A 18 meses del anuncio oficial para la creación de la denominada Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFiTS), desde el Gobierno aseguran que avanzan en su puesta en marcha y aunque no pudieron precisar todavía una fecha, una alta fuente oficial que ajusta los detalles de la iniciativa acaba de asegurar -contra lo que se sospechaba- que el plan no está frenado: “Va a salir”.
Se trata de un organismo cuya función será dictaminar qué drogas de alto precio -contra enfermedades oncológicas, poco frecuentes o autoinmunes, entre otras- deberán ser cubiertas por los financiadores de la salud: el Estado, las obras sociales y las prepagas. Un grupo de expertos evaluará la relación entre el costo y la efectividad para tomar la decisión en cada caso. La medida tendría un fuerte impacto en el sistema sanitario.
“La creación de este organismo representa una deuda histórica y una demanda de todo el sistema que este Gobierno ha tomado la decisión de saldar, con el objetivo de que el sistema sanitario cuente con una arquitectura funcional y transparente. Bajo criterios objetivos y reglas de juego claras para todos los actores, la ANEFiTS no sólo fortalecerá la sostenibilidad económica del sistema de salud, también garantizará que cada peso invertido tenga un impacto positivo y comprobable en la salud y el bienestar de los argentinos”, decía la comunicación oficial conocida el 27 de marzo de 2025.
Desde entonces ese plan, que requiere conjugar el interés de los financiadores -que buscan reducir la carga presupuestaria de estas drogas- con el de los laboratorios internacionales -que quieren traer sus innovaciones a la Argentina con el menor obstáculo posible-, pareció ingresar en un estado de hibernación, simultáneamente con la visita a la Argentina del secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., en mayo del año pasado.
En las últimas horas, sin embargo, el tema de esta agencia volvió a cobrar protagonismo como uno de los principales reclamos escuchados en el XXIX Congreso Argentino de Salud organizado por la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), del que participaron representantes de los diferentes estamentos del sistema, tanto público como privado.
Poco antes del encuentro realizado este jueves, Alfredo Gamietea, presidente de Osdepym -una de las obras sociales más grandes del país-, graficó la dimensión que alcanza hoy la cuestión de las drogas de alto precio: “En nuestro caso, el 2 por ciento de los pacientes gasta el 50 por ciento del presupuesto en medicamentos”. Los financiadores suelen coincidir en que históricamente los remedios representaban cerca del 14 por ciento del gasto y ahora ya significan más del 40 por ciento.
El hecho de que pocos pacientes gasten mucho tiene su contraparte evidente: muchos deben gastar poco. Es decir, se achica la disponibilidad para la mayoría, algo que también repercute en los salarios del personal de salud y el atraso tecnológico, aspectos que terminan influyendo en la calidad de un servicio que se vuelve -con matices según el caso- cada vez más deficiente.
Tampoco ayuda el hecho de que el llamado Fondo Solidario de Redistribución, que funciona a base de los aportes que realizan las obras sociales y prepagas y originalmente tenía entre sus funciones clave ser una fuente de reembolsos para mitigar el impacto de la cobertura de los medicamentos sintomáticamente bautizados “catastróficos”, ya casi no esté cumpliendo con ese objetivo.
Dicho Fondo se ha vuelto deficitario, en gran medida debido al gasto en discapacidad, que incluye los ítems educación y transporte, dos variables que los financiadores piden desde hace años que sean solventadas por las respectivas áreas ministeriales y no desde Salud.
El resultado es que el mecanismo en el que devino el déficit de financiamiento para los medicamentos más caros quedó viciadamente encausado en la vía de la judicialización, a través de amparos que presentan los pacientes. El programa oficial de mediación “Promesa” viene buscando evacuar parte de esas demandas, pero hasta el momento no es obligatorio y las controversias por conflictos de salud siguen teniendo gran peso en los juzgados.
Daños colaterales del desajuste
El tema salarial también es clave, como daño derivado de estos desajustes. Héctor Daer, secretario general del gremio de la Sanidad, planteó durante el congreso de ACAMI que por falta de incentivos ha habido una caída abrupta de la gente interesada en estudiar enfermería u otra tecnicatura vinculada a la salud. “En diez años, cuando se jubilen los que están ahora, nos vamos a encontrar con que no habrá quien los reemplace”, advirtió el sindicalista.
Otro punto que también fue eje de sus inquietudes radicó en los aranceles que cobran los hospitales públicos por atender a los pacientes de las obras sociales, cuando es necesario. Repasó los precios de las prestaciones (como el costo de un día de internación o de diversos estudios diagnósticos) y mostró las diferencias entre lo que cobra el sector privado y el público, con énfasis en los efectores de la Ciudad de Buenos Aires y de Mendoza. Hasta llegó a amenazar con acudir a la Justicia si no hay un cambio desde los distritos con esta política, porque considera que hay una «utilización recaudatoria del hospital público, en detrimento del sector privado».
El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, que había participado más temprano del congreso y para la hora en que habló Daer ya se había retirado, le respondió más tarde a través de la consulta de Clarín: “Los aranceles de CABA son los de mercado. Entre miles de líneas pueden encontrar alguna con valores elevados. Siempre digo que si me los pasan los evaluamos”. Y agregó: “Nosotros siempre insistimos. Preferimos no atender gente con cobertura, así atendemos mejor a los más vulnerables. Ellos deben mejorar el acceso para que la gente los elija”.
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