En la audiencia pública que se realiza este lunes para analizar los pliegos de la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires quedó confirmado que el Gobierno porteño no tiene contemplado pagar indemnizaciones a los recolectores y barrenderos cuando venza el contrato, algo que exige el sindicato de Camioneros que conducen Hugo y Pablo Moyano.
Mientras se realizaba la audiencia, el gremio se movilizó para reclamar justamente el pago de las indemnizaciones. La protesta, que se realizó frente a la sede de la Comuna 1, estuvo encabezada por Pablo Moyano y el secretario gremial de Camioneros, Marcelo «Feúcho» Aparicio.
Lo que reclama Camioneros es que se aplique lo que el propio sindicato bautizó como «Ley Moyano». Se trata de un «uso y costumbre», sin ningún tipo de respaldo legal, que implica que cuando se vence una concesión, las empresas deben indemnizar a su personal y luego volver a contratarlo en la misma compañía o en otra similar. El gremio la aplica a fuerza de presión desde 1998.
Se calcula que el pago de las indemnizaciones a los 6.000 trabajadores de la actividad alcanzaría los US$ 200 millones. De incluirse en los pliegos, variará el costo del servicio para los vecinos de la Ciudad.
«Vamos a hacer lo imposible para que se pague ese logro histórico», advirtió Pablo Moyano. Hubo versiones de que el gremio podría paralizar la recolección de residuos en la Ciudad durante la próxima visita del Papa como forma de presión. Pero en el sindicato lo desmintieron.
Durante la marcha, Camioneros entregó una nota firmada por Hugo y Pablo Moyano dirigida a la Ciudad en la que exigen que se incluya en los pliegos el pago de indemnizaciones. Las calificaron de «derecho adquirido».
La presentación de las nuevas condiciones para la recolección de residuos en la Ciudad fue realizada por Matías Lanusse, secretario de Higiene. En la audiencia pública ofreció detalles de cómo se organizarán los servicios de recolección en el período 2028-2038.
Cómo será el nuevo esquema
Según anticiparon a Clarín, el proyecto del nuevo pliego de higiene urbana contempla modificar el esquema de pago a las empresas encargadas de la limpieza porteña: una parte de lo que cobren dependería del cumplimiento del servicio y de la evaluación de los vecinos sobre la limpieza de sus calles.
El esquema contempla una remuneración con un componente fijo y otro variable. Para evaluar la prestación, se combinarían indicadores técnicos de cumplimiento con los resultados de encuestas a vecinos y los reclamos de limpieza que ingresan por barrio. Así, parte del pago a las contratistas quedaría vinculada tanto al cumplimiento operativo como a la evaluación del servicio en cada sector de la Ciudad.
El objetivo es que las empresas tengan un incentivo económico para mejorar la limpieza de su zona y la satisfacción de los vecinos. Una prestación por debajo de los estándares del contrato implicaría cobrar menos. A su vez, las contratistas deberán asumir un papel activo en la presentación de propuestas innovadoras y soluciones concretas para mejorar el servicio en los barrios que tienen asignados.
Para fiscalizar la prestación, el anteproyecto prevé integrar seguimiento satelital de los camiones, sensores de llenado en contenedores y procesamiento de imágenes con inteligencia artificial. Estas herramientas permitirían verificar recorridos y frecuencias, detectar desvíos de horarios e identificar acumulaciones de basura para orientar la intervención de cuadrillas de atención inmediata.
Otra modificación apunta al mantenimiento de contenedores y cestos papeleros. El proyecto propone concentrar su provisión, reparación y reposición en un prestador especializado, con el objetivo de reducir las demoras y unificar los estándares de respuesta en toda la Ciudad.
También se plantea adaptar los recorridos y las frecuencias de recolección a la generación de residuos y a las características de cada barrio. En el caso del barrido manual y mecánico, la planificación tendría en cuenta el flujo peatonal, la tipología de las cuadras y necesidades estacionales, como la caída de hojas, con seguimiento por GPS.
La propuesta incorpora la recolección diferenciada puerta a puerta de materiales reciclables dentro del esquema contractual, contemplando la participación de recuperadores urbanos y cooperativas. Además, prevé un circuito de residuos orgánicos, orientado inicialmente a grandes generadores y sectores específicos, para reducir la cantidad de basura enviada a disposición final.
Como parte de la planificación a largo plazo, el anteproyecto incluye estudios de ingeniería y factibilidad para evaluar una futura planta de tratamiento y valorización energética de residuos. Los análisis deberán determinar su viabilidad técnica, ambiental, social y económica, como paso previo a una eventual decisión sobre su construcción.
La audiencia pública es una instancia de consulta para recibir aportes y observaciones sobre los proyectos. Las condiciones definitivas de la contratación se establecerán después de ese proceso, antes del llamado a licitación.
La administración de Jorge Macri planea llamar a licitación en 2027, pleno año electoral.
