Diego Luciani volvió a poner en el centro de la escena las dificultades que enfrentan los fiscales y jueces que investigan causas de corrupción.
Durante un panel del Coloquio de IDEA, el fiscal que encabezó la acusación en el juicio por la obra pública en Santa Cruz, que terminó con la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, habló de las presiones del poder político, las amenazas que recibió y la necesidad de sostener la independencia judicial frente a los intentos de condicionamiento.
“Uno tiene que tolerar las presiones”, sostuvo Luciani, quien recordó las declaraciones públicas que recibió durante el proceso judicial. Entre ellas, mencionó cuando un Presidente de la Nación los calificó de “mafia judicial” y cuando, después de su alegato, el entonces mandatario dijo: “Espero que Luciani no se suicide”.
El fiscal planteó que el ejercicio de la independencia judicial supone una preparación que va más allá de lo estrictamente jurídico. “La preparación es mental, profesional, académica y de liderazgo, como liderar frente a estas adversidades”, explicó al recordar el trabajo que implicó llevar adelante la causa Vialidad.
En ese sentido, contó que en su fiscalía trabajaban 12 personas y que, además de la investigación sobre la obra pública en Santa Cruz, tenían más de 200 causas vinculadas a otros delitos. Para afrontar el volumen de trabajo, debieron dividir la fiscalía en dos y prepararse especialmente para el proceso.
Emocionado en el relato y muy aplaudido por los presentes, Luciani también recordó el contexto político en el que se desarrolló el juicio. “En 2019 gana las elecciones quien juzgábamos y todo el poder del Gobierno fue volcado en contra de nosotros”, señaló.
Y agregó que las presiones no siempre se manifiestan de manera directa: pueden comenzar con intentos sutiles de incidir en las decisiones de los magistrados y avanzar hacia otras formas de condicionamiento.
Entre los ejemplos mencionó los intentos de remover a integrantes de la Corte Suprema, las reformas institucionales y las iniciativas dirigidas contra el procurador. También advirtió sobre la influencia de los medios de comunicación en estos procesos y las dificultades que enfrentan quienes investigan estructuras de corrupción.
“Cómo le explico a mi hijo de 16 años si no hacía lo que tenía que hacer”, planteó al describir el impacto personal de las amenazas y las presiones. Para el fiscal, la independencia no es una condición abstracta, sino una exigencia concreta que debe sostenerse incluso cuando las decisiones judiciales generan enfrentamientos con el poder político.
En su exposición, Luciani también hizo hincapié en las limitaciones estructurales de la Justicia y en la importancia de que las investigaciones puedan avanzar sobre todas las pruebas disponibles. Como ejemplo, se refirió a las causas vinculadas a Santa Cruz y a la investigación sobre el empresario Lázaro Báez.
Según relató, durante la investigación de Vialidad solicitaron acceder a causas satelitales, entre ellas la del ex secretario de Obras Públicas José López. El tribunal autorizó el pedido y, de acuerdo con su exposición, encontraron dos teléfonos que no habían sido analizados.
Luciani sostuvo que en esos dispositivos se registraban conversaciones sobre la salida de Austral Construcciones, reuniones vinculadas a disposiciones de Cristina Kirchner y planes para abandonar las rutas. Para el fiscal, ese material permitió dimensionar el perjuicio que, según su interpretación, sufrió el país.
“¿Qué país tendríamos si todo hubiera ido a donde tendría que haber ido? Cloacas, obra pública, infraestructura, rutas”, se preguntó durante el encuentro.
El fiscal definió el desenlace de Vialidad como un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción. “El caso Vialidad marcó un antes y un después en materia de corrupción. Es un caso exitoso. Hay cosa juzgada”, afirmó. Y agregó: “Es exitoso porque la Justicia no le cedió la última palabra a la corrupción y a la impunidad de los corruptos”.
El reclamo por una Justicia más transparente
El panel también contó con la participación de Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura, quien puso el foco en los mecanismos de selección y control de jueces. Su planteo coincidió con el diagnóstico de Luciani sobre las dificultades del sistema judicial, aunque desde una perspectiva institucional: la necesidad de reducir la discrecionalidad, transparentar los concursos y exigir rendición de cuentas.
De la Torre señaló que la Comisión de Disciplina tramitó unas 500 denuncias contra magistrados, pero que solo tres terminaron en sanciones. “Si no pedimos rendición de cuentas a los jueces, es difícil que haya soluciones”, sostuvo.
También cuestionó los procesos de selección de magistrados y describió al Consejo de la Magistratura como un ámbito donde, muchas veces, las decisiones terminan atravesadas por las disputas entre los propios consejeros. Según explicó, presentó cinco proyectos para impulsar mayor transparencia y reducir la discrecionalidad en los concursos.
La consejera advirtió, además, sobre el impacto de las vacantes judiciales. Recordó que hubo 27 meses sin envío de pliegos del Poder Ejecutivo al Senado y que el nivel de vacancias llegó al 33%. Aunque señaló que durante este año comenzaron a cubrirse cargos y que el porcentaje ronda actualmente el 20%, reclamó acelerar los procesos de selección y avanzar con concursos anticipados.
De la Torre vinculó esos déficits con el funcionamiento de la economía y la confianza de los inversores. Como ejemplo, mencionó que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) establece mecanismos de resolución de controversias en jurisdicciones internacionales.
“Si no se cumple el RIGI, ¿quién va a estar para defendernos? ¿La Justicia argentina? No, la Justicia internacional”, planteó. Y advirtió que la incertidumbre sobre los tribunales que deberán resolver un conflicto también tiene consecuencias económicas, al señalar las diferencias de rendimiento entre bonos bajo jurisdicción extranjera y argentina.
En ese contexto, ambos coincidieron en la necesidad de fortalecer la independencia judicial. Luciani desde la experiencia de quienes llevan adelante investigaciones de corrupción y enfrentan presiones políticas; De la Torre desde la necesidad de reformar los mecanismos de selección, control y disciplina de los magistrados.
La consejera cerró con un mensaje dirigido al empresariado presente en IDEA: pidió que el sector privado incorpore el seguimiento del Consejo de la Magistratura a su agenda institucional y reclame estadísticas, códigos de ética, normas disciplinarias claras y concursos transparentes.
“Si se comprometen a mirarnos, se logra”, afirmó. Y convocó a prestar atención a la elección de los representantes de los abogados en el Consejo, prevista para el 20 de octubre.
Para Luciani, en cambio, el mensaje final estuvo puesto en el resultado de la investigación que lo tuvo como protagonista: “Había que cambiar la historia de este país en materia de justicia y creo que lo logramos, en materia de corrupción”.
