Diario HOY | Policía Nacional pone bajo la lupa a varios distritos ante posibles tensiones electorales

En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, el titular de la cartera de seguridad señaló que la atención está enfocada principalmente a aquellos distritos donde la rispidez política o la posibilidad de resultados muy ajustados podrían caldear los ánimos de la dirigencia local.

El ministro indicó que su presencia física constante en el este del país forma parte de ese monitoreo cercano, enfocado en municipios emblemáticos como Ciudad del Este y Presidente Franco, además de otros puntos focalizados en el interior como Tabapí, Raúl Peña y Santaní.

A esta lista se suman varias localidades del Departamento Central como San Antonio, Ñemby e Ypané, donde la disputa por el poder municipal entre las administraciones vigentes y la oposición genera una fuerte rivalidad política.

Riera sostuvo que en estos “puntos calientes” el mayor riesgo reside en la resistencia de ciertos sectores a aceptar un eventual cambio de signo partidario tras varios años de hegemonía, o en el desborde derivado de cómputos sumamente estrechos.

El ministro justificó la articulación directa de un equipo especial entre la Fiscalía, la Justicia Electoral y la Policía para desactivar en tiempo real cualquier incidentes en los locales de votación o durante la custodia de los maletines.

Riera reiteró que la meta principal del monitoreo es mantener el orden en las 263 municipalidades del país. Aseguró que la madurez de la ciudadanía y la solidez institucional del sistema electoral garantizan que la jornada se desarrolle sin sobresaltos y que los resultados expresados en las urnas sean respetados sin cuestionamientos.

El procedimiento se realizó el 1 de setiembre, a las 15:00, en la sede de la Dirección Nacional de Migraciones de Pedro Juan Caballero, donde Ovelar fue entregado a agentes de la Policía Federal brasileña.

El extranjero es señalado como presunto integrante del grupo criminal brasileño Comando Vermelho y contaba con una orden de captura internacional. Además, en Brasil registra una condena que supera los 40 años de prisión.

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La entrega estuvo a cargo de la Policía Nacional, la Dirección de Migraciones, agentes especiales del Departamento Regional N.° 1 de Pedro Juan Caballero y efectivos de las Fuerzas Especiales de la Senad.

Por el Ministerio Público participó la fiscal de Pedro Juan Caballero Rossana Coronel, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico.

Tras el procedimiento, se labró el acta correspondiente de expulsión y entrega, con intervención de la División Regional N.° 2 del Comando Bipartito del Departamento de Amambay.

Riera se pronunció sobre la aprehensión de un exministro de Gobierno y un fiscal general en Bolivia. En entrevista con la radio Universo 970/Nación Media, el titular de la cartera de seguridad afirmó que estas detenciones ratifican las denuncias que Paraguay había formulado tiempo atrás sobre la falta de cooperación y el encubrimiento de autoridades del vecino país.

“Creo que se hizo justicia, porque nosotros teníamos información fiable de que Marset estaba en Bolivia, en Santa Cruz, le pasamos la información con buena fe y nos mintió en la cara”, expresó el ministro.

Recordó que un patrón similar de obstrucción judicial se repitió durante el rastreo de las hermanas Villalba, cuando el Ministerio del Interior paraguayo localizó a las prófugas en La Paz y obtuvo órdenes de detención emitidas por la Corte Suprema boliviana que deliberadamente no fueron ejecutadas.

Además, el secretario de Estado destacó que Paraguay fue el único país de la región en mantener abierta una causa penal sólida contra Marset con sus alertas rojas de Interpol. Esto permitió ganar la disputa legal y diplomática a Bolivia por la extradición de Gianina García Troche, esposa del narco, quien actualmente se encuentra procesada y recluida en Viñas Cue.

Riera no descartó que las probables declaraciones de Marset ante la Corte Federal de los Estados Unidos salpiquen a exautoridades o actores de administraciones anteriores en Paraguay, y resaltó que el Gobierno colaborará sin dudar ante cualquier requerimiento.

“No tenemos ninguna intención de proteger a nadie, no existe ninguna posibilidad de que si hay datos fiables y pruebas contundentes, el Paraguay no colabore”, concluyó Riera.

La investigación de la Policía Nacional y la Fiscalía permitió individualizar el trasfondo del brutal suceso y el historial de dos prófugos con pesado frondoso prontuario.

JUNIOR RAMÓN DELVALLE

Uno de los principales imputados es Junior Ramón Delvalle Almeida, de 30 años, conocido como “El Barbero de Caacupé” o “El Polaco”, a quien la Fiscalía ubica como el presunto autor moral del crimen y encargado de impartir las instrucciones para perpetrar el homicidio.

Delvalle Almeida arrastra antecedentes como supuesto pirata del asfalto y cuenta con una condena previa de cinco años de prisión por robo agravado impuesta en el año 2018.

Actualmente, sobre el “Barbero de Caacupé” pesa una orden de captura pendiente desde el 2024, expediente en el cual fue identificado por los peritos policiales como presunto integrante de la banda criminal que intentó asaltar un camión transportador de caudales en la ciudad de Asunción.

ÉDGAR CLODOMIRO RODRÍGUEZ

El segundo imputado es Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo, de 28 años, señalado por los investigadores como uno de los autores materiales del ataque a tiros.

Rodríguez Merlo es un escurridizo delincuente especializado en el robo de vehículos de alta gama a nivel nacional e internacional, para lo cual empleaba inhibidores de señal y dispositivos electrónicos de avanzada tecnología como el “flipper”.

Sobre Rodríguez Merlo pesaban ya ocho órdenes de captura vigentes por hurto agravado y reducción, todas vinculadas al robo y comercialización de automóviles. A pesar de haber sido aprehendido en junio de 2025 en Ciudad del Este, logró eludir el accionar de la justicia utilizando una cédula de identidad falsa a nombre de Lucas Benjamín Torales Quiñónez.

Durante la noche de la tragedia, el imputado vestía una remera roja y pasó gran parte del evento bailando con las mujeres atacadas, manteniéndose casi toda la fiesta al lado de Rebeca Martínez, quien horas después falleció tras recibir dos impactos de bala.

¿QUÉ PASÓ EN LA JINETEADA?

De acuerdo con el rastreo de cámaras de seguridad y testimonios recabados, Junior Delvalle llegó al recinto de la jineteada acompañado por Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo y un tercer sujeto aún no identificado, quien llevaba puesta una remera de mangas cortas color rosado, pantalón claro, quepis azul y calzados oscuros con plantilla blanca.

La reconstrucción de los hechos señala que la pelea se desató cuando Aníbal Javier Guanes López, expareja de Rebeca Martínez, empujó molesto al ver a la víctima bailando con dicho grupo, lo que desencadenó un altercado físico con el sujeto de la remera rosada.

Posteriormente a la riña, la víctima fatal y su amiga Carolina abandonaron el predio en una motocicleta junto a un primo de Rebeca.

Por su parte, los dos imputados, acompañados por el hombre del quepis azul que sigue sin ser identificado, abordaron una camioneta Kia Sportage color gris para retirarse del sitio.

Estos tres hombres serían los autores del brutal ataque a ambas mujeres, quienes fueron interceptadas cuando se desplazaban en su motocicleta por una camioneta Fortuner Blanca, en la cual aparentemente se movilizaban los sospechosos.

Las autoridades continúan recabando más información y pistas que ayuden a dar con los responsables e identificar el trasfondo detrás del crimen.