Diario HOY | Dictan arresto domiciliario para periodista por engañar y abandonar a adultos mayores

El representante legal del MDS, Alberto Lezcano, detalló que el conflicto se originó al inicio de la administración actual, cuando Cabral pidió formalmente que el Ministerio lo acreditara como gestor del programa de adultos mayores.

Ante la negativa de las autoridades, quienes recordaron que el trámite es totalmente gratuito, automático y no requiere de intermediarios, el imputado comenzó a movilizar e ingresar a la capital a delegaciones procedentes principalmente de la zona de Curuguaty.

Las movilizaciones derivaron en situaciones críticas para la salud física de los adultos. Lezcano confirmó que, tras ser abandonados a su suerte en la vía pública, uno de los adultos mayores de 80 años sufrió una descompensación que requirió asistencia e internación médica por parte del Ministerio, falleciendo posteriormente.

A esta situación se sumaron episodios violentos de cierre del acceso principal al local institucional, agresiones e incitación a cometer desmanes por parte del grupo organizador.

La medida cautelar de arresto domiciliario deberá cumplirse estrictamente en la vivienda del imputado ubicada en Curuguaty, Departamento de Canindeyú, bajo prohibición de comunicarse con los demás coimputados en la causa, identificados como Rodrigo Andrés Piatti y Pedro Ismael Ferreira.

A la par del proceso por abandono e incitación, el Ministerio de Desarrollo Social impulsa otras denuncias penales en contra de Cabral por supuesta estafa, al constatarse cobros indebidos a personas de la tercera edad bajo el engaño de otorgamiento o agilización de las pensiones.

En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, el titular de la cartera de seguridad señaló que la atención está enfocada principalmente a aquellos distritos donde la rispidez política o la posibilidad de resultados muy ajustados podrían caldear los ánimos de la dirigencia local.

El ministro indicó que su presencia física constante en el este del país forma parte de ese monitoreo cercano, enfocado en municipios emblemáticos como Ciudad del Este y Presidente Franco, además de otros puntos focalizados en el interior como Tabapí, Raúl Peña y Santaní.

A esta lista se suman varias localidades del Departamento Central como San Antonio, Ñemby e Ypané, donde la disputa por el poder municipal entre las administraciones vigentes y la oposición genera una fuerte rivalidad política.

Riera sostuvo que en estos “puntos calientes” el mayor riesgo reside en la resistencia de ciertos sectores a aceptar un eventual cambio de signo partidario tras varios años de hegemonía, o en el desborde derivado de cómputos sumamente estrechos.

El ministro justificó la articulación directa de un equipo especial entre la Fiscalía, la Justicia Electoral y la Policía para desactivar en tiempo real cualquier incidentes en los locales de votación o durante la custodia de los maletines.

Riera reiteró que la meta principal del monitoreo es mantener el orden en las 263 municipalidades del país. Aseguró que la madurez de la ciudadanía y la solidez institucional del sistema electoral garantizan que la jornada se desarrolle sin sobresaltos y que los resultados expresados en las urnas sean respetados sin cuestionamientos.

El procedimiento se realizó el 1 de setiembre, a las 15:00, en la sede de la Dirección Nacional de Migraciones de Pedro Juan Caballero, donde Ovelar fue entregado a agentes de la Policía Federal brasileña.

El extranjero es señalado como presunto integrante del grupo criminal brasileño Comando Vermelho y contaba con una orden de captura internacional. Además, en Brasil registra una condena que supera los 40 años de prisión.

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La entrega estuvo a cargo de la Policía Nacional, la Dirección de Migraciones, agentes especiales del Departamento Regional N.° 1 de Pedro Juan Caballero y efectivos de las Fuerzas Especiales de la Senad.

Por el Ministerio Público participó la fiscal de Pedro Juan Caballero Rossana Coronel, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico.

Tras el procedimiento, se labró el acta correspondiente de expulsión y entrega, con intervención de la División Regional N.° 2 del Comando Bipartito del Departamento de Amambay.

Riera se pronunció sobre la aprehensión de un exministro de Gobierno y un fiscal general en Bolivia. En entrevista con la radio Universo 970/Nación Media, el titular de la cartera de seguridad afirmó que estas detenciones ratifican las denuncias que Paraguay había formulado tiempo atrás sobre la falta de cooperación y el encubrimiento de autoridades del vecino país.

“Creo que se hizo justicia, porque nosotros teníamos información fiable de que Marset estaba en Bolivia, en Santa Cruz, le pasamos la información con buena fe y nos mintió en la cara”, expresó el ministro.

Recordó que un patrón similar de obstrucción judicial se repitió durante el rastreo de las hermanas Villalba, cuando el Ministerio del Interior paraguayo localizó a las prófugas en La Paz y obtuvo órdenes de detención emitidas por la Corte Suprema boliviana que deliberadamente no fueron ejecutadas.

Además, el secretario de Estado destacó que Paraguay fue el único país de la región en mantener abierta una causa penal sólida contra Marset con sus alertas rojas de Interpol. Esto permitió ganar la disputa legal y diplomática a Bolivia por la extradición de Gianina García Troche, esposa del narco, quien actualmente se encuentra procesada y recluida en Viñas Cue.

Riera no descartó que las probables declaraciones de Marset ante la Corte Federal de los Estados Unidos salpiquen a exautoridades o actores de administraciones anteriores en Paraguay, y resaltó que el Gobierno colaborará sin dudar ante cualquier requerimiento.

“No tenemos ninguna intención de proteger a nadie, no existe ninguna posibilidad de que si hay datos fiables y pruebas contundentes, el Paraguay no colabore”, concluyó Riera.