la intervención de los organismos de protección.
Además, las autoridades tendrán que adoptar medidas para proteger a los estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa, preservar el lugar donde sucedieron los hechos y registrar las actuaciones realizadas.
En cambio, cuando no exista un riesgo inmediato, pero se tome conocimiento de un hecho que pudiera constituir un delito de acción pública, la denuncia deberá realizarse ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.
Para estos casos, el protocolo contempla la línea gratuita 0800-33-FISCAL (347225), el correo electrónico [email protected] y los demás canales habilitados por ese organismo.
La denuncia deberá incluir una descripción clara y objetiva de los hechos conocidos, sin incorporar valoraciones sobre la responsabilidad penal de las personas involucradas.
En qué circunstancias puede ingresar la Policía a una escuela?
Este es uno de los puntos más relevantes del nuevo procedimiento:
El Anexo II de la resolución establece expresamente tres situaciones en las que puede iniciarse una intervención policial dentro de un establecimiento educativo:
- Cuando la autoridad escolar solicita la intervención mediante un llamado al 911.
- Cuando existe una orden judicial escrita y fundada.
- Cuando se presenta una situación que no admite demora y existe riesgo para la vida o la integridad física de estudiantes, docentes o personal no docente.
En este último supuesto, el personal policial podrá ingresar al establecimiento, pero deberá informar al jefe de la dependencia policial donde presta servicio. Este, a su vez, tendrá que comunicar inmediatamente lo ocurrido al juez penal de turno.
El documento también establece que las autoridades escolares deberán facilitar la intervención policial, prestar la colaboración necesaria y adoptar medidas para resguardar a los estudiantes.
¿La Policía podrá revisar las pertenencias y los celulares de los estudiantes?
El nuevo protocolo contempla expresamente determinadas actuaciones que el personal policial podrá realizar dentro de los establecimientos educativos, siempre de acuerdo con sus facultades y con los procedimientos legalmente establecidos.
Entre ellas, se encuentran solicitar información sobre lo sucedido a las autoridades escolares, ingresar a los espacios del establecimiento, preservar el lugar donde ocurrió el hecho y adoptar medidas de seguridad, como revisar las pertenencias de un estudiante, resguardando su intimidad.
También contempla la obtención y el resguardo de teléfonos celulares, computadoras u otros elementos que puedan resultar relevantes para una investigación, cuando corresponda.
Esto no representa una autorización general para revisar las pertenencias de cualquier alumno. Las actuaciones deberán ajustarse a la legislación vigente y, cuando corresponda, a las instrucciones de la autoridad fiscal o judicial competente. El procedimiento dispone que las intervenciones policiales deberán orientarse prioritariamente a hacer cesar el riesgo, prevenir conflictos y reducir la tensión.
Además, los agentes deberán identificarse e informar su dependencia, jerarquía y el motivo u orden que justifica su actuación. También tendrán que respetar los derechos de los estudiantes y evitar cualquier trato violento, discriminatorio o intimidatorio, así como su exposición innecesaria. (Anexo II)
También, los protocolos de actuación vigentes del Gobierno de la Ciudad pueden consultarse en el siguiente enlace: https://buenosaires.gob.ar/gcaba_historico/educacion/protocolos-escolares
Las autoridades escolares no podrán investigar por su cuenta
Una de las distinciones que establece el protocolo es que las facultades de las autoridades educativas no son las mismas que las de las fuerzas de seguridad o la Justicia.
Los directivos no deberán realizar averiguaciones, interrogatorios ni entrevistas destinadas a obtener pruebas. Ni podrán demorar una denuncia con el objetivo de determinar previamente si el hecho constituye efectivamente un delito.
Cuando un estudiante u otro integrante de la comunidad educativa presente espontáneamente capturas de pantalla, videos, teléfonos u otros materiales relacionados con los hechos, la autoridad institucional deberá dejar constancia de quién los presentó y comunicar su existencia a las autoridades competentes.
El procedimiento establece expresamente que las autoridades escolares no podrán solicitar ni retener esos materiales, como tampoco examinarlos, reproducirlos o reenviarlos. Estas restricciones no impiden que la escuela continúe desarrollando sus funciones educativas ni que aplique las medidas de protección y acompañamiento que correspondan.
¿Qué sucede con los conflictos entre estudiantes?
El Gobierno porteño reconoce en sus lineamientos que determinadas conductas que pueden presentarse inicialmente como conflictos entre compañeros, bromas, desafíos o interacciones digitales podrían tener consecuencias penales, según sus características, reiteración o gravedad.
Entre las situaciones que menciona se encuentran la violencia física o verbal, las amenazas, el hostigamiento, la difusión de imágenes o contenidos sin consentimiento, los daños a bienes y las conductas que afecten la intimidad de otras personas.
Sin embargo, no todo conflicto escolar constituye un delito. Su eventual calificación penal corresponde a las autoridades judiciales. El protocolo establece que la intervención educativa deberá continuar incluso cuando exista una denuncia o investigación penal.
El Ministerio de Educación prevé realizar talleres sobre convivencia, prevención de la violencia y uso responsable de entornos digitales, además de orientar a las familias para detectar riesgos y prevenir conflictos.
¿Qué derechos tienen los estudiantes involucrados?
Los documentos oficiales establecen que cualquier intervención deberá respetar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, proteger su integridad y preservar su intimidad.
Cuando la persona afectada y el estudiante señalado como posible responsable concurran a la misma escuela, las autoridades deberán adoptar medidas para evitar nuevas situaciones de contacto, intimidación u hostigamiento que puedan perjudicar a la persona afectada.
El protocolo busca evitar la revictimización y permite adaptar la organización escolar cuando sea necesario. El protocolo contempla que, podrán modificarse horarios, espacios, cursos, divisiones u otras condiciones de organización escolar.
Una denuncia penal no impide continuar estudiando
El protocolo garantiza la continuidad educativa de los estudiantes involucrados en investigaciones o procesos penales, sin que esa situación implique restricciones o un trato diferenciado.
Si la Justicia dispone medidas que afectan la asistencia o la convivencia escolar, las autoridades deberán buscar alternativas para sostener los aprendizajes. Incluso en casos de privación de la libertad, deberá garantizarse la escolarización y facilitarse el regreso al sistema educativo una vez finalizada la medida.
¿Qué dicen los gremios docentes?
La aprobación del nuevo procedimiento provocó cuestionamientos de los gremios docentes porteños UTE y Ademys, que expresaron su preocupación por la posibilidad de judicializar conflictos escolares, que la obligación de denuncia recaiga sobre los directivos y las consecuencias de la intervención del sistema penal en el ámbito educativo.
Desde UTE advirtieron, a través de un comunicado publicado el 25 de septiembre, sobre el riesgo de estigmatización y criminalización de niños, niñas y adolescentes. Además, reclamaron al Ministerio de Educación equipos profesionales, formación y mayores recursos para abordar las situaciones de violencia desde la prevención y el acompañamiento.
Por su parte, Federico Puy, secretario general adjunto de Ademys, cuestionó la obligación de denunciar hechos que podrían constituir delitos y expresó su preocupación por el papel que asumirán las escuelas frente al nuevo régimen.
El Gobierno porteño establece que el deber de denuncia de los funcionarios públicos ya existía y que las instituciones deberán continuar con sus responsabilidades educativas y de protección, independientemente de las intervenciones policiales o judiciales que correspondan.
Queda claro que la implementación del nuevo protocolo planteará el desafío de encontrar un equilibrio entre la intervención ante posibles delitos y la protección de los estudiantes. Para esto, será fundamental la coordinación entre las escuelas, las familias y los organismos competentes, sin dejar de garantizar la seguridad y la continuidad educativa como prioridad.
